Obligan a publicar nombres de detenidos por atentado

Una juez federal dictaminó hoy, viernes, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos debe hacer públicos los nombres de los detenidos en relación con la investigación de los atentados del 11 de septiembre.

Más de mil personas fueron detenidas en EEUU, la mayoría por supuestas violaciones de las leyes de inmigración, dentro de la investigación realizada por el Gobierno de George W. Bush sobre los atentados del 11 de septiembre, pero no han sido acusadas nunca directamente de estar relacionadas con los atentados.

La mayoría de los cerca de 1.200 detenidos ya han sido deportados a sus países de origen, según las autoridades.

No obstante, en su decisión de hoy, la juez Barbara Kessler dijo que autorizará dos excepciones tras examinar cada caso individualmente.

Explicó que el Gobierno podrá mantener en secreto los nombres de testigos materiales, en la investigación de los atentados o si así lo solicita el detenido.

Las autoridades federales indicaron el mes pasado que tienen bajo su custodia a al menos 147 detenidos -74 de ellos por infracciones a las leyes migratorias-, aunque no precisaron cuántos de estos son testigos materiales.

Hasta ahora, el Gobierno de EEUU se ha negado a divulgar los nombres de los detenidos con el argumento de que esa información daría una ventaja a los grupos terroristas, si estos pueden seguir de cerca el curso de las investigaciones.

Pero la juez Kessler considera que ese razonamiento carece de lógica y que, hasta ahora, el Gobierno no ha logrado probar que "algunos o todos los detenidos tienen alguna conexión con el terrorismo".

Las declaraciones juradas del Gobierno "tampoco proveen datos que permitan al tribunal establecer vínculos con el terrorismo", indicó la juez Kessler.

Agregó que el Gobierno de Estados Unidos tampoco ha explicado cuáles son los criterios que ha utilizado para efectuar los arrestos.

Kessler ordenó además que el Gobierno divulgue también los nombres de los abogados defensores porque estos, dada la naturaleza de su trabajo, "pueden manejar sus asuntos" sin esperar un respeto a su vida privada.

Estados Unidos ha endurecido las medidas de seguridad y las leyes de inmigración tras los atentados del 11-S, suscitando las críticas de grupos defensores de los derechos civiles.

La investigación sobre los atentados es la más amplia de la historia de EEUU, y abarca a 4.000 agentes del FBI y otras 3.000 personas de otras agencias en misiones de apoyo.