Francisco hizo suyos reclamos de víctimas y endureció las penas contra la pederastia

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Es el mayor cambio desde el emprendido en 1983 por Juan Pablo II. Tipifica claramente el delito, dilata los períodos de prescripción y establece penas más duras. La corrupción, también en la mira.

Ciudad del Vaticano - El papa Francisco emitió ayer la reforma más radical del Código de Derecho Canónico en casi cuatro décadas, al incorporar la figura penal de la pederastia y al endurecer las penas para los clérigos que abusen de menores o de adultos vulnerables o que cometen fraudes.

En respuesta a lo exigido por asociaciones de víctimas, el abuso sexual contra menores queda tipificado en la nueva versión del Código en una nueva sección titulada “Delitos contra la vida humana, la dignidad y la libertad”, en lugar de los anteriormente vagos “Delitos contra obligaciones especiales”.

El cambio consta de 80 artículos relacionados con el crimen y el castigo, incorpora algunos cambios hechos a la ley de la Iglesia por Juan Pablo II en 1983 e introduce nuevas categorías.

Según analistas, se trata de un paso clave en la batalla del pontífice argentino contra los abusos sexuales de menores en la Iglesia, un fenómeno reiterado y encubierto durante décadas.

Con la modificación, la pederastia pasa de ser una violación de las obligaciones de todo religioso a un crimen contra las personas, lo que implica un giro total.

También será sancionado el sacerdote que induzca a un menor a “participar en exhibiciones pornográficas” o que conserve imágenes de pornografía infantil, lo que puede conllevar a la expulsión de la Iglesia. Asimismo, la reforma amplía los períodos de prescripción y contempla indemnizaciones a las víctimas.

Según el arzobispo Filippo Iannone, presidente del Pontificio Consejo de Textos Legislativos, se han introducido nuevas penas, entre ellas la reparación, el resarcimiento del daño y la privación de toda o de una parte de la remuneración eclesiástica.

Hasta ahora, ha existido “un clima de excesiva laxitud en la interpretación del derecho penal”, en el que a veces la misericordia era preponderante frente a la justicia, dijo Iannone.

El papa Jorge Bergoglio busca así agilizar y endurecer las penas contra los sacerdotes que abusan sexualmente de menores a fin de erradicar la pederastia que sacude desde hace décadas a la Iglesia católica.

La medida cubre también a los laicos con tareas eclesiales, para los cuales la prescripción del delito pasa de 5 a 7 años, mientras que para los clérigos llega a 20 años.

La reforma cambia el 80% de los 89 artículos sobre las penas y reduce la llamada “discrecionalidad” que se dejaba a obispos y superiores religiosos, lo que generaba mucha negligencia y alimentaba el encubrimiento.

En un documento firmado el 23 de mayo, el pontífice, que ha prometido tolerancia cero ante los abusos de los curas, reconoció los daños causados y espera ahora que al tipificar el delito se logre “prevenir males mayores y sanar las heridas causadas por la debilidad humana”.

En nuevo código entrará en vigor el 8 de diciembre y aborda también otros delitos, entre ellos el de corrupción.

En 2019, tras la cumbre sin precedentes sobre los escándalos por pederastia convocada por el papa en el Vaticano, a la que asistieron los presidentes y responsables de los episcopados de todo el mundo, las víctimas presentaron una larga lista de demandas, entre ellas una “definición clara” del delito de abuso sexual. El asunto resultaba necesario para ayudar a los religiosos, obispos y líderes de la Iglesia a responder con mayor energía ante la pederastia de sus miembros.

“Hay una ley canónica vaga que habla de delitos contra el sexto mandamiento”, lamentó entonces Marie Collins, entre las víctimas irlandesas, quien formó parte de la comisión contra la pederastia del Vaticano y que en 2017 renunció en señal de protesta ante lo que entendía como lentitud de las reformas.

El papa Bergoglio ya había dado pasos para erradicar ese fenómeno desde su entronización en 2013. Uno de los puntos más concretos en la batalla contra lo que denominó como la “brutalidad de la pederastia” fue la decisión, en diciembre de 2019, de eliminar el secreto pontificio para los casos de abusos a menores.

Mediante una disposición firmada por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, el Papa anuló el secreto pontificio para los casos que involucren “la adquisición o posesión o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores de dieciocho años por parte de un clérigo, de cualquier forma y por cualquier medio”.

La disposición de diciembre de 2019 alcanzó también a los casos de posesión y distribución de pornografía infantil, “así como recluir o inducir a un menor o a una persona vulnerable a participar en exhibiciones pornográficas”.

En ese entonces, Francisco dispuso además que “el secreto de oficio no obsta para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en cada lugar por la legislación estatal, incluidas las eventuales obligaciones de denuncia, así como dar curso a las resoluciones ejecutivas de las autoridades judiciales civiles”. Así, los magistrados civiles de los países que investigaran este tipo de delitos podrían tener acceso a las actas de los procesos canónicos

Además, la reescritura de las disposiciones dadas a conocer hace un año y medio elevaron hasta los 18 años, en vez de los 14 previos, la edad sobre la cual es delito canónico atesorar imágenes pornográficas.

La resolución de diciembre de 2019 se basó en un decreto papal de mayo de ese año, “Vos estis lux mundi” (“Ustedes son la luz del mundo”), con el que Francisco obligó a obispos y religiosos a denunciar casos de abusos en la Iglesia.

El papa se ha interesado además en escuchar la versión de las víctimas en los procesos de legislación y por eso este año formalizó la incorporación del periodista chileno Juan Carlos Cruz, víctima de abusos por parte de un sacerdote, como miembro de la Comisión para la Tutela de Menores del Vaticano, encargada de la lucha contra la pederastia en la Curia.

Cruz, convertido en un ícono global de la lucha contra los abusos en la Iglesia, fue una de las víctimas del sacerdote Fernando Karadima, dentro de la trama de pederastia y encubrimientos que terminó con la renuncia de todo el episcopado chileno en 2018.

Ciudad del Vaticano - El papa Francisco emitió ayer la reforma más radical del Código de Derecho Canónico en casi cuatro décadas, al incorporar la figura penal de la pederastia y al endurecer las penas para los clérigos que abusen de menores o de adultos vulnerables o que cometen fraudes.

En respuesta a lo exigido por asociaciones de víctimas, el abuso sexual contra menores queda tipificado en la nueva versión del Código en una nueva sección titulada “Delitos contra la vida humana, la dignidad y la libertad”, en lugar de los anteriormente vagos “Delitos contra obligaciones especiales”.

El cambio consta de 80 artículos relacionados con el crimen y el castigo, incorpora algunos cambios hechos a la ley de la Iglesia por Juan Pablo II en 1983 e introduce nuevas categorías.

Según analistas, se trata de un paso clave en la batalla del pontífice argentino contra los abusos sexuales de menores en la Iglesia, un fenómeno reiterado y encubierto durante décadas.

Con la modificación, la pederastia pasa de ser una violación de las obligaciones de todo religioso a un crimen contra las personas, lo que implica un giro total.

También será sancionado el sacerdote que induzca a un menor a “participar en exhibiciones pornográficas” o que conserve imágenes de pornografía infantil, lo que puede conllevar a la expulsión de la Iglesia. Asimismo, la reforma amplía los períodos de prescripción y contempla indemnizaciones a las víctimas.

Según el arzobispo Filippo Iannone, presidente del Pontificio Consejo de Textos Legislativos, se han introducido nuevas penas, entre ellas la reparación, el resarcimiento del daño y la privación de toda o de una parte de la remuneración eclesiástica.

Hasta ahora, ha existido “un clima de excesiva laxitud en la interpretación del derecho penal”, en el que a veces la misericordia era preponderante frente a la justicia, dijo Iannone.

El papa Jorge Bergoglio busca así agilizar y endurecer las penas contra los sacerdotes que abusan sexualmente de menores a fin de erradicar la pederastia que sacude desde hace décadas a la Iglesia católica.

La medida cubre también a los laicos con tareas eclesiales, para los cuales la prescripción del delito pasa de 5 a 7 años, mientras que para los clérigos llega a 20 años.

La reforma cambia el 80% de los 89 artículos sobre las penas y reduce la llamada “discrecionalidad” que se dejaba a obispos y superiores religiosos, lo que generaba mucha negligencia y alimentaba el encubrimiento.

En un documento firmado el 23 de mayo, el pontífice, que ha prometido tolerancia cero ante los abusos de los curas, reconoció los daños causados y espera ahora que al tipificar el delito se logre “prevenir males mayores y sanar las heridas causadas por la debilidad humana”.

En nuevo código entrará en vigor el 8 de diciembre y aborda también otros delitos, entre ellos el de corrupción.

En 2019, tras la cumbre sin precedentes sobre los escándalos por pederastia convocada por el papa en el Vaticano, a la que asistieron los presidentes y responsables de los episcopados de todo el mundo, las víctimas presentaron una larga lista de demandas, entre ellas una “definición clara” del delito de abuso sexual. El asunto resultaba necesario para ayudar a los religiosos, obispos y líderes de la Iglesia a responder con mayor energía ante la pederastia de sus miembros.

“Hay una ley canónica vaga que habla de delitos contra el sexto mandamiento”, lamentó entonces Marie Collins, entre las víctimas irlandesas, quien formó parte de la comisión contra la pederastia del Vaticano y que en 2017 renunció en señal de protesta ante lo que entendía como lentitud de las reformas.

El papa Bergoglio ya había dado pasos para erradicar ese fenómeno desde su entronización en 2013. Uno de los puntos más concretos en la batalla contra lo que denominó como la “brutalidad de la pederastia” fue la decisión, en diciembre de 2019, de eliminar el secreto pontificio para los casos de abusos a menores.

Mediante una disposición firmada por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, el Papa anuló el secreto pontificio para los casos que involucren “la adquisición o posesión o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores de dieciocho años por parte de un clérigo, de cualquier forma y por cualquier medio”.

La disposición de diciembre de 2019 alcanzó también a los casos de posesión y distribución de pornografía infantil, “así como recluir o inducir a un menor o a una persona vulnerable a participar en exhibiciones pornográficas”.

En ese entonces, Francisco dispuso además que “el secreto de oficio no obsta para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en cada lugar por la legislación estatal, incluidas las eventuales obligaciones de denuncia, así como dar curso a las resoluciones ejecutivas de las autoridades judiciales civiles”. Así, los magistrados civiles de los países que investigaran este tipo de delitos podrían tener acceso a las actas de los procesos canónicos

Además, la reescritura de las disposiciones dadas a conocer hace un año y medio elevaron hasta los 18 años, en vez de los 14 previos, la edad sobre la cual es delito canónico atesorar imágenes pornográficas.

La resolución de diciembre de 2019 se basó en un decreto papal de mayo de ese año, “Vos estis lux mundi” (“Ustedes son la luz del mundo”), con el que Francisco obligó a obispos y religiosos a denunciar casos de abusos en la Iglesia.

El papa se ha interesado además en escuchar la versión de las víctimas en los procesos de legislación y por eso este año formalizó la incorporación del periodista chileno Juan Carlos Cruz, víctima de abusos por parte de un sacerdote, como miembro de la Comisión para la Tutela de Menores del Vaticano, encargada de la lucha contra la pederastia en la Curia.

Cruz, convertido en un ícono global de la lucha contra los abusos en la Iglesia, fue una de las víctimas del sacerdote Fernando Karadima, dentro de la trama de pederastia y encubrimientos que terminó con la renuncia de todo el episcopado chileno en 2018.

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