Parlamento uruguayo declaró ilegítima la amnistía a militares y policías del último gobierno militar

La dictadura uruguaya gobernó el país entre 1973 y 1985.

La Asamblea General del Congreso uruguayo se expidió en favor de la inconstitucionalidad de la amnistía a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973-85), en consonancia con la posición adoptada hace una semana por el Poder Ejecutivo.

El máximo órgano representativo, con los votos del oficialismo, respondió a la consulta efectuada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) "allanándose a la pretensión de inconstitucionalidad, por vía de excepción, planteada por el Ministerio Público y Fiscal" sobre la llamada Ley de Caducidad, que evitó juzgar a militares y policías por los delitos cometidos en el régimen de facto.

En tal sentido, la sesión aprobó por 69 adhesiones sobre 71, "la conducta asumida por el presidente de la Asamblea General, Rodolfo Nin Novoa, e hizo suya la respuesta elaborada ante la requisitoria de la SCJ", informó la senadora oficialista Margarita Percovich.

El departamento jurídico del Poder Legislativo sostuvo, no obstante, que el Parlamento carece de "legitimación pasiva" para proferirse, aseveró que existen "argumentos que respaldan la constitucionalidad" de la norma y desmintió que Nin Novoa ejerciera presiones sobre el cuerpo tendentes a objetar la legitimidad de la ley.

La norma, sancionada en 1986 y ratificada en una consulta popular en 1989, también fue considerada inconstitucional por el Poder Ejecutivo, la pasada semana.

Aunque sientan un precedente histórico, los referidos pronunciamientos no son preceptivos ni vinculantes para la Corte, cuya aparente disyuntiva generada por la procedencia o no del recurso de inconstitucionalidad, pasará a estudio de los ministros de la SCJ.

La resolución final tendrá aplicación al caso concreto de la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray asesinada en 1974 en una unidad militar, sin perjuicio de lo cual puede abrir las puertas a la investigación de causas similares y al enjuiciamiento de más uniformados.

En el seno parlamentario, el debate enfrentó posiciones antagónicas y generó una acalorada discusión por espacio de seis horas.

El legislador oficialista Rafael Michelini, subrayó que "ha llegado el momento en que se afiance la Justicia, tiempo de recuperar la dignidad del país y de recuperar la Justicia para las familias de las víctimas".

El senador opositor y ex presidente de la República, Julio María Sanguinetti, bajo cuyo mandato se aprobó la polémica ley, afirmó que la misma "tiene la máxima legitimidad, porque no solo la votó el Parlamento, sino que fue declarada constitucional por la Corte y respaldada luego en un plebiscito".

"Acá no debiéramos estar debatiendo, sino diciendo que no somos competentes y que no tenemos derecho a ejercer una presión política sobre la Corte", advirtió Sanguinetti.

El sector Alianza Nacional, uno de los principales de la oposición, decidió no ingresar a sala y consideró que la conducta del partido de gobierno, constituye "un atropello al Estado de Derecho y en particular, a la soberanía popular que se pronunció en referendum celebrado en 1989, por ratificar la Ley de Caducidad".

"Esto demuestra", agregó, "que para el gobierno y su fuerza política, la democracia representativa sigue siendo una estructura burguesa que debe ignorarse cuando se opone a sus designios totalitarios".

El gobierno de Tabare Vázquez, primero de izquierda en la historia del país, excluyó varios casos de desaparecidos del amparo de la norma, permitiendo investigar lo sucedido.

En ese marco, hay nueve ex militares y policías procesados con prisión, así como los ex dictadores Gregorio Alvarez (1981-1985) y Juan María Bordaberry (1973-1976), y el ex canciller Juan Carlos Blanco.