Peligro: Chávez enviará a la cárcel a quienes lo critiquen

Hugo Chávez intentó ayer bajar algo el tono a su permanente polémica con Estados Unidos, pero su gobierno sigue enviando señales inquietantes.

Caracas (EFE, ASN) - Entraron ayer en vigor en Venezuela penas carcelarias por ofensas al presidente Hugo Chávez y por «delitos de palabra», al publicarse oficialmente varias modificaciones al Código Penal.

Los cambios fueron aprobados recientemente por la mayoría parlamentaria afín al presidente, y han sido rechazados por la oposición, que ve en ellos un empeño por castigarla y silenciarla.

•plain Destacado

Entre las nuevas tipificaciones se destaca la penalización con 6 a 30 meses de cárcel para «quien ofendiere al presidente» de forma grave, castigo que se reducirá a la mitad en caso de ofensa leve.

Otro artículo sanciona con prisión de 4 a 8 años a quienes cierren u obstaculicen las vías públicas.

Sobre la «difamación» se estipula que, «quien comunicándose con varias personas, reunidas o separadas, hubiere imputado a algún individuo un hecho capaz de exponerlo al desprecio o al odio público u ofensivo a su honor o reputación, será castigado con prisión de 1 año a 3 años», además de una multa.

La injuria por ofensas al honor,reputación o el decoro de alguna persona será castigada a su vez con prisión de seis meses a un año.

Los opositores al gobierno han admitido como un aspecto positivo de la reforma que se sancione «la invasión a terrenos o inmuebles desocupados, pero ajenos», para lo cual los jueces deberán dictar sentencias de prisión de cinco a diez años.

• Incremento

Esa pena «aumentará hastala mitad para el promotor, organizador o director de la invasión», pero se rebajarán hasta dos terceras partes en caso de que las invasiones cesen antes de emitirse la sentencia, sostiene otro artículo.

Los opositores también critican que se penalicen los «cacerolazos» en señal de protesta y dirigidos contra autoridades, y que se reduzcan los castigos por hurto de comida y medicinas, siempre que sea para «aliviar dolor» y se argumente «estado de extrema necesidad».

Para el delito de secuestro, oficialistas y opositores aprobaron unánimemente elevar de diez hasta 20 años de prisión el castigo al que «utilice cualquier medio para planificar, incurrir, propiciar, participar, dirigir, ejecutar, colaborar, amparar, proteger o ejercer autoría intelectual y autoría material».

Las penas se incrementarán en un tercio si los secuestrados son «niños, adolescentes, ancianos, personas con enfermedades, o cuando la víctima sea sometida a violencia, torturas, maltrato físico y psicológico».

Se aplicará «pena máxima si la persona muere durante su cautiverio» y si la víctima es algún funcionario público.