Bagdad (EFE, AFP, ANSA) - El depuesto dictador de Irak, Saddam Hussein, será juzgado «en los próximos días» por uno de los episodios de represión contra los chiitas en 1982, justo cuando esta comunidad es de nuevo blanco de mortíferos ataques de grupos rebeldes.
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Según anunció ayer el juez iraquí Raad Yuhi, el ex dictador comparecerá ante el Tribunal Penal junto a tres de sus asesores en relación con la matanza de decenas de chiitas en julio de 1982, que siguió a un intento de asesinato contra Saddam en la aldea de Duyeil (a 70 kilómetros al norte de Bagdad).
Yuhi, que preside el equipo de investigación del Tribunal Especial, encargado de procesar a los líderes del derrocado régimen, dijo que «la fecha del juicio será anunciada en los próximos días».
Además de Saddam, serán procesados su hermanastro Barzan Ibrahim al-Hassan, que entonces era jefe de servicios de inteligencia; el primer vicepresidente Taha Yasin Ramadan; y Awad al-Bandar, responsable del ex gobernante partido Baaz.
Sin embargo, el anuncio no fue recibido por la prensa y los observadores como definitivo, ya que fueron numerosas las ocasiones en que se anunció como inminente el inicio del proceso sin que ello se concretara. A Saddam y sus tres lugartenientes se los acusa de ordenar a sus tropas de elite (la Guardia Republicana) « asesinatos masivos» de chiitas, así como de desecar tierras agrícolas en el Sur para impedir esconderse a los perseguidos y de encarcelar a miles de personas.
Según fuentes judiciales, al menos 400 personas, incluidas mujeres, niños y ancianos, fueron detenidas tras el intento de asesinato de Saddam en Duyeil, de ellas 96 fueron ejecutadas y 50 murieron tras ser torturadas durante los interrogatorios. Otras decenas de personas permanecieron sin juicio durante cuatro años en un centro de detención en el desierto de Samawa, a unos 200 kilómetros al sureste de la capital iraquí.
Por otro lado, continúan las investigaciones sobre la responsabilidad de Saddam y sus colaboradores en el aplastamiento de la rebelión chiita de 1991, en el ataque con gas y armas químicas contra los kurdos en 1988 y en el asesinato de religiosos y políticos en el país durante todo su régimen. Al ex dictador podría caberle la pena de muerte.
El tribunal ha examinado dos millones de documentos y ha tomado testimonio a 7.000 personas, muchos de ellos testigos de la existencia de fosas comunes utilizadas durante la época de Saddam, de las que ya han aparecido dos centenares.
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