Sufre Uribe impensada oleada de escándalos

Alvaro Uribe

Colombia se juega en estos momentos su solidez institucional. La Justicia investiga a una quinta parte de los miembros del Congreso, por su relación con los paramilitares. Mientras, Alvaro Uribe, el presidente que tiene el consenso más alto de toda América (84%), se ve salpicado por la acusación de que prometió cargos políticos a cambio de un voto crucial en la reforma constitucional que le permitió acceder a un segundo mandato de cuatro años en 2006.

Uribe llegó al Palacio de Nariño en 2002. En Bogotá definen su liderazgo como exótico e individualista, en el que se mezcla una conducción caudillesca, bien sudamericana, con un particular respeto por las instituciones, emparentado con EE.UU., su aliado y sponsor en el Plan Colombia contra la droga y el narcotráfico.

En 2007 el crecimiento del PBI colombiano llegó a 7%; para este año está previsto 5%. Antes de la llegada de la crisis mundial originada por las hipotecas subprime, se aseguraba que este país, aprisionado internamente por dos cadenas de montañas, la sabana y la selva, había hecho tan bien las cosas que podía llegar al investment grade.

Escape

A pesar de todo esto, hoy no puede escapar de lo que fue. Se dice que no existe familia colombiana que no lleve la pena de alguna víctima de la violencia, que estalló hace 60 años con el « Bogotazo». Y que siguió con la guerrilla, los paramilitares y los narcos. La guerra uribista contra las FARC y el ELN ya es una leyenda: más de 10.000 serían los desmovilizados. Pero desde el pasado, otros «desmovilizados» extienden su sombra sobre Colombia: los paramilitares. Sus fuertes lazos con la clase política eran un secreto que ahora empezó a gritarse.

La prensa local habla de los «parapolíticos», esa nueva subclase que buscó recursos entre los paramilitares y que ya integra los escandalosos titulares de las últimas semanas.
En este momento, crítico, la historia reciente pesa y pareciera que Colombia sí aprendió de ella. Por un lado, la Ley de Justicia y Paz permite reducir las penas a los «paras» que colaboren con los jueces. Tanto en el gobierno como en la oposición no quieren ni amnistía, ni olvido ni perdón. No quieren, como en 1991, ese borrón y cuenta nueva que renovó íntegramente un Congreso. Que se haga justicia, dicen.

En una envidiable muestra de independencia de poderes, la Corte Suprema colombiana ya tiene investigados a 51 parlamentarios, de los cuales 31 están presos y 18 renunciaron a su inmunidad. Entre ellos, la presidente del Congreso, la senadora Nancy Patricia Gutiérrez, o el primo del presidente, el ex senador Mario Uribe, fundador de Colombia Democrática, un partido decisivo en la coalición política que llevó a Uribe al poder. Este se refugió ayer en la Embajada de Costa Rica al enterarse de que la Fiscalía había emitido una orden de arresto en su contra. El problema que se suscita ahora es el de las sillas (curules) vacantes, que dejan al Congreso en un literal «vacío de poder». ¿Quién debe ocupar el curul vacío? ¿El suplente en la lista, que pertenece al mismo partido que accedió al poder con el dinero de los paras? Esas son las preguntas que se hacen en Bogotá.

Lo paradójico es que el gobierno de Uribe necesita al Legislativo, no sólo como ingrediente fundamental de la gobernabilidad hasta 2010, sino para retener su coalición política, armada para la coyuntura electoral, con partidos grandes y chicos, que los colombianos llaman «de garaje». Y también, ahora, para votar una nueva enmienda constitucional.

La reforma política -de eso se tratasolucionaría, según el uribismo, la falta de quórum y la ilegitimidad que acarrean esas sillas vacías de los parapolíticos.

La propuesta surgió este fin de semana en una «cumbre» convocada por el Presidente con los líderes de su bancada (los que le quedan). Se constituiría una comisión de notables (Comisión de Reajuste Institucional es el nombre puesto por Uribe), que propondría un tribunal especial para juzgar a los poderes presidencial, judicial y legislativo, con reglas y sanciones distintas de las que ejerce un tribunal normal. La propuesta de enmienda tendría que ingresar al Congreso el 20 de julio, cuando se retomen las sesiones después del receso.

Aunque la reforma política que se viene en Colombia atendería solamente un problema de legitimidad, ya hay voces que rechazan el proyecto de Uribe. La creación de un tribunal especial sería una intromisión en el trabajo de la Suprema Corte, alegan. Pero además, detrás de esa enmienda podría colarse una nueva reforma para permitir la re-reelección de Uribe. Algo que el mandatario rechaza de lleno, por más que desde la «U», uno de los partidos de la coalición uribista, ya casi terminaron de recolectar las firmas para proponerla.