El gobierno del presidente colombiano Alvaro Uribe presentó al Congreso un estatuto antiterrorista en el que propone aumentar las penas de cárcel a los culpables de atentados, secuestros, lavado de activos y amenazas, así como a los testaferros de los mismos.
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El "Estatuto nacional para enfrentar el terrorismo", como se conoce esta iniciativa, establece una pena por "actos de terrorismo" de 25 a 35 años de cárcel, un aumento considerable teniendo en cuenta que en la actualidad son de 15 a 25 años.
La iniciativa que está a consideración del Congreso propone un castigo de 25 a 35 años de cárcel a las personas culpables de daños en obras públicas o a los servicios públicos, de electricidad, gasolina, gas, acueductos, telecomunicaciones y puentes.
La pena de cárcel a la persona hallada culpable por asalto para apoderarse de una aeronave sería de 10 a 15 años, con aumento en tres cuartas partes cuando el hecho tenga "fines terroristas".
Por lavado de dinero, la pena de cárcel propuesta será de 7 a 15 años y aumentará en la mitad cuando este delito se cometa para beneficiar de manera directa o indirecta a los grupos armados irregulares, señala el comunicado oficial.
Las personas culpables de servir de testaferros de delincuentes que secuestran y extorsionan, serían condenadas a penas de 6 a 15 años de cárcel, pena que aumentará a la mitad cuando el delito se cometa con dinero proveniente de "actividades terroristas".
Las personas halladas culpables de amenazas para causar zozobra y alarma, serían condenadas a penas de 3 a 6 años de cárcel, explica el informe de la Casa de Nariño, sede del gobierno.
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