Violencia en Bolivia amenaza el bombeo de gas hacia la Argentina

Un conflicto entre dos regiones bolivianas por la posesión de uno de los yacimientos de gas natural más importantes del país derivó en enfrentamientos entre pobladores y fuerzas del orden, dejando hasta ahora un saldo de un muerto y más de medio centenar de heridos y poniendo en peligro la provisión del fluido a la Argentina.

La disputa por la jurisdicción del campo Margarita, con 10,5 billones de pies cúbicos de gas y operado por Repsol YPF, alcanzó su mayor pico de tensión entre el martes a la noche y ayer, con la muerte de un manifestante en Villamontes (cercana a Paraguay) y una docena de heridos de bala y decenas de contusos en Yacuiba (sobre la frontera con la Argentina), poblaciones ambas del distrito de Gran Chaco.

El presidente Evo Morales lamentó que «por una poca plata» se vayan a enfrentar dos pueblos hermanos y exhortó a los bandos a dialogar para encontrar una salida pacífica.

Gran Chaco y su vecina O'Connor, ambas pertenecientes al departamento (provincia) de Tarija, han iniciado acciones administrativas por la demarcación territorial del cantón Chimeo, donde se ubica el campo Margarita, fuente de regalías para la zona por aproximadamente 25 millones de dólares.

Margarita, que concentra 20% de las reservas de gas del país y es operado por Repsol YPF, es propiedad de una sociedad entre la petrolera española, la británica British Gas y Panamerican Energy, vinculada al grupo British Petroleum.

Las víctimas del conflicto, entre las que figuran policías y soldados, se registraron cuando las fuerzas del orden repelieron a los habitantes de Villamontes y Yacuiba que pretendían ocupar instalaciones de Transredes, distribuidora de hidrocarburos y subsidiaria de las transnacionales Ashmore y Shell. Pese al acoso de los chaqueños, la estación de Transredes en Yacuiba continúa con el bombeo de gas natural a la Argentina, según fuentes de la compañía y del gobierno boliviano.

Por esa estación pasa el gas natural contratado a Bolivia por Energía Argentina ( ENARSA), actualmente de 5 millones de metros cúbicos diarios, y que debe aumentarse gradualmente hasta los 20 millones a partir del próximo año.

El fallecido en Villamontes -Derman Ruiz, de 37 años- recibió un impacto de bala el martes a la noche, lo mismo que otras ocho personas de ese pueblo. En Yacuiba al menos otras doce personas resultaron lesionadas ayer, en momentos en que todo hacía suponer que los chaqueños estaban satisfechos con la decisión anunciada por el gobierno. Los habitantes de Gran Chaco, que desde el lunes realizan una huelga y bloqueo de carreteras hacia la Argentina y Paraguay, lograron ayer que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ordenara que el litigio sobre la jurisdicción del campo sea trasladado a Potosí.

La decisión fue objetada de inmediato por los líderes de O'Connor, que se consideraron traicionados por el gobierno nacional y anunciaron que interpondrán recursos legales y medidas para hacerse escuchar.

Emergencia

El alcalde de Entre Ríos, capital de O'Connor, Teodoro Suruguay, declaró que las organizaciones del lugar «están en emergencia para ver las medidas a tomar» en defensa del derecho que reclaman sobre el yacimiento de gas.

Suruguay adelantó que las acciones «serán más drásticas» que las realizadas el mes pasado, cuando cerraron la carretera regional, porque han visto «que lo único que da resultado es la presión y el chantaje», como lo hizo Gran Chaco. «No nos queda otra», señaló el alcalde con firmeza.

Quintana justificó la decisión de trasladar el trámite de delimitación territorial en la negligencia, incompetencia, desinterés y manipulación política en la que incurrió el prefecto de Tarija, Mario Cossío, un opositor a Evo Morales. bamos

Desde Tarija, Cossío respondió que la resolución del gobierno tiene la intención de provocar la división de ese distrito y demandó al presidente que restituya la paz y la tranquilidad en la zona.

Las posiciones encontradas muestran las diferencias políticas entre Cossío y el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido oficialista que acusó al gobernador de incumplir sus obligaciones en el proceso para intentar poner fin al conflicto.