A falta de inversión, el Estado interviene

Luego de la presentación del Proyecto de Presupuesto 2005 realizada un mes atrás, gran parte de la discusión política sobre éste aparece centrada en la delegación de facultades al Poder Ejecutivo por parte del Congreso, factor que también acaparó buena parte de la atención de los medios. Sin embargo, sin menospreciar la importancia institucional de este tema, el contenido del proyecto excede largamente esta cuestión.

En 2005 en particular, la discusión económica del Presupuesto toma mayor relevancia ya que se parte de una situación de holgura fiscal con pocos precedentes en nuestro país, en cuyo marco las decisiones ya no pasan por el reparto del peso del ajuste, sino por la asignación de importantes excedentes fiscales. Partiendo como premisa de un superávit primario federal de 3,2% del PBI que el gobierno considera consistente con su plan de reestructuración de la deuda (tema que excede el objetivo de estas líneas), el Proyecto de Presupuesto plantea fundamentalmente asignar los excedentes sobre dicho porcentaje a incrementar los gastos del Estado, en lugar de destinarlos, por ejemplo, a reducir la carga tributaria.

Adicionalmente, resulta relevante distinguir el destino del aumento del gasto presupuestado. Una parte de él tiene un carácter redistributivo que tiende a mejorar el nivel de ingresos (capacidad de consumo) de determinados sectores por medidas ya tomadas en 2004, como los aumentos a las jubilaciones. Pero el rasgo más saliente de este Proyecto de Presupuesto es el incremento en los gastos de capital, esto es, inversiones directas a cargo del Estado nacional, transferencias a las provincias para realizar inversiones y fondos públicos destinados a financiar proyectos de inversión privados seleccionados por el gobierno.

• Destino

En efecto, si se excluye del incremento de gastos a aquellos de carácter automático ( coparticipación y otras leyes de afectación específica), cerca de la mitad de los aumentos de partidas presupuestarias tendrá por destino gastos de capital. Estos crecerían 35% ($ 2.675 millones) respecto de lo presupuestado en 2004 y más de 80% en relación con los que efectivamente se gastarán este año (ya que muestran en 2004 un nivel de subejecución importante).

Analizado en una perspectiva histórica, los gastos de capital del sector público nacional representarían en 2005 cerca de 14% del gasto total primario (excluyendo coparticipación) y 2,2% del PBI, cuando en el promedio de los 10 años anteriores estos porcentajes llegaban a 8% y 1,1%, respectivamente.

Dentro de las inversiones nuevas o con nuevoimpulso presupuestario, se destacan varios proyectos con alto impacto social, económico y político: el Plan Federal de Viviendas ($ 1.102 millones más que en 2004), préstamos a Yacyretá para financiar obras de cota y transmisión (+$ 448 millones), transferencias a empresas privadas de ferrocarriles para inversiones (+$ 270 millones), aportes para la construcción del Gasoducto Norte (+$ 200 millones), obras de la Dirección Nacional de Vialidad (+$ 228 millones), préstamos a Nucleoeléctrica Argentina SA para obras de Atucha II (+$ 153 millones) y aportes de capital a la flamante ENARSA (+$ 100 millones).

Además, el Proyecto de Presupuesto supone que en este año 2004 se realizará un aporte de capital de $ 500 millones al Banco Nación y otro de $ 200 millones en 2005, que en definitiva son fondos para financiar préstamos de esta entidad.

Más allá del análisis particular de cada proyecto y de la capacidad efectiva de «gastar» lo que se ha presupuestado para 2005 (ya que la puesta en marcha de muchos de ellos no es sencilla), el Proyecto de Presupuesto muestra claramente la decisión política de incrementar directa y/o indirectamente la participación estatal en el proceso de inversiones de la economía argentina en un contexto en el que se cuenta con fondos para hacerlo.

Esta decisión no sólo se manifiesta por el lado de los gastos. Desde el lado de los impuestos, el cambio más importante previsto para 2005 corresponde al programa de incentivos fiscales para financiarobras de infraestructura y compras de bienesde capital (se prevé un impacto fiscal de $ 1.000 millones), mediante la devolución anticipada del IVA y/o la amortización acelerada a los fines del Impuesto a las Ganancias. Es decir, deducciones selectivas a proyectos que serán seleccionados por el propio sector público.

Ya fuera del contexto estrictamente presupuestario, también se observan manifestaciones en esta dirección, como la decisión del gobierno de dirigir los montos que se les adeudan a las generadoras eléctricas a la construcción de nuevas plantas a fin de ampliar la capacidad de generación.

En definitiva, entendemos que en el Proyectode Presupuesto 2005 subyace una discusión económica de fondo respecto del rol que les cabe al Estado y al sector privado en el proceso de inversiones.

Esta discusión no puede dejar de lado el hecho de que las iniciativas de inversión pública son financiadas con el pago de impuestos de todos los contribuyentes, los que han alcanzado este año máximos históricos de presión tributaria que se traducen en un menor ingreso disponible del sector privado para financiar sus gastos de consumo y, también, de inversión.

(*) Director de MVA-Macroeconomía