Resolver la crisis de la deuda para avanzar hacia el desarrollo nacional

Opiniones

A pesar del apoyo financiero del Fondo Monetario, el expresidente Mauricio Macri no solo defaulteó la deuda de corto plazo que su propio gobierno había emitido, "sino también la deuda emitida a nivel nacional".

Nuestro país está atravesado por una crisis que, por la vertiginosidad con la que se gestó, no reconoce registro en nuestra historia. Su dimensión, su gravedad, es algo que debe ser convenientemente dimensionado.

En apenas un mandato de gobierno, breves cuatro años, el problema estructural que caracteriza a la Argentina, la restricción externa, fue llevado al límite. Mauricio Macri restauró durante su mandato un modelo que la literatura económica identifica como de “valorización financiera”, que implicó la entronización de la especulación en detrimento de la economía real, la producción y el trabajo.

La liberalización cambiaria, financiera y también comercial, con la que se instrumentó, hizo posible un histórico drenaje de la riqueza del país hacia el exterior: sólo por Formación de Activos Externos (lo que popularmente denominamos “fuga”), salieron del circuito productivo nacional cerca de U$S 90.000 millones, a lo que habría que adicionar otros canales, como las remesas de utilidades de las empresas multinacionales al exterior o el pago de intereses de la deuda, que crecieron dramáticamente durante el periodo.

En tanto, por la vía comercial, la apertura importadora hizo su parte: mientras privó al país de la única fuente de generación genuina de divisas, sumó otra vía de salida de dólares mediante la acumulación de déficit comerciales persistentes, que sólo encontraron fin durante el último año por el hundimiento de la economía que deprimió las importaciones como corolario de la recesión.

Dos de los cuatro años del gobierno de Macri (2018 y 2019) quedarán para los anales de la historia por haber marcado el récord de fuga de capitales. Y, si 2019 no superó la marca de 2018, fue debido al tardío establecimiento de controles cambiarios que limitaron la salida de divisas en los últimos meses del año. En el bienio se fugaron U$S 55.000 millones, U$S 10.000 millones por encima del total desembolsado por el préstamo Macri-FMI.

Sin excedente comercial, con las exportaciones estancadas, el impresionante drenaje de divisas se sostuvo sobre la base del endeudamiento externo. El proceso fue abrumadoramente irresponsable y, a todas luces, insostenible. Los hechos son elocuentes: en apenas dos años, rifaron el acceso al crédito internacional. Entonces Macri -que, paradójicamente y según confesó recientemente, advertía que “…los mercados no te dan más plata y nos vamos a la mierda” y que “sabía que no íbamos a poder seguir tomando deuda eternamente”- lejos de buscar una solución al problema que había generado, corrió a buscar un blindaje del FMI para seguir agrandando el problema con un préstamo histórico por U$S 57.000 millones, que implicó un incremento de la deuda con multilaterales por U$S 45.000 millones en función de los desembolsos que efectivamente se realizaron.

A pesar del apoyo financiero del Fondo Monetario, Macri cerró su mandato anotando otro hito histórico: defaulteó la deuda de corto plazo que su propio gobierno había emitido y más, defaulteó deuda emitida en moneda nacional. Un caso de estudio, sin dudas, no ya para la historia económica local, sino internacional, que no reconoce antecedentes.

Macri dejó el gobierno habiendo incrementado la deuda pública hasta alcanzar el 95% del PBI. El 80% de la deuda se encuentra nominada en moneda extranjera. La deuda pública externa pasó de representar menos del 14% del PBI en 2015 (contabilizando la deuda pendiente de reestructuración), a superar el 45% en 2019. El porcentaje de deuda emitida bajo Legislación Extranjera sobre la deuda bruta, pasó de 24,5% en 2015, a 44,2% en 2019. La deuda con organismos multilaterales y bilaterales que apenas representaba el 6% del PBI en 2015, llegó a superar el 21% del PBI en 2019, explicado por la deuda contraída con el FMI. Sólo por intereses de la deuda, sin contar amortizaciones, en 2019 se destinó el 20% de los recursos presupuestarios de la Nación, cuando en 2015 esa proporción era inferior al 8%.

Como si el volumen de la deuda contraída fuera poco, se condensaron vencimientos entre 2020 y 2023, construyendo un perfil de vencimientos con un promedio anual que llega casi a U$S 50.000 millones, donde el 70% de las emisiones que determinan ese perfil se realizaron durante la gestión Macri. Los vencimientos de capital e intereses en moneda extranjera netos de letras intransferibles, este año, orillan los U$S 35.000 millones. En 2022, el año más comprometido, los vencimientos en dólares se ubican en torno a los U$S 40.000 millones, lo que, suponiendo una tasa de crecimiento de 3% anual de las exportaciones, obligaría a disponer el 55% de las exportaciones de ese año al pago de la deuda en moneda extranjera. En pocas palabras, la deuda, tal como fue configurada por el anterior gobierno es, lisa y llanamente, impagable.

Con los números sobre la mesa, la necesidad de encarar la negociación que restaure la sostenibilidad de la deuda, es decir, que la vuelva pagable, en función con la capacidad del país, no merece mayores discusiones. Esta situación, sumada al cuadro de gravedad que también afecta a varias provincias del país, inducidas a contraer compromisos en dólares durante la anterior gestión, permite imaginar un amplio respaldo al proyecto de ley de gestión de la sostenibilidad de la deuda externa que comenzará a tratarse mañana en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación, y que llegará al recinto para su aprobación el miércoles.

El proyecto, que autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los Títulos Públicos de la República Argentina emitidos bajo ley extranjera, es decir, litigable en tribunales extranjeros, busca fortalecer no la posición del gobierno, sino la del país, frente a la grave crisis que hoy nos atraviesa. Una crisis que no se limita a la insostenibilidad de la deuda.

En los cuatro años de restauración neoliberal en el país, mientras se promovía un endeudamiento descomunal que no sirvió a ningún fin productivo ni contribuyó a aumentar la capacidad de repago de los compromisos que se asumían, el programa económico impuesto bajo el modelo de valorización financiera devastaba el mercado de trabajo y el tejido productivo nacional, volvía a instalar el hambre -la herida más punzante que el actual gobierno trabaja para restañar con el plan Argentina contra el Hambre-, duplicaba la inflación, multiplicaba la pobreza, volvía a ampliar dolorosamente la desigualdad y expulsaba a millones de argentinos a los márgenes de la dignidad humana. Esa deuda social, laboral y productiva está en el centro de lo que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner sintetiza como su principal objetivo: volver a poner a la Argentina de pie. Atender esa deuda es un imperativo moral de la política económica. Y explica las definiciones del presidente: “la Argentina no quiere caer en default. Lo que tampoco quiere es pagar irresponsablemente a costa de postergar a los argentinos”.

En ese sentido, el proyecto enviado por el Ejecutivo es claro: la sostenibilidad que se busca recuperar “deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos”. El proyecto explicita también que se busca “recuperar de manera plena la autodeterminación financiera y económica del país”. El ministro Guzmán lo expresaba afirmando que “este es un programa económico diseñado por nosotros y ejecutado por nosotros. Y no vamos a permitir ninguna condicionalidad”.

Como decíamos al comienzo de esta columna, el problema de la restricción externa fue llevado al límite durante la gestión anterior. Este hecho también determina, en términos económicos, la importancia de la renegociación de la deuda: la posibilidad de expansión de la actividad económica está dada por la disponibilidad de divisas.

Sin dudas, construir una salida justa y ordenada para la crisis de la deuda, restaurando un perfil de vencimientos compatible con el crecimiento de la economía, estirando los plazos de pago y mejorando montos y/o tasas no sólo es un objetivo deseable, sino necesario. Necesario para volver a trazar el sendero de desarrollo económico que nos permita construir el país que los argentinos merecemos. Para eso también será necesario no olvidar. No olvidar cómo llegamos aquí. Para que la tragedia neoliberal no se repita nunca más en nuestro país.

(*) Fernanda Vallejos. Diputada Nacional, Economista.

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