El equilibrio fiscal no se negocia

Avalar un aumento del gasto público sin los recursos para afrontarlo no es tener sensibilidad social. Es populismo fiscal. El Congreso tiene el deber constitucional de proteger el valor de la moneda y garantizar un Estado sostenible.

Cada vez que se quebró el orden de las cuentas públicas, la inflación se disparó, los salarios se pulverizaron y la pobreza se multiplicó.

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Milton Friedman decía que “uno de los mayores errores es juzgar a los políticos y sus programas por sus intenciones, en lugar de por sus resultados”.

El equilibrio fiscal no es una consigna ideológica, es el cimiento sobre el que se construye una economía viable y una sociedad ordenada. Defenderlo no implica recortar derechos, sino preservarlos en el tiempo. En Argentina, cada vez que se quebró el orden de las cuentas públicas, la inflación se disparó, los salarios se pulverizaron y la pobreza se multiplicó.

Cuando hay déficit fiscal, el Estado ejerce una presión excesiva sobre el ahorro privado, absorbiendo el financiamiento que podría destinarse a proyectos productivos y al desarrollo del sector privado. Además, esta situación genera una presión tributaria insostenible, que termina asfixiando la inversión y el consumo. La política del “gasto sin límite” termina empobreciendo a quienes dice proteger.

¿Cuál es la responsabilidad que tiene el Poder Legislativo? El artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional es inequívoco: corresponde al Congreso legislar defendiendo el valor de la moneda y promoviendo el desarrollo con equidad. Sin equilibrio fiscal no hay moneda, y sin moneda no hay contrato social posible.

Entonces, legislar aumentando gastos sin prever su financiamiento no solo es irresponsable e insostenible: también es inconstitucional. La historia económica argentina es uno de los mejores ejemplos del mundo de cómo el desmanejo fiscal condena a un país al estancamiento y a crisis recurrentes.

La evidencia histórica es contundente. Según el IARAF, Argentina registró superávit fiscal en apenas 7 de los últimos 65 años. En el 90 % del período, el Estado gastó más de lo que recaudó. Incluso entre 2003 y 2008, con términos de intercambio extraordinarios, licuación del gasto y reestructuración de deuda, el kirchnerismo optó por expandir el gasto en lugar de ordenar las cuentas. Como resultado, el gasto público pasó del 26% del PBI en 2002 al 47% en 2015. Ningún otro país duplicó el tamaño del Estado en tan poco tiempo y con resultados tan decepcionantes en términos de calidad de vida y servicios públicos.

El año pasado, después de 17 largos años, los argentinos logramos recuperar el equilibrio fiscal tras un gran esfuerzo. El déficit cero no es un dogma. Es una condición indispensable para salir del círculo vicioso de la inflación, restaurar el valor de la moneda y devolver previsibilidad a las familias y a las empresas que quieren trabajar, invertir y crecer.

Por eso, toda ley que implique erogaciones debe incluir su previsión presupuestaria y su fuente de financiamiento. De lo contrario, estaremos frente a una violación a nuestra Carta Magna.

También, resulta indispensable que este año se apruebe el Presupuesto Nacional en el Congreso, en cumplimiento de los artículos 4 y 75, inciso 8, de nuestra Constitución Nacional y conforme a la Ley de Administración Financiera.

La asignación de recursos no puede quedar librada a los caprichos del kirchnerismo y de sectores de la oposición que se resisten a abandonar la lógica de la expansión del gasto y la emisión infinita, el clientelismo y el cortoplacismo electoral.

Es hora de que el Congreso legisle con la seriedad que exige este momento histórico. Con responsabilidad. Con disciplina fiscal. Y con la convicción de que el mayor acto de justicia social es sostener un país que funcione a largo plazo.

Diputado nacional del PRO