Límite al derecho a huelga: ¿orden necesario o riesgo constitucional?

Juan Pablo Chiesa, Abogado. Especialista en trabajo y Magister en empleo e innovación judicial. Diplomatura en IA aplicada a la gestión en entornos digitales, explica los alcances, riesgos y oportunidades detrás del reciente decreto presidencial 340/2025, publicado ayer en el Boletín Oficial, que limita el ejercicio del derecho a huelga en actividades consideradas esenciales.

El derecho a huelga es un derecho fundamental reconocido internacionalmente, plasmado en nuestra Constitución Nacional y protegido por numerosos tratados internacionales ratificados por Argentina.

Mariano Fuchila

El presidente Javier Milei volvió a poner en jaque la agenda política y laboral argentina con un decreto polémico, cuya trascendencia y consecuencias aún están por definirse. La norma amplía significativamente la lista de sectores catalogados como esenciales o trascendentales, entre ellos el transporte público, la educación, la salud, el suministro de energía, medios de comunicación y el sector bancario. Esta clasificación obliga a los sindicatos involucrados a garantizar, durante huelgas, la prestación de entre un 50% y un 75% del servicio habitual.

La medida, claramente dirigida a asegurar la continuidad de servicios críticos para la vida cotidiana de millones de ciudadanos, pretende ser una respuesta contundente ante un contexto de constantes conflictos laborales, especialmente marcados en sectores estratégicos como el transporte público, donde recientes paros generaron grandes trastornos y pérdida de productividad.

Sin embargo, y aquí radica la clave del conflicto, la aplicación práctica de este decreto plantea interrogantes importantes sobre su constitucionalidad y proporcionalidad. El derecho a huelga es un derecho fundamental reconocido internacionalmente, plasmado en nuestra Constitución Nacional y protegido por numerosos tratados internacionales ratificados por Argentina. Su regulación no puede ser arbitraria ni excesiva, pues debe mantener un equilibrio entre garantizar el bienestar general y proteger derechos individuales y colectivos legítimos.

En términos constitucionales, limitar el derecho a huelga no es una novedad ni necesariamente inconstitucional, siempre que se cumpla con ciertas condiciones: razonabilidad, proporcionalidad y excepcionalidad. El problema es que, al ampliar tanto las actividades consideradas esenciales, el decreto 340 corre el riesgo de transgredir la frontera entre lo que es necesario para el orden social y lo que constituye una restricción desproporcionada de derechos laborales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) y otras organizaciones sindicales rápidamente rechazaron el decreto, anunciando acciones legales y anticipando un escenario de mayor confrontación social. Desde la perspectiva sindical, la medida es percibida como un ataque directo al poder negociador de los trabajadores, debilitando considerablemente su capacidad de protesta.

Aquí, el desafío del Gobierno reside en justificar adecuadamente por qué cada uno de estos sectores es esencial y en qué medida una interrupción del servicio generaría un daño significativo a la sociedad. La vaguedad o falta de precisión en estas definiciones podría llevar al Estado a enfrentar reclamos judiciales y, potencialmente, reveses jurídicos importantes, socavando aún más la credibilidad y legitimidad de la iniciativa.

Otro riesgo práctico es la polarización social y política que inevitablemente acompañará a esta medida. En un país ya marcado por profundas divisiones políticas y sociales, cualquier decisión que limite derechos fundamentales tiende a profundizar heridas antes que cerrarlas. El Gobierno deberá ser extremadamente cuidadoso al manejar esta situación, buscando espacios de diálogo y consenso que reduzcan tensiones y permitan una implementación eficaz y justa.

Es importante destacar, no obstante, que la intención subyacente del decreto podría tener fundamentos legítimos: evitar el caos social generado por huelgas prolongadas en servicios críticos que impactan negativamente en la vida cotidiana y la economía del país. Nadie puede negar el impacto negativo que provocan ciertos conflictos laborales interminables en sectores estratégicos, paralizando ciudades, afectando directamente la vida de los ciudadanos comunes y generando pérdidas millonarias en productividad.

Por otro lado, no debemos olvidar que un marco regulatorio claro y preciso también ofrece ventajas a los propios trabajadores, ya que les da una referencia segura sobre los límites y posibilidades legítimas del ejercicio del derecho a huelga. En otras palabras, un sistema bien diseñado puede proteger tanto a los ciudadanos como a los propios trabajadores, otorgando certidumbre jurídica y evitando conflictos innecesarios.

En definitiva, el decreto 340/2025 es una moneda con dos caras claramente marcadas. Por un lado, su intención de ordenar la prestación de servicios vitales es comprensible y hasta necesaria en ciertos contextos. Por otro, la forma en que se ha planteado hasta ahora genera legítimas dudas sobre su razonabilidad constitucional y su capacidad real de resolver los problemas que pretende atender.

El verdadero éxito o fracaso del decreto dependerá, por tanto, de cómo sea implementado en la práctica, cómo se defina jurídicamente cada sector esencial, y sobre todo, cómo se maneje políticamente la inevitable controversia social que generará.

La experiencia histórica demuestra claramente que los conflictos laborales no se resuelven únicamente con decretos o restricciones. Se resuelven con diálogo genuino, negociación eficaz, respeto mutuo y equilibrio entre los derechos fundamentales y los intereses colectivos.

Argentina necesita hoy, más que nunca, serenidad y responsabilidad por parte de todas las partes involucradas. Este decreto es un llamado de atención urgente sobre la necesidad de construir un marco jurídico y social claro que equilibre orden público, derechos laborales y bienestar social. En manos del Gobierno, los sindicatos y la justicia está lograr este delicado equilibrio o, por el contrario, generar mayor conflictividad.

En síntesis, el decreto 340/2025 de Milei debe ser entendido no como una solución definitiva, sino como un punto de partida para una discusión profunda sobre el futuro del trabajo, los límites del Estado y el bienestar colectivo en Argentina.

Abogado laboralista