Publicidad no implica anarquía

La decisión de la Legislatura porteña de limitar el número de asistentes a la sesión de hoy de la Sala Acusadora, en relación con el juicio político del jefe de Gobierno, como consecuencia de los incidentes del jueves pasado, no vulnera el principio del art. 74 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que determina que todas las sesiones de la Legislatura son públicas.

La idea de sesión pública se opone a la de sesión secreta. Se privilegia, así, el principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno, que tiende al conocimiento y al control de los ciudadanos de lo que ocurre en las sesiones, y no a su participación en ellas.

• Difusión

Ese requisito se satisface, en un sentido restringido, con la publicación de las versiones taquigráficas de las sesiones y, en un sentido amplio, con la presencia de ciudadanos en el recinto y de los medios periodísticos (escritos, radiales y televisivos) que permitan conocer en forma precisa la actividad parlamentaria.

No atenta contra la Constitución, la libertad y la democracia cualquier reglamentación de ese derecho. Pero aun cuando se le asignara a la exigencia constitucional un alcance más abarcativo, que comprendiera el derecho de acceder físicamente al recinto, ella no podría interpretarse de tal modo que se convirtiera en un factor que frustrara la propia sesión.

• Límites

En primer lugar, el acceso siempre estará sujeto a las posibilidades materiales del lugar, a la seguridad y a una mínima comodidad para el trabajo de los legisladores y los funcionarios de la casa. Los espacios disponibles para el público no son ilimitados y pueden establecerse distintos criterios para su asignación. Pero, además, el hecho de acceder a las galerías o a los palcos no da derecho a los asistentes a entorpecer y frustrar el normal desarrollo de la sesión, gritando, insultando, amenazando o arrojando objetos. Cuando esto ocurre, el presidente debe intimar al cese de esas conductas y, en caso contrario, ordenar el inmediato desalojo del público. En cualquier Parlamento del mundo se debe permanecer en silencio. En países donde imperan democracias más firmes y avanzadas que la nuestra, a nadie le temblaría el pulso por tener que ordenar el retiro de una persona que tuviera el comportamiento debido. Publicidad no implica ni anarquía, ni sedición. Es hora de restablecer, aquí también, el «imperium» del Estado.