Se pague o no, la vida siempre peligra

El clima de opinión creado tras la exitosa resolución del secuestro de Patricia Nine debería ser aprovechado por las autoridades nacionales y provinciales para sentar las bases orgánicas, jurídicas y funcionales de una clara y consistente política antisecuestros. Hasta el momento, la respuesta del Estado transcurrió por senderos erráticos, dependiendo más de afinidades y recelos personales de los principales actores involucrados, de cálculos políticos particulares o de determinadas coyunturas mediáticas, que de una discusión seria seguida de una voluntad férrea que disponga de todos los resortes con los que cuenta el Estado para dar cuenta de este fenómeno. No ha habido desde que el problema estalló a comienzos de 2002, salvo determinados y limitados lapsos, una política coherente y sistemática al respecto.

En esta inteligencia, un consenso entre los actores políticos con responsabilidad en el tema requiere tener presentes las siguientes consideraciones:

• La principal herramienta de prevención en el caso de los secuestros extorsivos es el desbaratamiento de las bandas. Por ello, la actuación en materia investigativa no puede descansar exclusivamente de la capacidad de trabajo de unos cuantos funcionarios policiales y judiciales que hoy cumplen con riguroso profesionalismo su tarea. El Estado, tanto nacional como provincial, no puede agotarse en este puñado de hombres de modo que urge forjar elementos policiales y judiciales orgánicos que se especialicen en esta modalidad delictiva y cuenten con la formación, la tecnología y los recursos económicos acordes con la gravedad de la problemática. Seguir recurriendo a los mismos elementos a los que se echa mano para investigar un caso de piratería del asfalto o un homicidio simple es, sencillamente, un despropósito.

• Es necesario terminar con el falso dilema en el que muchas veces cae la polémica respecto de la política antisecuestros por el cual se cree que la mejor manera de preservar la vida de la víctima es pagando el rescate y actuando con posterioridad al cobro y liberación de la víctima. La experiencia en estos últimos dos años y medio demuestra todo lo contrario. En efecto, en este período ocurrieron en el territorio bonaerense algo más de 700 secuestros, y -según consta en expediente judicial- en ninguno de los tres casos en los que la víctima fue asesinada (casos Canillas, Peralta y Blumberg) el fatal desenlace se produce como consecuencia de la forma de actuación policial-judicial. La vida de la víctima corre peligro desde el mismo momento en que cae en las manos de los secuestradores, y dicho peligro no se acrecienta o disminuye en función de que se tolere el pago o se lo interrumpa. Por el contrario, son otros los factores de riesgo que requieren ser considerados para finalmente definir el modo de actuación ante el caso particular. Esto significa que el criterio de actuación debe ser aplicado con la prudencia que cada caso en particular reclame.

• Tanto las políticas de interrupción de secuestros como las de pago del rescate tienen sus ventajas y costos. Pero la gravedad del problema en la Argentina requiere adoptar la primera opción, máxime teniendo en cuenta que los períodos en los que se adoptó el criterio de interrupción han mostrado eficacia en términos de preservación de la vida de la víctima, bloqueo del flujo de dinero a la economía criminal y arresto de delincuentes y desbaratamiento de bandas. Pero, a la luz de la experiencia, esto no debe surgir de decisiones individuales de alguno de los actores involucrados, sino que deben definirlo las autoridades constituidas. Lo que definitivamente no puede ocurrir es que estas decisiones de tamaña importancia queden huérfanas de tratamiento o libradas a los derroteros del humor colectivo.

• Finalmente, formar cuadros e investigadores policiales especializados en la materia, capacitar a instructores judiciales, incorporar tecnología, armar una base de datos común, entre otras cosas, son acciones necesarias que demandan tiempo, por lo que no pueden quedar sujetas a las marchas y contramarchas de los responsables políticos. La política antisecuestros debe ser la primera muestra de una política de Estado en materia de seguridad. Caso contrario, los exitismos coyunturales durarán lo que tarde en conocerse un nuevo caso de secuestro.

(*) Politólogo. Docente de la UCA y UBA. Ex subsecretario de Planificación y Logística de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.