"Siempre aparecen fondos que se pueden incautar"

Arturo Porzecanski

"El gobierno argentino insiste en exigir un 'perdonazo' sin precedentes ni justificación, con el cual obtendrá una aceptación inferior a 70%." Así lo consideró Arturo Porzecanski, economista jefe para Mercados Emergentes de ABN AMRO, en diálogo con Ambito Financiero. Sostuvo, además, que la capacidad de pago del país ha caído sólo un tercio, por lo que «una quita de dos tercios es una exageración» y se debe realizar un esfuerzo fiscal mayor.

Porzecanski estimó que deberá transcurrir un largo período antes que la Argentina pueda volver a financiarse en el exterior, y que parte de esta espera se debe al desgaste sufrido en los últimos tres años con la inestabilidad judicial, el sistema impositivo establecido y la desactualización de contratos y tarifas. A continuación, el diálogo del economista con este diario:

Periodista: ¿Cuál es su evaluación sobre la oferta final de reestructuración que presentó el gobierno argentino?

Arturo Porzecanski: La propuesta difundida incluye las modificaciones menores que ya se habían filtrado por la prensa y, en general, no aporta novedades capaces de interesar a la masa de inversionistas desparramados por el mundo. Al insistir en un «perdonazo» sin precedentes ni justificación, el gobierno está desaprovechando una coyuntura favorable para pactar con los bonistas.

P.: ¿Cree que el mercado aún espera alguna mejora adicional?

A.P.: Efectivamente, los precios de los bonos deberían haber bajado luego del anuncio, de manera que se nos ocurren dos posibles explicaciones. Por un lado, podríahaber especuladores apostando a una mejora adicional, o, por otra parte, el gobierno podría estar comprando bonos para dar la impresión de que se viene un canje exitoso que va a incentivar aún mayores subas en los precios.

P.: ¿Cuál será el nivel de aceptación de la propuesta tal como está ahora?

A.P.: Será baja para los estándares internacionales de las décadas pasadas, es decir, pienso que la mayoría de los bonistas fuera de la Argentina no va a participar, y por ende, el nivel de aceptación del canje va a ser inferior a 70%.

P.: ¿Cree que el gobierno debería comprometer un esfuerzo fiscal mayor al pago de la deuda para captar una mayor adhesión?

A.P.: Claro que sí, y por dos razones. Primero, porque al fin y al cabo, los recursos tributarios medidos en pesos se han duplicado con relación al promedio de 2000-2001, y dada la evolución de la tasa de cambio, la capacidad de cumplir con obligaciones en dólares ha caído solamente en un tercio. Por ello, insistir en una quita que supera los dos tercios de lo adeudado es una exageración, sobre todo cuando el gobierno ha acumulado un volumen importante de pesos y dólares que debería utilizar para hacer un pago en efectivo. Segundo, para que las empresas, los gobiernos provinciales e incluso los gobiernos federales del futuro puedan volver a obtener crédito dentro y fuera del país.

P.: ¿Cuánto tiempo debe transcurrir hasta que la Argentina pueda regresar al mercado internacional de crédito?

A.P.: Pienso que el gobierno argentino no tiene chance por unos cuantos años. Tampoco las tiene, aunque ofreciera reconocer una proporción mucho mayor de lo adeudado y lograra la adhesión de casi todos los bonistas. El hecho es que, como mencioné, el gobierno se ha «quemado» mucho durante estos últimos tres años, y aunque las memorias son cortas, tan cortas no lo son.

P.: ¿El sector privado correrá la misma suerte?

A.P.: Con respecto a las empresas, lo que estamos viendo es que las sucursales y subsidiarias de las multinacionales petroleras son las únicas que tienen acceso al crédito internacional, y pienso que eso también va a continuar así por varios años. Sólo las empresas que exportan y que generan divisas, y que tienen el respaldo de una casa matriz en el exterior, van a poder levantar fondos para financiar sus operaciones en la Argentina. Por eso es necesario acelerar todo el proceso de normalización financiera del país.

P.: ¿Cómo afectarán los litigios contra el país?

A.P.: Cuando un gobierno admite que más de 20% de los bonistas probablemente va a quedar fuera de la reestructuración de su deuda, está admitiendo indirectamente que quienes invirtieron 20.000 millones de dólares o más van a quedar relegados en un estatus que inevitablemente los obligará a iniciar pleitos en numerosas jurisdicciones y no sólo en Buenos Aires.

Entrevista de Carolina Morales