Aceleran nuevo régimen para espías criollos

El proyecto de una nueva ley de Inteligencia, que cobró una importancia inusitada por los atentados en los Estados Unidos, tendrá un avance significativo en el Congreso para alivio del gobierno de Fernando de la Rúa. Hoy está previsto que los asesores del Senado acuerden los detalles técnicos del dictamen de comisión, aún cuando parece casi imposible que el tema llegue al recinto antes de los comicios del 14 de octubre. La mayor urgencia está centrada en darle marco legal a las actividades de espionaje, de manera tal de aceitar los mecanismos de prevención de actividades terroristas en la Argentina.

Salvo que medie una situación de emergencia, radicales y peronistas sesionaron por última vez en la Cámara Alta el martes pasado con la firme voluntad de clausurar de ahí en más las deliberaciones en el hemiciclo para dedicarse a los quehaceres proselitistas en sus distritos respectivos.

El oficialismo es el principal promotor de esta norma que regula el espionaje nacional, que cuenta, asimismo, con el apoyo explícito de la responsable de la comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, la peronista cordobesa Beatriz Raijer. La semana pasada Horacio Jaunarena aprovechó una visita al Senado por cuestiones de Defensa para interiorizarse sobre el estado del proyecto. Al finalizar habló a solas de la cuestión con Carlos Corach (PJ-Capital Federal), otro de los auspiciantes de la aprobación.

Los senadores, a pesar de que están entusiasmados con la iniciativa, todavía no han superado algunas diferencias de criterio. Si bien celebran a coro que se impongan penas a las «pinchaduras» telefónicas -delito que no está tipificado en el Código Penal, no obstante que puede comparárselo con la violación de correspondencia-, discuten si conviene o no seguir parte del mensaje presidencial que acompañó el ingreso de la ley en el ámbito parlamentario.

De la Rúa sugiere en la misiva que, además de castigar a quienes practican las «escuchas» y quienes se aprovechan de ellas, sean punibles los medios de prensa que difundan grabaciones o transcripciones obtenidas de manera ilegal. En las charlas sobre el proyecto, se analizó que semejante caracterización del delito podría ser considerada una restricción inadmisible a la libertad de prensa. Esta sería una de las causas por las cuales la ley quedó virtualmente congelada hasta después de las elecciones: hubiera resultado poco atinado cruzarse en una polémica diarios, revistas, radio y TV en plena etapa proselitista.

Exclusividad

La iniciativa le otorga exclusividad a la SIDE en tareas de espionaje interno -en una histórica medida, las Fuerzas Armadas quedan exceptuadas de la inteligencia doméstica y podrán ocuparse de la militar-, pero controlada por una comisión bicameral ad-hoc. La lupa de los legisladores estará puesta especialmente en el uso de los denominados fondos reservados, si bien podrán opinar sobre la agenda de la secretaría de Informaciones del Estado de manera no vinculante. El señor 5 seguirá dependiendo del presidente de la Nación, quien lo designará en el cargo.

En cuanto a las «pinchaduras», la SIDE realiza un promedio que no supera las 10 mil escuchas al año -de acuerdo con datos extraoficiales-, aunque se presume que menos de 10% de ese total están en manos de otros «servicios» clandestinos. Uno de los problemas, en este terreno, fue la proliferación de agencias de investigaciones privadas.

Teniendo en cuenta que casi todos los políticos -sean oficialistas y opositores-han denunciado «escuchas» en su contra, serán los principales agradecidos por la sanción de la ley.