Acusan a ministro de denuncia falsa

Se sabe que la relación entre los jueces federales y el gobierno no es, precisamente, de romance. Pero pocos creían (especialmente en el gobierno) que los magistrados federales se animarían a dar el primer puñetazo, a dejar de lado verborrágicas expresiones y encaramarse en una guerra frontal.

Quien se atreva a dudar de que el enfrentamiento va en aumento, tendría apuntar como dato la decisión que ayer tomó el juez federal Claudio Bonadío: citó a indagatoria al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y lo acusó del presunto delito de falsa denuncia.

El funcionario denunció que un grupo de piqueteros bloqueó los accesos de la cartera laboral en octubre del año pasado. En rigor, fue el apoderado del Ministerio, Esteban Neffa, quien acusó a cinco agrupaciones piqueteras por la supuesta comisión del presunto delito de «privación ilegal de la libertad» tras haber obligado a personal del ministerio a permanecer encerrados en el edificio toda la noche y madrugada del 22 de octubre pasado. De acuerdo con la denuncia, las organizaciones se congregaron en las puertas del ministerio para exigir «alimentos frescos, carne, lácteos, apoyo de infraestructura para comedores y merenderos y 3.000 planes de Jefas y Jefes de Hogar» y permanecieron en el lugar toda la noche.

Sin embargo, al declarar por escrito ante la Justicia, el ministro de Trabajo le bajó el tono a la denuncia al admitir que durante la protesta la mayor parte del personal pudo salir del edificio en dos tandas y remarcó que no solicitó la intervención del personal de seguridad para despejar los accesos con el «fin de evitar situaciones de violencia». Casualidad o no, en ese momento, el gobierno negociaba con los piqueteros una tregua y subsidios.

La denuncia contra el ministro fue realizada hace ya un tiempo por el fiscal Luis Comparatore, quien había intervenido en el sumario que el propio Tomada había ordenado iniciar en la Justicia contra un grupo de piqueteros.

Casualidad o no, el expediente tomó idéntica velocidad que los embates que el ministro Gustavo Béliz le imprimió a su cruzada contra los magistrados federales. Es común que jueces y gobierno (sobre todo, cuando es nuevo) prueben fuerzas entre sí. Es una especie de gimnasia, similar a la que llevan a la práctica los cachorros que deben aprender a defenderse o mostrar ferocidad. Pero, en este caso, según todas las versiones, la pelea va en serio y la primera víctima es Tomada.

La batalla la encabeza la «Corte paralela» (por su poder en la Justicia), dominada por los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Luraschi, Horacio Cattani, Horacio Vigliani y Gabriel Cavallo. Lo acompañan todos los jueces federales (irritadísimos por las declaraciones del ultrakirchnerista Sergio Acevedo) y la defienden los fiscales federales.

Precisamente, fue el fiscal Carlos Stornelli el primero en apuntarle a Béliz. El martes pidió que se investiguen las « mafias policiales y judiciales» contra las que el ministro de Justicia dijo que «se está jugando la vida».

La acción quedó radicada ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral (según Acevedo, un juez detestable), que delegó al fiscal Gerardo Pollicita la facultad de librar un oficio a todos los jueces para preguntarlessi alguno de ellos inicióuna investigación a la luz de la «notoria preocupación del ministro».

En sus declaraciones, Béliz había afirmado que tanto él como el presidente Néstor Kirchner tenían «clarísimo» que estaban jugándose «la vida» y que se estaban «metiendo con mafias judiciales y de la Justicia, y con resistencias corporativas».

No sea cosa que ahora Béliz termine siendo investigado al igual que Tomada por el delito de falsa denuncia. Puede ser una casualidad.

Son los fiscales los más molestos con el ministro. En realidad, con su ex colega Norberto Quantín, a quien le adjudican ser el padre de la decisión que produjo el desplazamiento del fiscal Jorge Sica de la fiscalía antisecuestros. Están convencidos de que Quantín actúa por el rencor que le produjo no haber sido designado procurador general, es decir, jefe de todos los fiscales. Por eso, nunca giró recursos para que esa fiscalía de Sica funcionara y, cuando pudo, lo despachó. Habrá que ver ahora cómo reacciona el gobierno.