Amenaza de escándalo en el Senado por intento de congelar los remates

El nuevo Senado con dificultades para ahuyentar los fantasmas de la casa

Si lo que quería evitar el nuevo Senado eran los escándalos, le va a costar, porque arranca con uno en puerta que tiene pocos antecedentes: el proyecto de suspensión de los remates por deudas hipotecarias y de ejecuciones por quiebras. Esa bomba neutrónica logró sanción en Diputados y espera agazapada hoy en una comisión del Senado. Si la llega a aprobar esa cámara con el mismo texto que votó la semana pasada una variada mayoría de diputados, sería el final del sistema financiero argentino. Tiene tantos interesados de las grandes empresas con problemas -entre ellas, el monopolio «Clarín», cuyos lobbystas merodean por los despachos pidiendo a los senadores la aprobación-, que se ha convertido en la última semana en tema obsesivo de los senadores que se van y de los que vienen. Unos y otros piden algo sencillo: que les expliquen para quién estarían trabajando en caso de dar su voto.

Para impedir esa sanción, el gobierno rechaza el pedido del peronismo de extender las sesiones ordinarias del Congreso, lapso que permitiría someter cualquier proyecto (las sesiones extraordinarias, en cambio, las convoca el Ejecutivo limitando los proyectos a una lista cerrada de iniciativas).

La iniciativa suspende por 180 días las ejecuciones por quiebras y por deudas bancarias e hipotecarias que no se hayan pagado. De aprobarse, ningún acreedor podría ejecutar el resarcimiento de las sumas adeudadas, una especie de derrumbe de todo el sistema jurídico de avales y cauciones en materia de compromisos financieros y comerciales.

La idea tuvo un raro inicio porque la firman nada menos que el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Oscar Lamberto, un economista que pasa ahora al Senado y que se ha caracterizado por ser un vigilador celoso del sistema financiero. Esta polea de trasmisión entre el Congreso y el Ministerio de Economía fue acompañada en la firma del proyecto por el diputado porteño también peronista Miguel Angel Toma.

Este mix tiene, según los entendidos de la vida parlamentaria, una sola explicación, la pertenencia de los dos al grupo chico que controla la mesa del bloque del PJ en Diputados y que reconoce un jefe informal que hoy no tiene banca, el mendocino José Luis Manzano. Otros integrantes conspicuos de ese grupo son los diputados Jorge Matzkin y el salteño Marcelo López Arias.

El proyecto lo presentaron Toma y Lamberto el 2 de agosto pasado, pero una propuesta de tanto interés empresarial y firmado por dos operadores calificados de la cámara necesitaba algún lubricante. En ese terreno el único que puede proporcionarlo es la firma de Elisa Carrió. Patrullera de la ética, si la chaqueña avalaba la idea, tendría un seguro de sanción.

¿Por qué iba a blanquear la polémica legisladora tan mezquina idea, que beneficiaría a empresarios de la lista que hoy enfrenta convocatorias, amenazas de ejecución de deudas bancarias y previsionales, o pedidos de quiebra?

Amparo

La terminaron convenciendo a Carrió que el proyecto también amparaba a desvalidos empresarios PyME, deudores hipotecarios de viviendas económicas castigados por la crisis, desocupados arrinconados por tarjetas de crédito impagas. En suma, el proyecto Toma-Lamberto le daba a Carrió la oportunidad de hacer una revolución social con el sólo recurso del voto. Bastó con que se incluyeran entre las excepciones a los pecadillos como incumplimiento de cuotas alimentarias, juicios laborales, las deudas con el fisco, los daños y perjuicios por procesos penales y los accidentes de trabajo.

La suma de PJ más ARI convertía la iniciativa en una topadora que venció cualquier resistencia, por ejemplo, de un número importante de diputados radicales de la segunda línea y, por cierto, de lo que queda del Frepaso.

En el debate del miércoles anterior en el recinto fueron pocas las voces que intentaron resistir el proyecto. El más vehemente fue el demoprogresista de Santa Fe, Carlos Caballero Martín, quien vaticinó que si la idea prosperaba, sería el atentado más grave a la seguridad jurídica de los negocios en la Argentina.

El cavallista Guillermo Alchouron intentó frenar la velocidad que querían imprimirle al trámite el peronista Lamberto y la arista Carrió. Se quejó de que los diputados no hubieran recibido en tiempo y forma el texto del proyecto, del cual habían tomado conocimiento por la lectura en el recinto.

También acusó a la presidencia de la Cámara (en ese momento ejercida por el frepasista Rodolfo Rodil) de haber tratado la iniciativa en una reunión de presidentes de bloques al que no había sido invitado.

Remató el turno de los opositores al proyecto el mendocino Baglini, que calificó la idea directamente de un disparate que traería consecuencias y que agravaría los males que la idea dice proteger. Carrió levantó aplausos de la claque demonizando a quienes anunciaban el voto negativo de trabajar para los bancos.

El proyecto recibió retoques sobre la idea general:

1. Declara la emergencia económica en todo el país, algo redundante porque ya lo dice otra ley que pidió apenas asumió Fernando de la Rúa y le votaron en las dos cámaras. Motivó una frase inolvidable de Jorge Yoma: «Les acabamos de votar a los radicales la emergencia económica que le dejamos nosotros». La insistencia en la emergencia justifica el último artículo del proyecto, que declara a la ley como de orden público. Es decir que no puede ser recurrida, en razón de la emergencia, ante la Justicia.

2. Suspende por 180 días los concursos preventivos y las quiebras, y la ejecución de las sentencias (remates) incluyendo por procesos ejecutivos y las ejecuciones con garantía real, sean judiciales o extrajudiciales, con exclusión de las entidades financieras.

La idea llegó al recinto con despacho favorable de todas las comisiones a la sesión maratónica del miércoles pasado mezclada en el paquete de más de 500 iniciativas con que cerraron el año legislativo los diputados. Lo aprobaron 118 diputados, intentaron rechazarlo 39, hubo 9 abstenciones y, raramente, se levantó de la sesión mirando hacia otro lado un número importante de legisladores (86). Un repaso del voto a este proyecto aporta una radiografía fiel de esta historia:

A favor votaron, entre otros, los peronistas Lamberto, Toma, Matzkin y Teodoro Funes. Alfredo Atanasoff, Graciela Gianettassio, Jorge Remes Lenicov, Hugo Toledo, Saúl Ubaldini, Carlos Soria, Miguel Pichetto, José María Díaz Bancalari (duhaldistas); Oraldo Britos, Pablo Fontdevila, Jorge Busti (espera votar de nuevo en el Senado, donde asume el 10 de diciembre), Eduardo Camaño (desde el domingo nuevo presidente de la Cámara); los menemistas Lelia Chaya, José Figueroa, Juan Carlos Ayala, Jorge Escobar y Héctor Cavallero. Se sumaron los radicales Cristina Guevara, Mabel Manzotti, Mabel Marelli, Jorge Pascual, Margarita Stolbizer. Todo el ARI encabezado por Elisa Carrió, Héctor Polino, Mario Cafiero, Jorge Rivas, Oscar González; y una buena representación del Frepaso: Marcela Bordenave, María América González, Eduardo Macaluse, Rubén Giustianini, Jorge Giles, Fernando Melillo, la «hormiguita viajera» Graciela Ocaña, Irma Parentella y, entre otros, Humberto Volando.

Figura votando a favor el cordobés Arnoldo Lamisovsky, un ex cavallista hoy en el bloque PJ que rechaza esa consignación. «Esa ley es un escándalo, tiene que ser vetada. Me ponen votando, pero es un error. La trajeron con el argumento de proteger a los inundados y se subieron los tiburones», clamó en su despacho.

En contra se registró un lote de legisladores que suelen ver bajo el agua; es decir, que ni se engañan ni es fácil engañarlos: Raúl Baglini, Darío Alessandro, Víctor Fayad, José Luis Fernández Valoni, Alberto Natale, Horacio Pernasetti y Alberto Pierri.

En la lista de los ausentes hay también diputados que salieron del recinto, dicen algunos, espantados o porque querían huir de la escena del crimen: los peronistas Ana María Mosso (prefirió esa noche cenar en Campo de Mayo con el detenido ex general Martín Balza), Angel Abasto, Marta Alarcia, Daniel Scioli, Javier Mouriño (menemistas); Manuel Baladrón, Jorge Bucco, Graciela Camaño, Cristina de Kirchner, Rodolfo Frigeri, Norma Godoy, Chiche Duhalde, Dulce Granados, Arturo Lafalla, Dámaso Larraburu, Marcelo López Arias, Adrián Menem, Gerardo Martínez, Rodolfo Martínez Llano, la lolista María del Carmen Alarcón, Alejandra Oviedo, José Pampuro, Rafael Pascual, Lorenzo Pepe, Ramón Puerta, Jesús Rodríguez, Humberto Roggero, Ramón Saadi, Eduardo Santín. También los conservadores Alberto Allende Iriarte, Carlos Balter, Ricardo Bussi, Marcelo Dragan, Fernanda Ferrero; y los radicales Alfredo Allende, Luis Brandoni, Carlos Maestro y Marcelo Stubrin. Se apartaron del rebaño que votó a favor los aristas Mario Bonacina, Alfredo Bravo; y los frepasistas Rafael Flores, Darío Alessandro, Cristina Zuccardi y José Vitar. Ninguno de éstos estuvo ausente porque se hubieran olvidado de que tenían sesión.