Elisa Carrió presentó ayer una acción de amparo contra el Estado para que se declare nula por inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura que el Congreso sancionó en febrero. Carrió se rodeó en su presentación del abogado Roberto Gargarella, profesor de la Facultad de Derecho de la UBA; la filósofa Diana Maffía; la socióloga Dora Barrancos; la abogada Raquel Asensio, y la diputada arista Marcela Rodríguez.
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El escrito que intenta frenar la reducción de miembros en el Consejo no es el primero de su tipo ya que la Cámara Federal tiene en estudio un pedido similar de asociaciones de abogados sobre el que debería expedirse esta semana.
La acción de amparo presentada ayer fue dirigida contra el «Estado Nacional -Poder Judicial de la Nación-, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, a fin de que se declaren nulas por inconstitucionales» las modificaciones a la ley que rige el funcionamiento del consejo de jueces.
«Quienes aquí nos presentamos invocamos una afectación personal a derechos y garantías protegidos constitucionalmente y pretendemos una resolución judicial que ponga fin a la controversia aquí planteada», dice la presentación. «Esta acción no se funda en el interés general en que se cumpla la Constitución y la ley. Por el contrario,pretendemos remediarla situación de vulneración a nuestros derechos y garantías en que nos encontramos», afirma.
Los argumentos son similares a los que Marcela Rodríguez y Carrió presentaron en el recinto de Diputados la noche en que se aprobó la reforma al Consejo que Cristina Kirchner había motorizado desde el Senado.
Allí se dice: «La representación de los abogados y de los académicos se redujo en 50%, mientras la de los legisladores tan sólo se vio reducida en 25% (se eliminaronlas segundas minorías). Ninguna reducción se produjo en la representación del Poder Ejecutivo. Es decir, la reducción de representantes del oficialismo es de 0%».
El ARI sostiene que la integración del Consejo de la Magistratura poco tiene que ver con el triunfo electoral de Néstor Kirchner del año pasado: «El argumento de haber ganado las elecciones, y que entonces ello debe ser proyectado en la integración del Consejo, remite a una dudosa concepción democrática, reducida a la mera regla de mayoría. Democracia sería sinónimo de dar mayor poder y facultades a las mayorías», acusan.
El ARI se maneja en este tema con la tranquilidad de quien no está defendiendo cargos propios. De hecho, el sillón que poseen en el Consejo de la Magistratura, que hoy ocupa Marcela Rodríguez, vence en noviembre y, aunque no se hubiera reducido la composición de ese cuerpo, el cargo no les volvería a corresponder.
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