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Miguel Bonasso
«Estamos ante un nuevo episodio de la farsa que el gobierno de Estados Unidos viene imponiendo a esta comisión por más de una década», declaró Juan Antonio Fernández, director de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Sin medias palabras, el funcionario acusó al presidente del gobierno español saliente, José María Aznar, de haber sido el intermediario entre la Casa Blanca y Honduras para que este último aceptara presentar la referida resolución.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos, Richard Williamson, dijo que su país respaldó la iniciativa frente a la «brutal represión» registrada el año pasado en la isla contra personas «cuyo único crimen ha sido decir la verdad sobre el régimen». El diplomático pidió a los otros 52 países a los miembros del cuerpo que se superen « barreras artificiales de lealtad regional», en alusión a Latinoamérica.
Los representantes chino y ruso apoyaron a Cuba y se mostraron incómodos con la resolución. De distinta opinión fue la representante de la Unión Europea, quien instó al gobierno de Castro a «liberar a los prisioneros políticos y de conciencia», así como a «restaurar la moratoria de la pena de muerte».
• Suave
De lenguaje moderado, la resolución fue considerada por organizaciones no gubernamentales como demasiado suave ante la ola de detenciones registrada hace un año Cuba, que concluyó en condenas de 20 años en promedio.
El documento invita a las autoridades cubanas a «abstenerse de adoptar medidas que podrían poner en peligro los derechos fundamentales, la libertad de expresión y el derecho a un proceso justo». En ese sentido, la comisión -según la cual en la isla se vive «una ola de represión sin precedentes»deplora «los hechos del año anterior en Cuba cuando se pronunció una serie de veredictos en contra de disidentes y periodistas».
El texto insta a Cuba a colaborar con la representante especial de la comisión, la jurista francesa Christine Chanet. Esto implicaría autorizarla a visitar la isla para que investigue directamente la situación de los derechos humanos. Chanet, en un informe hecho público en febrero, había pedido la liberación de los 75 opositores arrestados en marzo y abril de 2003, bajo el cargo de conspirar contra el Estado en connivencia con Estados Unidos.
El breve documento expresa también la «esperanza de que Cuba siga reforzando la libertad de religión e impulsando medidas para la iniciación de un diálogo con todas las corrientes de pensamiento y grupos políticos, a pesar de un contexto internacional precario para promover el desarrollo completo de las instituciones democráticas y de las libertades políticas».




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