El justicialismo -unido hasta con Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf-declaró la guerra política al gobierno. Trabarán leyes en el Congreso, pondrán en marcha concentraciones populares, harán asambleas con gobernadores, legisladores y gremios. Convocaron para mañana al consejo nacional. Indignados, los legisladores justicialistas denunciaron "táctica judicial (fiscal Carlos Stornelli)-mediática (diario monopólico 'Clarín')" en marcha. "A Alfonsín, que nos dejó el gobierno en hiperinflación, no lo citaron en 10 años ni por el affaire Loma de La Lata, ni por el negociado Koner Salgado por 1.000 millones en Tierra del Fuego, ni por los pollos de Mazzorín", dicen indignados legisladores. El insólito fiscal Stornelli pide indagatoria a Carlos Menem como "jefe de la organización" de venta de armas a Croacia por escasos 40 millones de dólares en 1990 para procurar que quede detenido. También como organizadores a Erman González y Martín Balza. Se cree que con acusación de "asociación ilícita" a una reunión del presidente con sus ministros se llegó a la desvirtuación total de esa figura jurídica que ya se aplicó a Víctor Alderete y sus gerentes en el PAMI y lo detuvieron. Sin precedentes en el mundo. "De seguir así un día un juez va a dictar asociación ilícita a una cámara o a la Corte Suprema por tener 3 o más miembros", dijo un veterano magistrado que calificó de "ridículo" a Stornelli. Sostienen que al juez Urso se le fue la causa de las manos. En 1996 Guillermo P. Kelly le presentó un casete sobre el avión de traslado legal de las armas y no actuó. Ahora opera Stornelli. "La última vez que fui preso político (con el Proceso militar) terminé después como presidente de la Nación. Por ahí se me repite", rió y comentó Carlos Menem. Aunque endeble jurídicamente, lo de Stornelli tiende a provocar presión política sobre la Justicia. Sirve al monopolio "Clarín", que busca actos de fuerza agobiado por su deuda de u$s 3.000 millones más u$s 450 millones de previsionales impagos y quiere licuación o ayuda del gobierno aliancista que extienda el ministro Cavallo. El PJ, además de la combinación "mediática-judicial", reacciona contra el descolocado gobierno, habla de "ineptitud" del ministro de Justicia Jorge de la Rúa que ni dialoga con jueces y quiere preguntarle al Ejecutivo por qué el inefable Stornelli no cita al Cavallo, firmante del decreto de venta y miembro de la "asociación ilícita con jefe organizador" que se inventó. Un escándalo político de esta manera se suma a las tonteras que hacen los argentinos en medio de una severa crisis económica y el riesgo de entrar en cesación de pagos.
El fiscal de la Corte Federal, Carlos Stornelli, pidió ayer que se indague a Carlos Menem como presunto «jefe de una asociación ilícita» dedicada a vender ilegalmente armas a Ecuador y Croacia. Hasta anoche, el juez federal Jorge Urso no tenía decidido cumplir con el requerimiento fiscal e incluso podría tomarse varios días para decidir una medida extrema que no será tomada si el dictamen de Urso no se encuentra jurídicamente fundado. El fiscal pidió, además, que se indague como organizadores de esa presunta asociación ilícita al ex jefe del Ejército Martín Balza y al ex ministro de Defensa Antonio Erman González.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La espectacularidad de la medida se resume en el hecho de que en el supuesto de que Urso acceda a lo pedido por Stornelli, debería detener a los imputados como lo hizo con Emir Yoma, quien se encuentra detenido en el escuadrón Campo de Mayo de Gendar mería. La comparación con Yoma no es casual, ya que el ex asesor de Menem le dijo a este diario que «su prisión se produce para justificar la detención de su ex cuñado». Tampoco existirán diferencias con la estrategia de defensa, ya que el ex presidente será patrocinado en esta causa por Mariano Cúneo Libarona, el mismo abogado que defiende a Yoma. También defiende a Yoma en la causa de presunto contrabando el abogado Fernando Archimbald, que, además, defiende a González.
Altas fuentes judiciales aclararon que un pedido de detención del ex presidente como jefe de una organización «no puede sustentarse únicamente en la presunta responsabilidad del ex mandatario por haber sido la máxima autoridad del país que firmó los decretos 1.697, 2.283, del '93, y el 103, de 1995", que permitieron el desvío a Croacia y a Ecuador, ni en la declaración del ex interventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga.
Ayer Menem reiteró que no existe ninguna responsabilidad suya en la venta de armas a Croacia y a Ecuador y defendió la inocencia de sus ministros cuestionados -Guido Di Tella, Oscar Camilión, Erman González-y de Emir Yoma. En ese mismo plano colocó, incluso, a Domingo Cavallo con quien mantiene una dura pulseada por la política económica. Antes de conocerse el pedido de Stornelli dijo: «No hubo venta ilegal de armas, la venta fue totalmente legal. La Justicia lo que está investigando, pienso yo, es adónde fueron a parar los recursos de esa venta legal de armas». Después, Menem no formuló declaraciones, aunque también antes había cuestionado la venta de armas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que «no pasaron por ninguna comisión fiscalizadora» como sí se hizo con estas exportaciones cuestionadas.
También este dictamen apunta a complicar la situación procesal de González porque el próximo 7 de mayo deberá presentarse a declarar ante el juez Julio Speroni en una causa conexa a la principal que investiga el presunto contrabando agravado de 200 toneladas de pólvora y material bélico que fue a Croacia.
Ayer el ex ministro de Defensa se defendió al sostener que, mientras estuvo en ese cargo, sólo se hizo una exportación de armas a Panamá y el material estuvo verificado por la Aduana, habiéndose cumplido todos los requisitos exigidos por ley.
Dejá tu comentario