Boicotean fin de juicio político

Elisa Carrió y los diputados radicales y peronistas que quieren voltear a la Corte Suprema se complotaron ayer para fisurar el principio de acuerdo entre el oficialismo y la UCR para cerrar el juicio político la semana que viene o la siguiente.

La variedad de tácticas contra el máximo tribunal incluye montarse al show de discursos, si se habilita el tratamiento en el recinto, para boicotear el quórum al momento de la votación. Es decir, despotricar contra los 9 ministros cuando la televisión por cable transmite en vivo y arrastrar la mayor cantidad de legisladores para dejar el plenario sin los 129 presentes, imprescindibles para sesionar, sólo cuando llegue el momento de aprobar o no el dictamen de acusación.

Otra posibilidad consiste en adherir en masa al criterio de los radicales que firmaron los cargos a Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Antonio Boggiano, Gustavo Bossert, Augusto Belluscio, Enrique Petracchi y Carlos Fayt. Carlos Iparraguirre, Marta Milesi, Julio Nieto Brizuela y los demás pretenden devolver el despacho a la comisión, de manera tal de mantener viva la amenaza contra los jueces hasta diciembre de 2003 (cuando caduca el dictamen) y no prestarse al juego duhaldista de salvar a la Corte, después de que el mismo Eduardo Duhalde les hubiera pedido en febrero el concurso para decapitarla por haber declarado la inconstitucionalidad del «corralito».

Carrió, el santafesino Iparraguirre, el kirchneriano Sergio Acevedo y el justicialista tucumano Ricardo Falú están convencidos de que el gobierno cuenta con el aval de gobernadores radicales -menos el radical Angel Rozas- y de correligionarios de Diputados de Mendoza, Córdoba, Catamarca, Río Negro y Chubut para evitar que el proceso pase a la etapa de sentencia en el Senado.

Opinan que, recién la semana entrante, se votará una moción de preferencia para la sesión siguiente: es decir, que en 2 miércoles quedaría definitivamente allanado el camino para clausurar el juicio político. Tampoco desestiman que Iparraguirre y compañía puedan imponer en la UCR la negativa a prestarse a cualquier maniobra que facilite la muerte del proceso.

• Embestida

Ayer, hubo nuevas señales de conciliación. Más que explícito, el gobernador de Mendoza, Roberto Iglesias, opinó que, si el justicialismo no logra resolver la embestida contra el noneto de ministros, «el radicalismo tiene que colaborar para que se discuta el tema y se lo termine». A imagen y semejanza de otros gobernadores como el catamarqueño Oscar Castillo, aunque en este caso con perfil público, Iglesias insiste en la necesidad de clausurar este frente de conflicto con el Poder Judicial, preocupado por montos coparticipables que debe girar Nación a las provincias.

El mandatario mendocino propuso «que se enjuicie, que se archive la causa o se tome la medida que se tenga que tomar». Iglesias confesó que en conversaciones partidarias y con dirigentes del oficialismo quedó claro «un criterio mayoritario de que tener a la Corte en vilo es un despropósito». Y reconoció que «lo que se está buscando es el mecanismo para hacer las cosas de la mejor manera posible», por lo que consideró que la semana que viene «ya tendría que estar terminado» el tema.

Afirmó que «uno de los puntos en los cuales no podemos llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario es porque no define la Argentina la situación con la Corte. Si este acuerdo no se logra, las provincias no tendremos financiamiento y seguiremos con este festival de bonos».

A pocos minutos de que Alfredo Atanasof reclamara en conferencia de prensa que los diputados terminen con el juicio político, Julio Nazareno sostuvo que «no hay que pensar que la suerte del gobierno está en manos de la Corte» y consideró «especulaciones periodísticas» las versiones sobre negociaciones entre el gobierno y el máximo tribunal para frenar proceso.

Con menos tacto, otro juez de la Corte, Augusto Belluscio, denunció ayer que «esto no es un juicio político, es una payasada política porque no se toman con seriedad las cosas, se está jugando con las instituciones y con el futuro del país». «Si se destruyen las instituciones, se van a destruir ellos mismos», advirtió el magistrado.

El diputado Falú replicó que el ministro «está solo poniéndose el lazo de otro juicio político». «Hemos resuelto tener coraje, seriedad e independencia, y esto es lo que no soportan estos jueces de la Corte que están habituados a la impunidad, que han sido aliados de los dislates que por más de una década hemos tenido en la República Argentina, que han mirado para otro lado», respondió sobre Belluscio y el resto de los jueces. Falú declaró, asimismo, que «el resultado del proceso en la Cámara baja ya está absolutamente resuelto, pues existe un pacto de impunidad entre las cúpulas de la dirigencia argentina, que hizo decenas de pactos a espaldas del pueblo».

En ese sentido, anticipó que cuando se debata el enjuiciamiento en el recinto va a decir «quién hizo el acuerdo, qué día, en qué lugar, qué funcionario de la Corte intervino de nexo y con qué sectores políticos». «A la luz de todos los argentinos, están negociando canjear que se archive el juicio político a cambio de que la Corte no dolarice la economía», aseveró el diputado peronista. También observó, en alusión a los duhaldistas, que «los mismos legisladores que en febrero dijeron que la Corte era chantajista y decían que había que tratarlos como a enemigos, son los mismos que hoy piden que se archiven las actuaciones».