Congreso, lento para recorte; rápido para aumentar gasto

Alos legisladores les costó votar el déficit cero, pero les sobra inspiración para aprobar gastos. En 62 días hábiles presentaron 59 proyectos de ley que proponen aumentos considerables del gasto público. Hay 16 proyectos que promueven la creación de nuevos organismos estatales, en su mayoría de inútil o cuestionable función; 12 ordenan subsidios y regímenes especiales; 11 piden la creación de fondos públicos; 10 están referidos a la puesta en marcha de planes o programas oficiales; 6 son propuestas de obras públicas; y 1 tiene la intención de crear una universidad nacional en Ezeiza.

Entre los proyectos, se destaca el del senador justicialista de Santa Fe fallecido recientemente, Carlos Funes, que propuso un «Traslado de la Capital Federal al predio de la Guarnición Militar Campo de Mayo», para el año que viene a través de una partida presupuestaria especial de u$s 1.000 millones a financiar en 10 años.

Las ideas parlamentarias fueron presentadas en sesiones ordinarias como proyectos de ley en los días hábiles del primer trimestre del año (entre el 1 de marzo y el 31 de mayo) totalizando 868. De esta manera, 6,8% de las iniciativas parlamentarias aumentarían el gasto, lo que en promedio significaría que por cada día de trabajo en el Congreso, los legisladores presentaron 1 proyecto de ley de ese estilo para el país.

Así, surge de un informe titulado «Burocratómetro» realizado por Gabriel Salvia, director de Fundación Atlas que además indica, en cuanto al origen partidario de los proyectos que, 32 corresponden al justicialismo, 21 a la Alianza y 6 a otras agrupaciones.

Entrando en detalles, en la Cámara de Diputados los legisladores presentaron un total de 701 proyectos de ley, de los cuales 44 proponen un incremento del gasto. En la Cámara alta los senadores nacionales propusieron un total de 167 proyectos de ley, de los cuales 15 están contra el ajuste.

Mismos niveles

En comparación a 2000 donde se presentaron en total 176 proyectos de ley que implicaban un aumento del gasto público, «este informe del primer trimestre de sesiones ordinarias de 2001 estaría indicando que la tendencia parlamentaria a aumentar el gasto público se mantiene en los mismos niveles», dice Salvia.
El diputado rionegrino de la Alianza, Roberto De Bariazarra por caso, presentó «el régimen para promover la sustentabilidad del pequeño y mediano productor frutícola», que en su artículo quinto ordena: «Institúyase un fondo frutícola, de ciento veinticinco millones de pesos ($ 125.000.000), que será incluido en la Ley de Presupuesto Nacional».

Otra idea similar, fue ocurrencia del diputado justicialista Mario Cafiero: «créase el fondo solidario contra la antiusura (FOSA)», que no deberá ser inferior a los $ 20.000.000 (veinte millones) anuales, según lo indica su artículo 11.

El proyecto más ambicioso y millonario, fue de la autoría del diputado tucumano Alfredo Neme-Scheij y otros, de la Alianza. El legislador estableció que a través de un «régimen de promoción de inversiones en las provincias de la periferia argentina» para el cual, dice, «debe autorizarse al Ejecutivo a contraer endeudamiento por dos mil millones de dólares de los Estados Unidos (u$s 2.000.000.000) o su equivalente en moneda nacional».

Dos diputados de la Alianza, Elisa Carrió y Jorge Rivas, fueron quienes presentaron más de un proyecto que implicaría un aumento del gasto. Carrió propuso con otros, la «creación del programa nacional de salud reproductiva» y la «creación del fondo de ingreso ciudadano de la niñez (Fincini), para atender el financiamiento de asignaciones monetarias para jóvenes de hasta 18 años de edad». Rivas intentó un «régimen para crear el sistema nacional de apoyo a los procesos de regionalización y microrregionalización». En función de las condiciones presupuestarias vigentes en cada año la Jefatura de Gabinete podrá asignar para este propósito un nivel de recursos financieros estimado entre 0,15 y 0,25% del PBI nacional ( u$s 600 millones anuales, en promedio, según situación vigente hasta marzo de 1997).

Otros proyectos simpáticos fueron el de la diputada justicialista Dulce Granados, que propuso la creación de un museo nacional del folklore en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Nación y de un monumento dedicado al artista folklórico argentino, cuyo lugar de emplazamiento será determinado por la Secretaría de Cultura de la Nación. En esa línea, se encuentra la diputada por Misiones Mabel Gómez de Marelli, de la Alianza, que buscó instituir el «premio anual al mérito docente, Honorable Congreso de la Nación y la creación de una comisión técnica para analizar y evaluar la postulación al mismo»; y el diputado justicialista Lorenzo Pepe, que propuso la «creación de una comisión especial para la construcción de un edificio para el funcionamiento de la Biblioteca del Congreso de la Nación».