Congreso: oficialismo juega a cargar la agenda de sesiones extraordinarias tras ajuste

Política

Operadores deslizan amenaza de Casa Rosada para apurar polémicas leyes de góndolas y alquileres. Diputados tiene que sancionar freno a Pacto Fiscal. Senado debe analizar pliegos del Banco Central. Legisladores esperan iniciativas sobre congelamiento de jubilaciones de jueces y diplomáticos.

Tras el inicio de año, y con un Ejecutivo que ya cuenta con un festín de emergencias, impuestos y achatamientos de jubilaciones, el Congreso espera, para la segunda quincena de enero, la reactivación de la actividad pese a que se encuentra vigente la prórroga de sesiones extraordinarias hasta fin de febrero. En las últimas horas, la Casa Rosada agitó, a través de operadores un temario aún más amplio, que incluiría las polémicas leyes de góndolas y alquileres.

Lo que sí tiene asegurado el Congreso es apurar la sanción del freno al Pacto Fiscal en Diputados y el guiño a pliegos de varios designados en el Banco Central, en el Senado. Además, ambas cámaras esperan a que el Ejecutivo envíe los demorados proyectos para frenar las actualizaciones jubilatorias en jueces y diplomáticos, quienes quedaron fuera del congelamiento votado días atrás. De la parte política, por ahora se hace silencio.

En medio de juegos auspiciados por voceros extraoficiales, la realidad del Congreso marca dos prioridades clave para el kirchnerismo en el Congreso durante el primer semestre de 2020, ya sea en sesiones extraordinarias o en las ordinarias, que se iniciarán el 1 de marzo: el aval a un potencial acuerdo por renegociación de deuda y la urticante reforma integral de la Justicia que aún piensa el Ejecutivo.

Góndolas

El tema fue activado por la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió -luego se subió a ese carro la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, para el tramo local-, y la entonces oposición aprovechó un desliz del oficialismo para alzarse con un dictamen de mayoría -ya se votó en el recinto de Diputados, por lo que resta la sanción en el Senado- que celebra, entre otros, el mandamás de los piqueteros papales y simpatizante cristinista, Juan Grabois.

La iniciativa establece que la exhibición de un producto no podrá superar el 30% del espacio disponible que comparte con productos de similares características y diferente marca. Además, se tendrá que garantizar un 25% del espacio disponible para productos de similares características y diferente marca, para la exhibición de productos elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales inscriptas en el registro de “Mi PYMES” y/o en el ReNAF; y un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina o indígena y los sectores de la economía popular.

Por otra parte, los productos de menor precio -conforme la unidad de medida- se encontrarán a una altura equidistante entre el primer y último estante de las góndolas. En locaciones virtuales, deberá garantizarse que las ofertas de menor precio -conforme la unidad de medida- se publiquen en la primera visualización de productos de la categoría en cuestión.

En cuanto a islas de exhibición y exhibidores contiguos a las cajas, habrá que facilitar productos elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales inscriptas en el registro de “Mi PYMES” y/o en el ReNAF, o los que en el futuro los reemplacen, en un 50%. En el dictamen opositor también se proponen controles estrictos para no demorar el pago a proveedores -60 días- y un código de buenas prácticas para la distribución mayorista y minorista.

Alquileres

A fines de noviembre pasado, y en la misma sesión en la que Diputados aprobó la ley de góndolas se avaló un más que discutido y demorado proyecto de alquileres, que activará varios cambios en las relaciones entre propietario-inquilino y supuestos beneficios a favor de los casi nueve millones de habitantes que alquilan en el país, según confiaron en el recinto los legisladores del oficialismo y la oposición. No obstante, las modificaciones propuestas y los mayores controles desde el Estado generan polémica en el mercado inmobiliario y dudas en cuanto al objetivo de fondo de la iniciativa -y más que necesario-, que es equilibrar ante ciertas desigualdades.

La iniciativa propone un plazo mínimo de la locación de tres años y no se podrá forzar “el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes” y “depósitos de garantía o exigencias asimilables, por cantidad mayor del importe equivalente al primer mes de alquiler”. Además, el locatario propondrá al menos dos de las siguientes garantías: título de propiedad inmueble; aval bancario; seguro de caución; garantía de fianza o fiador solidario; y garantía personal del locatario que se documentará con recibo de sueldo.

A la hora de los ajustes, estos deberán efectuarse bajo un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE)”. En tanto, el locatario no tendrá a su cargo el pago de las expensas comunes extraordinarias. Sí las que deriven de gastos habituales, entendiéndose por tales los servicios normales y permanentes a disposición del locatario, independientemente de que sean considerados como expensas comunes ordinarias o extraordinarias.

Por último, los contratos necesitarán ser declarados por el locador ante la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP), dentro del plazo, en la forma y con los alcances que dicho organismo disponga.

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