El ex presidente Fernando de la Rúa fue nuevamente sobreseído en la causa por su presunta responsabilidad en los homicidios de 5 manifestantes el 19 y 20 de diciembre de 2001, en inmediaciones de Plaza de Mayo y el Obelisco, hechos que precipitaron su renuncia.
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Así lo decidió el juez federal Claudio Bonadío luego de ordenar varias medidas de prueba sugeridas por la Cámara Federal, la cual en diciembre de 2009 había revocado su anterior sobreseimiento.
El 7 de abril de 2009 el juez Bonadío ya había sobreseído al ex presidente, pero la Cámara Federal revocó esa medida y ordenó profundizar la investigación en lo relativo a una supuesta reunión en la que la cúpula de la Alianza habría adoptado la decisión de "liberar de manifestantes la Plaza de Mayo para acordar con el justicialismo la sustentabilidad de su Gobierno".
Antes, en octubre de 2007, el juez había procesado a De la Rúa por encontrarlo "prima facie" autor penalmente responsable de los delitos de homicidio imprudente (cinco hechos) y de lesiones culposas (ciento diecisiete hechos), pero la misma fue revocada por la Cámara la cual entendió que no estuvo probada que De la Rúa haya impartido órdenes del operativo de seguridad.
No obstante, en reiteradas oportunidades De la Rúa negó que él haya ordenado el operativo policial, que emprendió una brutal represión, y por otra parte que ese dispositivo no estuvo a su cargo.
Bonadío explicó en su resolución de 48 carillas que "los responsables de la Secretaría de Seguridad y del Ministerio del Interior, por su posición funcional, deberían contar con información directa y pormenorizada sobre el desarrollo del cumplimiento de las órdenes que se habían impartido".
A ellos les adjudicó además "la capacidad -además de la obligación- de modificar cualquier situación que pudiera ser indicativa de la existencia de excesos por parte del personal policial".
Así cargó la responsabilidad sobre el entonces secretario de Seguridad Enrique Mathov.
Además, el juez consideró que al momento de tomarle declaración testimonial al ex subsecretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior Lautaro García Batallán, éste negó haberle dicho el 20 de diciembre de 2001 a diputados de la oposición que De la Rúa participó de una reunión en Olivos con otros funcionarios donde acordaron emprender el operativo de represión.
Incluso explicó que al carear a Batallán con algunos de los diputados a los que les habría hecho esa confesión, Marcela Bordenave y Luis Zamora, entre otros, el ex funcionario dijo no recordar cuales fueron los términos de esa conversación.
Bonadío sostuvo que "no puede afirmarse exactamente los términos en que García Batallán pudo haber efectuado su comentario, pues existe alguna discrepancia significativa entre lo expresado por cada uno de sus interlocutores".
Por ello el juez entendió que ésta prueba y otras no prueban la existencia de la reunión en Olivos aquella mañana del 20 de diciembre de 2001 donde se habría dado la orden de remprimir.
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