Despidieron a 800 trabajadores del Renatea

Gerónimo "Momo" Venegas

A través de un aliado gremial, el Gobierno nacional rompió su promesa de frenar los despidos y barrió hasta 800 puestos de trabajo del Registro Nacional Trabajadores Agrarios (Renatea), que se ocupa de fiscalizar el trabajo rural.

Según revelaron varios medios, la Nación homologó la semana pasada un acuerdo entre el Renatea y el sindicato de estatales UPCN que permite desplazar entre 600 y 800 trabajadores del organismo rural.

No es casualidad que los despedidos son todos empleados contratados entre el 23 de enero de 2012 y el 21 de marzo de 2016, período en el cual el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (Uatre), Gerónimo "Momo" Venegas, perdió el control del registro por decisión del gobierno de Cristina de Kirchner.

Según consideran los sindicalistas, el "desguace" del organismo es un objetivo compartido que comparte las cámaras empresarias del campo y el jefe de los peones rurales, un aliado incondicional de Cambiemos, que tras la asunción del Presidente recuperó el control del Registro.

El acta entre Renatea y UPCN deja sin efecto el Convenio Colectivo de Trabajo del sector y considera "extinguida" la relación laboral de los contratados desde 2012, aunque prevé una indemnización de hasta seis meses de sueldos.

La justificación de los nuevos despidos masivos en el Estado es un fallo de la Corte Suprema que en noviembre del año pasado admitió un cuestionamiento a la ley 26.727 -sancionada en el kirchnerismo-, que le quitó a la Uatre y a las entidades patronales del agro el manejo del antiguo Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y creó en su reemplazo el Renatea.

El "Momo" logró tiempo atrás que los supremos Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt, le devuelvan el control de la entidad y ahora aprovechó ese guiño judicial para despedir trabajadores.

"Es un disparate, una locura", remarcaron trabajadores pampeanos. De las 30 personas que trabajan en la delegación de Entre Ríos al menos 25 se quedarían en la calle. "Todos somos afiliados a UPCN que firmó un convenio en mayo del 2015 donde se nos da la estabilidad laboral y en el artículo Nº 19 - que trata del egreso del empleado público - dice que de haber disolución se nos da la posibilidad de ser reubicados o de recibir una indemnización no menor a seis sueldos; ése era el espíritu general de la norma", comentó Santiago Aguirre en declaraciones a la agencia APF. En la ciudad de Concordia los perjudicados serían seis de los ocho empleados actuales y por eso convocaron a una marcha para este jueves.

El nuevo mandamás del Registro, Ramón Ayala, que responde a Venegas, ya concretaron una primera tanda de despidos. Tampoco fue casualidad que haya iniciado el desplume por el área de investigaciones económicas y sociales vinculadas a la vida rural. Esa dependencias se realizó un estudio que Venegas no hacía sobre la informalidad en el sector, que determinó que del total de peones que figuraban en el Renatre a fines de 2011, sólo el 42% tenía aportes registrados por la AFIP, mientras que a fines de 2015 esa cifra había subido al 84%.

En tanto, el subdirector general a cargo del organismo, Ayala, aseguró que el Renatea "en sus cuatro años de existencia triplicó el personal con que contaba". El funcionario indicó además que al 31 de diciembre de 2015 había 888 trabajadores e insistió en que el organismo "triplicó su carga salarial en relación al pago de las prestaciones sociales mensuales, objetivo central junto al registral de su creación".

Por otra parte, el fiscal titular de la la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas, Marcelo Colombo, reveló que desde la asunción de Macri la repartición de Venegas dejó de presentar denuncias de explotación laboral en el campo.

Según datos del propio Registro, desde 2013 se fiscalizaron 1.780 establecimientos rurales, donde se desempeñan 154.000 trabajadores, y a 11.700 empleadores. En ese período, se realizó más de 1.000 denuncias de trata, explotación laboral e infantil. Hoy, las inspecciones y detecciones de casos e irregularidades están paralizadas.