España rechaza contaminar pero busca retener empleos

Política

Pontevedra - Queda claro que la percepción que tiene Europa de la necesidad de preservar inversiones no es la misma que impera hoy en el conflicto entre la Argentina y Uruguay por la instalación de las plantas en Fray Bentos. Huelva, donde la empresa ENCE tiene una de sus plantas de celulosa, e incluso Pontevedra, otra de las sedes que la empresa española tiene para procesar pasta celulósica y productos derivados de la madera, también producen a gran escala a pesar de la pelea que mantiene con el alcalde local. En todos los casos, y a pesar de los conflictos, se ha privilegiado el mantenimiento de los puestos de trabajo, pero incrementando hasta la máxima sofisticación los controles ambientales con costos compartidos entre el gobierno local y las empresas. Huelva es, quizás, el ejemplo más claro de esto. La historia arranca hace sesenta años, cuando en el gobierno de Francisco Franco decidió generar allí un polo industrial con preeminencia de empresas del sector químico en todas sus variantes.

La falta de legislación ambiental en aquella época y las desprolijidades del franquismo llevaron a que Huelva y su ría se convirtieran en, quizá, la zona más contaminada de España. Confluyeron para eso las emisiones y los vertidos de tres polos industriales con decenas de empresas, dentro de los cuales se consideró que el peor caso fue el de los «fosfoyesos», residuos generados por la planta de fertilizantes Fertiberia con emisiones radiactivas de distintos niveles, máximo problema ambiental que todavía enfrenta la ciudad. A ese ejemplo deben sumarse la producción, por ejemplo, de Atlantic Copper o Foret. En muchos de esos casos, las empresas fueron en origen estatales, como lo fue ENCE antes de pasar a dominio de fondos de inversión, cajas de ahorro locales y mayormente de inversores en acciones que flotan en el mercado. «Las prácticas industriales de esa época se fundaban sólo en la rentabilidad y no se hacía el mínimo caso al medioambiente», aseguran en el gobierno autónomo de Andalucía.

De ese momento a la actualidad, la situación parece haber cambiado sustancialmente. Tanto el delegado del gobierno Andaluz en Huelva, Justo Mañascomo ambientalistas localesy los propios habitantes reconocen que la ciudad recuperó sensiblemente su calidad de vida. El método fue incrementar progresivamente los controles sobre la emisión de las empresas, obligarlas mediante la rígida legislación española y de la Unión Europea en materia ambiental, como la norma BAT, a ajustar su nivel de emisiones y un acuerdo continuo de información y control con cada uno de los integrantes de los polos industriales.

Tres son los elementos que se tomaron en cuenta para ese plan:
modificación de las estructuras productivas, legislación modernizada y la obligación a las empresas a mejorar la calidad ambiental, pero como estrategia de mercado. Hoy, una empresa española que no respete los niveles de emisión o no los compense con los «certificados ambientales» que ya cotizan en el mercado que opera hace ya dos años debe pagar y comprarlos para compensar desfases en sus emisiones de efluentes. Si no lo hace, difícilmente tenga abierto el mercado de compradores de su producción en la Unión Europea.

Es un esquema de control avanzado que difícilmente funcione al comienzo en Latinoamérica, pero que su violación en Europa
supone desde la clausura de producción en una planta hasta multas y sanciones penales. De esa forma, han desaparecido efectos perniciosos de algunas empresas, como el famoso olor a «repollo podrido» que generan los hornos que, por el proceso Kraft, separan en ENCE la celulosa de las astillas de madera.

Hace 20 años, la ciudad estaba impregnada de ese olor y hoy no se percibe siquiera en las inmediaciones de la planta.

Las pruebas del nuevo aire más limpio en Huelva, después de haber establecido los mecanismos de control, es que
las aves han retornado a los dos reservorios que Huelva tiene sobre la costa, como las Marismas de Oriel, lo que, por otra parte, trajo una nueva preocupación: gracias a eso, es la zona más expuesta de España a la gripe aviaria por recibir bandadas de aves provenientes de Africa. De todas formas, el famoso olor que temen los habitantes de Gualeguaychú -la planta de ENCE está a 34 kilómetros de esa ciudad y en Huelva a menos de seis- no es el principal problema contaminante, ya que se trata sólo de la emisión de mercaptano, un gas que en la Argentina se conoce de sobra por ser inocuo y utilizarse para dar olor al gas domiciliario para detectar una posible fuga, ya que éste es inodoro.

Más complicado, en este caso, es el manejo de los efluentes.
El gobierno de Huelva y el Autónomo de Andalucía tienen incorporadas a su presupuesto partidas para mantener el control de emisiones en tiempo real de cada empresa.

Existen cuotas de efluentes que pueden volcarse a la ría -lo hacen en realidad en cañerías que corren por debajo del agua y salen cerca de la boca con el océano- y sensores colocados en cada fuente de emisión que transmiten continuamente la cantidad de cada gas que se libera a la atmósfera.
Toda esa información se procesa en una central del gobierno que controla las 24 horas, y los resultados son emitidos continuamente en cuatro pantallas colocadas en esquinas céntricas de la ciudad.

• Perfil

Es obvio que las empresas publicitan esas acciones ambientales para levantar su perfil ante los ciudadanos y, en ese marco, incluso, promueven tecnología para aprovechamiento de energía, como la obligación progresiva a cada planta de generar la propia energía que consume utilizando biomasa -derivados, restos y subproductos vegetales- o combustibles «limpios».

Tan publicitado como que
ése es el sistema que utilizará ENCE en Fray Bentos para producir electricidad que venderá al mercado uruguayo, otra fuente de ingresos prevista. La regla parecería ser, de acuerdo con el gobierno andaluz, que contaminar tiene que resultar más caro que tomar las medidas precautorias: «Hoy en día, la tecnología industrial permite casi todo», asegura Mañas.

El caso de Pontevedra parecedistinto. Hoy ENCE abrirá su planta en esta ciudad a periodistas argentinos de todos los medios. Es la planta que utiliza, para blanquear la pasta de celulosa, el sistema más recomendado por la Unión Europea -el TCF y no el ECF, como sí lo hacen en Huelva y lo harán en Fray Bentos-, aunque
el problema parece mezclarse en una guerra ambientalista que tiene también mucho de inmobiliaria.

El alcalde local,
Miguel Anxo Fernández Lores, mantiene una guerra con ENCE bien conocida en la Argentina para que la planta se traslade de la costa de la ría de Pontevedra, algo que la legislación nacional de España obligará a hacer a todas las empresas ubicadas sobre el agua en 2018. Pero el lugar de reubicación posible de ENCE es en las afueras de Pontevedra. El lugar que hoy ocupa quedó rodeado por barrios de Pontevedra, y el alcalde quiere tener a la empresa lo suficientemente lejos como para que sus emanaciones de olor no lleguen al centro de la ciudad y los suficientemente cerca como para mantener el cobro de impuestos y la fuente de trabajo. En su lugar -un terreno fiscal cedido a la planta cuando se construyó-, se espera desarrollar una de las nuevas urbanizaciones que están surgiendo al ritmo de construcción desenfrenado que puede verse en el norte de España.

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