Santiago del Estero - Los santiagueños tienen, desde el viernes pasado, una nueva Constitución. Los convencionales habilitaron, en menos de una semana, la caducidad de todos los mandatos provinciales para el 31 de octubre próximo y la reducción de concejales en los municipios, entre otras reformas.
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El retoque de la Carta Magna es el punto culminante de una movida política que comenzó meses atrás con la declaración de la «emergencia política» en la provincia. Esta fue proclamada a instancias del máximo caudillo peronista de Santiago del Estero, Carlos Juárez, para desafiar la proclama «que se vayan todos» que gozaba de amplia difusión en otros puntos del país. Finalmente, el 15 de setiembre pasado, las adelantadas elecciones para determinar gobernador, vice, diputados provinciales y constituyentes dieron ganador al PJ por más de 68% de los votos.
De esta manera, el actual gobernador Carlos Díaz renovará su cargo a fines de este mes, jurando, además, en el marco de una Constitución renovada respecto de la última versión de 1997.
Además de la cláusula que caduca los mandatos, las principales disposiciones versan sobre el régimen municipal. Las comunas de primera categoría -entre las que se encuentra la capital santiagueñacontarán con 12 concejales; las de segunda categoría, con 9; y las tercera, con 6 ediles que, en este caso, trabajarán ad honórem. En los pueblos con menos de 2 mil habitantes, el gobernador podrá designar un comisionado municipal para ejercer el gobierno.
Por otra parte, la Legislatura estará habilitada a intervenir los municipios mediante el voto de los dos tercios de sus miembros (lo que el oficialismo tiene asegurado: goza de 35 de las 50 bancas). También se autorizó por única vez «la reelección de los mandatos de los actuales intendentes».
La nueva Constitución dispone que el presupuesto de la Legislatura «no podrá superar 1% del presupuesto provincial» y habilita al Parlamento a dictar leyes orgánicas de los institutos de Comercio Exterior, Ciencia y Tecnología.
En tanto, las comisiones permanentes de la unicameral podrán aprobar, con el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes, proyectos de comunicaciones y declaraciones.
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