Finaliza la feria judicial y se retoman varias investigaciones resonantes

Tribunales de Comodoro Py.

La Justicia reanudará la semana próxima su actividad regular tras la feria, y se reactivarán varias causas resonantes como la del espionaje ilegal que involucra al Gobierno porteño y la de la "mafia de los medicamentos" que tiene como principal imputado al sindicalista Juan José Zanola, entre muchas otras.

Una de las mayores expectativas está puesta en qué hará el juez federal Norberto Oyarbide, en la causa por el espionaje ilegal, y si resuelve convocar como imputado al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y al ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro.

El magistrado había adelantado que cabe la posibilidad de que cite a ambos funcionarios en calidad de imputados, luego de que la Cámara Federal porteña, su superior jerárquico, lo instara a profundizar en la cadena de responsabilidades políticas del caso.
La investigación se inició por las escuchas telefónicas detectadas al teléfono del empresario Carlos Ávila y al de Sergio Burstein, familiar de víctimas de la AMIA, entre otros.

Además, el juez tiene pendiente resolver la situación procesal del renunciado ministro de Educación porteño, Mariano Narodoswski, luego de tomarle declaración indagatoria en diciembre pasado, por su presunta responsabilidad en la contratación para trabajar en dicha cartera del espía Ciro James, procesado y detenido como uno de los principales acusados.

También está procesado por varios delitos y con prisión preventiva el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge "Fino" Palacios, quien pidió su excarcelación así como la nulidad de toda la causa a la Cámara Nacional de Casación Penal.

Otra de las causas que tiene a su cargo Oyarbide, es aquella donde se investiga la comercialización de medicamentos adulterados, en donde el titular del gremio Bancario, Juan José Zanola, está procesado y detenido como presunto "jefe" de una asociación ilícita presuntamente dedicada a dicha maniobra.

Si bien el juez ya procesó a Zanola, al ex subsecretario de Control Sanitario Bonaerense, Alberto Costa; a la viuda de una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, Solange Bellone, y al titular de droguería San Javier, Néstor Lorenzo, entre muchos otros, se prevé que en los primeros días de febrero, la Cámara Federal se defina sobre los varios pedidos de excarcelación presentados por los imputados.

No obstante, Oyarbide debe definir si coincide con el pedido del fiscal federal Luis Comparatore y convoca a indagatoria al ex superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, y entonces recaudador de la campaña de Cristina Kirchner.

También se prevé que cobre un fuerte impulso la investigación por el atentado a la mutual judía AMIA, en el que murieron 85 personas el 18 de julio de 1994, ya que el fiscal de la causa, Alberto Nisman, podría ordenar la captura del ex reducidor de autos Carlos Telleldin.

En diciembre pasado, la Cámara de Casación ordenó que se vuelva a investigar a Telleldin por su vinculación con la camioneta que se utilizó para volar la AMIA, y que realice un nuevo análisis de la causa para determinar si es necesario volver a sustanciar un juicio oral y público.

En los Tribunales Federales de Comodoro Py 2002 se reanudará la investigación contra funcionarios y ex, por su presunta implicación en hechos de corrupción.

Por lo pronto, se prevé que finalmente la ex secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti se presente a prestar declaración indagatoria por presunta malversación de fondos públicos, luego que la jueza federal María Servini de Cubría postergara una convocatoria fijada en diciembre pasado ya que la ex funcionaria había viajado a la Cumbre Climática de Copenhague.

En esa causa, ya concurrió a declarar como imputado el senador nacional Luis Juez, quien pidió la nulidad de la causa.

Picolotti y Juez están imputados por presunta malversación de fondos destinados a la ejecución de planes ambientales, que se habrían utilizado para otros destinos.

También se retomará la investigación sobre ex funcionarios kirchneristas que se alejaron de la función pública durante el 2009: el entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime, y quien estaba al frente de la secretaría de Medios, Enrique Albistur, ambos acusados por presunto enriquecimiento ilícito.

Jaime está cuestionado por la presunta compra de un avión valuado en 4 millones de dólares, una lujosa embarcación y varias propiedades en la provincia de Córdoba, de donde es oriundo.

Poco antes de finalizar el año, el juez Oyarbide, a cargo del expediente, recibió varios informes del Registro de la Propiedad de Córdoba, a partir de los cuales darían cuenta que las cinco propiedades pertenecen a Jaime.

En tanto que Albistur, quien también es investigado por Oyarbide por su presunta responsabilidad en el reparto irregular de la publicidad oficial, enfrenta una acusación por la supuesta compra de varias propiedades millonarias, así como por la presunta posesión de varias cuentas bancarias.

Por la investigación de presunto enriquecimiento ilícito, el juez federal Julián Ercolini ordenó a varios organismos públicos, como la AFIP y Registro de la Propiedad, y a varias entidades bancarias una serie de informes para poder avanzar en la pesquisa.

El conflicto que estalló durante el verano entre el Banco Central y el Gobierno Nacional, también generó una multiplicidad de causas en el fuero criminal federal, que seguirán su curso una vez iniciada la actividad judicial, y pese a que muchas de ellas fueron habilitadas por el juez Oyarbide- quien tiene la mayoría de ellas- durante la "feria" de enero.

Se trata de denuncias del Gobierno Nacional contra Martín Redrado, por haber resistido a dejar su cargo al frente del Banco Central, y de éste por habérsele impedido su ingreso a dicha entidad bancaria, así como otras contra Cristina Kichner, por los dos DNU que firmó disponiendo la remoción del funcionario y la habilitación de reservas para pagar parte de la deuda externa.

En cuanto a los juicios, retomará sus audiencias, aunque algunas se realizaron en verano, del juicio que se sigue contra Alfredo Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta, entre muchos otros, por su presunta participación en delitos de lesa humanidad en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), durante la última dictadura militar.