Fiscal dictamina a favor del DNU de reperfilamiento

Política

Miguel Ángel Gilligan emitió un dictamen en el que rechaza un amparo contra el decreto de Mauricio Macri que pospone vencimiento del pago de títulos de deuda pública nacional de corto plazo. Sin embargo, sostuvo que hay casos que justifican un trato diferenciado.

El fiscal en lo contencioso administrativo federal Miguel Ángel Gilligan emitió un dictamen en el que rechaza un amparo contra el decreto de Mauricio Macri que pospone vencimientos del pago de títulos de deuda pública nacional de corto plazo, aunque sostuvo que hay casos que justifican un trato diferenciado.

La Justicia ayer informó que el fiscal consideró que corresponde rechazar un amparo que cuestionó el Decreto de Necesidad y Urgencia 596/2019 que estableció un nuevo cronograma de pagos de títulos de la deuda pública, aunque consideró que la “reperfilación” de activos solo es constitucional en la medida en que no se acrediten circunstancias especiales que justifiquen un trato diferenciado.

Alegó que corresponde rechazar el amparo interpuesto por una persona contra el DNU -actualizado mediante el Nº 609/2019-, al considerar que no se demostró cuál fue la afectación patrimonial sufrida por la postergación del pago de títulos de deuda pública nacional.

Además el fiscal consideró acreditados los requisitos que habilitaron al Poder Ejecutivo Nacional a ejercer la función legislativa excepcional prevista en el artículo 99 de la Constitución Nacional.

No obstante, Gilligan concluyó que la “reperfilación” de activos es constitucional en la medida en que no se acrediten circunstancias especiales evaluadas en diversas oportunidades por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), según publicó el sitio fiscales.gob.ar.

En ese sentido, citó los precedentes “Iachemet, María Luisa c/Nación Argentina (Armada Argentina)”, “Escobar, Héctor Oscar c/Fabrizio Daniel -Municipalidad de Quilmes y Ejército Argentino”, o “Petrelli, Claudio Omar c/Ministerio del Interior- Policía Federal” entre muchos otros-, en los cuales su aplicación importaría “la degradación de la sustancia del derecho, ya sea por la edad de la persona afectada, la necesidad de su atención inmediata, la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba, o la naturaleza alimentaria del crédito y la situación de indigencia del demandante”, que justifican un trato diferenciado.

El fiscal dictaminó que la “reperfilación” de activos es constitucional en la medida en que no se acrediten circunstancias especiales que justifiquen un trato diferenciado.

El caso

Una mujer, al interponer el amparo, relató que el 15 de agosto de 2019 suscribió al fondo común de inversión “Cima Renta Dólares Corto Plazo FCI”, administrado por Cima Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, que contaba con inversiones en Letes.

Luego, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución General nº 806/2019 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), solicitó el rescate total de su tenencia, debiendo abrir una cuenta comitente a efectos del pago en especie de las Letes.

El cuestionamiento fue dirigido a que se haya establecido como fecha de corte el 31 de julio de 2019, al considerar que se trató de una medida que “no cuenta con fundamentación alguna, ni razonabilidad suficiente, que justifique no haber sido excluida de la reprogramación realizada”, reseñó el fiscal.

Al respecto, la amparista evaluó que, mientras un tenedor de los activos reperfilados a la fecha citada se encuentra en situación de que al momento del vencimiento se le abone al 100%, en su caso los nominales correspondientes a las Letes de su titularidad fueron alcanzados por la reprogramación de los vencimientos. Estimó, en consecuencia, que “por haber ingresado con quince días de diferencia, se la perjudica otorgándole un tratamiento diferenciado sin argumento alguno, razón por la que pretende se la excluya de la reprogramación que la normativa impugnada establece”.

En el dictamen presentado ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8, Gilligan sostuvo que la parte actora planteó una cuestión patrimonial producto de una inversión, pero “sin demostrar efectivamente cuál es su situación patrimonial, financiera o económica y la afectación sufrida mediante las normas debatidas”.

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