Gobierno oficializó la cobertura de 31 cargos judiciales

El Gobierno Nacional oficializó ayer nombramientos de 31 cargos judiciales mediante sendos decretos publicados en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria.

Así fue nombrado Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala V, Gabriel de Vedia, y como Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala B, María Guadalupe Vásquez. Será la tercera camarista que lleva cuando ese tribunal debe analizar un caso de alto impacto como el del Correo Argentino de la familia Macri. De Vedia, a su vez, testificó en el marco de la causa que se le sigue a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón por las presiones ejercidas contra la exprocuradora Alejandra Gils Carbó.

El Gobierno nombró además a los jueces Gonzalo Auguste, María Pilar Rebaudi Basavilbaso, María Claudia del Carmen Pita, Walter José Candela, Maximiliano Dialeva Balmaceda, Gustavo Javier Alterini, Hugo Daniel Navarro, Diego Leonel Freedman, Matías Ariel Buenaventura, Enrique Jorge Bosch, María Virginia Sansone, Diego Manuel Paz Saravia, y a Alejandro Jorge Nobili.

En tanto, fueron nombrados además como vocales de distintas Cámaras Florencia Nallar, Juan Perozziello Vizier, Juan Carlos Bonzón, Patricia Silvia Russo, Andrea Érica García Vior, José Alejandro Sudera, Enrique Catani, Marisa Sandra Sorini, y Carlos Alberto Calvo Costa.

Asimismo, se oficializó como defensor público de víctima en Tierra del Fuego a Pablo Alfredo Candela; como defensor público ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Entre Ríos, a Iván Javier Gueler; como defensora pública ante los tribunales orales en lo Penal Económico de la Capital Federal a María Laura Lema; y a la defensora pública de víctima de Catamarca, Mariana Beatriz Vera.

También se estableció el nombramiento como la defensora pública ante los tribunales federales de Paraná, de Noelia Quiroga; y Romina Alicia Magnano como defensora pública ante los juzgados federales de primera instancia en lo Criminal y Correccional de Morón, Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, el Ministerio Público oficializó como fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de Tucumán a José Agustín Chit.

Todos habían tenido su acuerdo en el Senado y partían de acuerdos políticos desde el propio Consejo de la Magistratura para que sus ternas fuesen aprobadas.