Dos fiscales de la Capital Federal ordenaron ayer a la Prefectura identificar a los asambleístas de Gualeguaychú que intenten impedir la salida de pasajeros desde el puerto de Buenos Aires hacia Uruguay a través de Buquebús. Los fiscales, dependen políticamente del procurador general de la Nación, Esteban Righi, uno de los funcionarios que en las últimas horas había hablado del tema con Néstor Kirchner. La actitud muestra una diferencia radical frente a la estrategia de «disuación» que el Presidente manifiesta ante los cortes de los puentes de Gualeguaychú, y supone la primera acción directa de las fuerzas de seguridad ante el conflicto por las papeleras de Fray Bentos.
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La orden de los fiscales llega además en momentos en que integrantes de organizaciones sociales porteñas y bonaerenses analizan concretar un bloqueo a terminales portuarias para impedir la salida de buques a Uruguay y luego de que ambientalistas entrerrianos postergaran una decisión similar.
Los fiscales contravencionales Martín Lapadú y Gabriel Unrein dirigieron una nota al prefecto mayor Ricardo Insaurralde, mediante la cual le hicieron llegar un instructivo sobre cómo proceder en casos de esta índole y le recordaron las normas que castigan este tipo de contravenciones.
Procedimiento
Los fiscales señalaron que el Código Contravencional de la Ciudad reprime a quienes « impidan u obstaculicen el ingreso o salida de lugares públicos o privados» y a los que afecten «el funcionamiento de servicios públicos de transporte».
En esta línea, explicaron que el procedimiento establece que tras la identificación de los sospechosos y «en caso de persistir en su accionar se deberá hacer uso de la coacción directa y se procederá a la aprehensión de las personas involucradas». «Siempre, pero muy especialmente en este tipo de casos, deberá resguardarse apropiadamente la prueba mediante registros fílmicos o fotográficos, previos y concomitantes a la intervención de la fuerza, (así como) los datos de los testigos que presenciaron los hechos, las declaraciones del personal interventor,y todos aquellos elementosque sirvan de interés», recomendaron. Al respecto agregaron que la preservación de la prueba permitirá instruir «el sumario dentro de las 24 horas, a efectos de poder cumplimentar el juicio oral y público dentro de las 48 horas».
«Igual proceder se deberá respetar cuando en el marco de la manifestación, se materialice otro tipo de contravenciones tales como la pelea, hostigamiento, maltrato o intimidación, colocar o arrojar sustancias insalubres en lugares públicos, ingresar o permanecer contra la voluntad de quien ejerce el derecho de admisión en lugares públicos o privados, discriminar», añadieron.
«Estamos analizando la posibilidad de iniciar una campaña de bloqueos sobre Buquebús», confirmó Rubén Saboulard, coordinador de la Asamblea de San Telmo, quien estimó que de la medida de fuerza podrían participar distintas organizaciones vecinales. El dirigente estimó que la medida de fuerza contra la instalación de papeleras sobre el río Uruguay podría realizarse en forma «independiente» de lo que decidan sobre el tema los asambleístas de Gualeguaychú.
Participación
Consideró además que la discusión interna en la organización que encabeza y en otras entidades «ambientales» podría extenderse por «diez o quince días».
Según precisó, de la medida de bloqueo a terminales portuarias podrían participar algunas de las organizaciones que marcharon junto con los asambleístas de Gualeguaychú a la Plaza de Mayo el 12 de diciembre pasado. Entre otras, mencionó a los vecinos de Caballito que se oponen a la construcción de torres en ese barrio, a los de San Telmo que cuestionan el transporte público en el casco histórico de la ciudad y de la localidad bonaerense de González Catán que se movilizan contra el CEAMSE.
Sobre los bloqueos a la salida de barcos de pasajeros al Uruguay, la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú aún no adoptó una decisión. De hecho, decidió postergar el tratamiento de esa medida en un claro gesto de poner paños fríos al conflicto.
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