En una decisión considerada insólita por los mandos de las Fuerzas Armadas consultados, el gobierno dispuso el relevo de su cargo del secretario general del Ejército, general Jorge Tereso, por haber gestionado una salida transitoria de unos presos militares. Oficialmente el ministro de Defensa, José Pampuro, dispuso «remover» de su cargo a Tereso por « haber trasladado a la Justicia una solicitud realizada por seis militares detenidos para poder pasar las fiestas de fin de año en sus domicilios particulares». Una medida que reconocía como antecedente un permiso similar otorgado el año pasado por el juez Claudio Bonadío a estos mismos detenidos. Claro que hace un año gobernaba Eduardo Duhalde y el ministro de Defensa era un radical, Horacio Jaunarena. Tereso, con una foja de servicios impecable, entonces y ahora, era el director del Colegio Militar.
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Fue el presidente Néstor Kirchner quien llamó la atención a Pampuro, después de la reacción de algunos personajes como el denunciante crónico Ricardo Monner Sans, que levantaron la voz para criticar que un general en actividad se interesara por presos militares. Que es lo que reglamentariamente debe hacer el secretario general de cualquiera de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; y esto lo saben todos los jefes de Estado Mayor. Más aún cuando media un pedido de ellos, que por estar presos no pierden su condición de ciudadanos primero, y militares después; sobre quienes aún no hay sentencia firme, es decir que los asisten elementales derechos.
Lo malo además de este lamentable episodio es que deja averiados en su autoridad tanto al ministro Pampuro como al jefe del Ejército, el teniente general Roberto Bendini. Quienes en lo sucesivo deberán pedir permiso en la Casa Rosada hasta para darle una orden a un cabo cocinero, porque siempre existirá la posibilidad de una crítica externa -ideologizada en ocasiones y políticamente maliciosa casi siempre-, que genere la ira del comandante en jefe.
«No se equivoque, vienen por más», fue el comentario escuchado ayer una y otra vez, fuera el interlocutor del Ejército, naval o aeronáutico. Ya el consejo asesor del jefe del Ejército -«consejo de ancianos» le llaman en broma porque son todos hombres retirados y de edad provecta-le había advertido a Bendini que no debía engañarse, que el Presidente lo había designado no por ser su amigo -un valor político en sí mismo-, sino por ser un hombre de poca experiencia en el grado, con facilidad para ser influido y dependiente. «Ustedes muchachos llegaron a lo alto muy pronto, pero tengan cuidado porque a esa altura hay mucho viento», les advirtió un veterano almirante retirado a los recién llegados, aludiendo a la poca experiencia que acumulaban en sus funciones. Mandos que, por otra parte, no han sido recibidos nunca por el Presidente, como si se despreciaran sus representaciones.
Son seis los presos acusados por el presunto secuestro y desaparición de militantes montoneros que deberán pasar el Año Nuevo detenidos, porque en definitiva la Justicia decidió rechazar el pedido del secretario general del Ejército para permitirles ir a sus casas. El juez federal Jorge Ballestero denegó la solicitud del general Tereso, quien había solicitado el beneficio para Navidad y Año Nuevo argumentando « razones humanitarias», según el escrito enviado al magistrado.
Tereso basó su presentación en cartas que le escribieron los detenidos en dependencias militares, en el «alto significado social» y « contenido espiritual» de las fiestas de fin de año. No obstante lo cual el juez se negó a dejar salir a los ex militares Pascual Guerrieri, Carlos Fontana,José Pereiro, Jorge Granada,Antonio Simón y Julián Marina.
La decisión se tomó tras consultar a los fiscales y a los querellantes en la causa, que hasta hace pocos meses tuvo a su cargo otro juez, Claudio Bonadío.
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