Intiman a Presidencia por el uso ilegal de teléfonos

El gobierno deberá informar en forma perentoria quiénes eran o son los responsables de las oficinas, desde cuyos teléfonos se realizaron -y recibieron-llamadas a integrantes de bandas, involucradas en secuestros extorsivos y otros crímenes cometidos en el último tiempo.

Ayer, el Procurador General de la Corte bonaerense, Eduardo Matías de la Cruz, aceleró ese trámite y -como informó este diario en su edición de ayer-envió oficios judiciales a la Secretaría General de la Presidencia, al Ministerio de Defensa y al Edificio Libertador, sede del Ejército Argentino.

Por medio de esas notas, De la Cruz solicita a las dependencias del Ejecutivo -y del Ejércitoque notifique a la Justicia bonaerense sobre quiénes eran los responsables o tenían acceso a los teléfonos que, tras el cruce de datos, aparecieron conectados con bandas de delincuentes.

«En el informe (elaborado con el sistema de rastreo telefónico Intra VAIT) consta el día y la hora en que se hizo cada llamada de cada teléfono. Lo que queremos saber es quién, en ese momento pudo usar el teléfono», explicó ayer a este diario una fuente de la Procuración.

• Aclaración

Los oficios fueron remitidos al secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, el ministro de Defensa José Pampuro y al responsable del área del Ejército en el Edificio Libertador. En este caso, se aclaró, el escrito no está remitido al jefe de la Fuerza, Roberto Bendini.

Antes del mediodía de ayer, De la Cruz giró los oficios que espera tengan respuesta «pronta» para elevar luego la información recolectada a los fiscales que llevan adelante las casi 70 causas (18 son por secuestros extorsivos) que aparecen, según se detectó, vinculadas a los llamados telefónicos realizados desde despachos oficiales.

Una vez con esa información, De la Cruz -que centralizó el pedido de informes para evitar demoras-procederá a remitir a cada uno de los fiscales,los datos de los responsablesde cada oficina que aparecenpresuntamente involucradascon esos hechos delictivos. Esto podría tener una consecuencia directa y grave para el gobierno: muchos funcionariosy también empleados de planta-podrían ser citados a declarar por distintas causas de secuestros extorsivos y otros crímenes que está investigando la Justicia bonaerense.

Está, por ejemplo, certificado que hubo llamados telefónicos de la Dirección de Comunicaciones del Ejército a líneas fijas y celulares de casos resonantes que están en pleno proceso de investigación en Buenos Aires.

En cambio, en Casa de Gobierno, no había ayer señales sobre un comportamiento similar. Salvo el contra-informe (una colección de vaguedades redactado por Gustavo Béliz), no hubo todavía movimientos para realizar un análisis técnico de la imputación que surgió de la investigación de De la Cruz.

Moderado y esquivando la confrontación, De la Cruz ayer se mantuvo en silencio. De todosmodos, sus voceros reiteraronsu «incomprensión» por el comportamiento de la administración Kirchner. «Le marcamos que tienen el enemigo adentro y se enojan» confió una fuente cercana al Procurador.

Al margen, a De la Cruz se le abrió otro frente de tensión: diputados bonaerenses de la UCR encabezados por Pedro Azcoiti y Juan Pedro Tunessi amenazaron ayer con iniciarle un juicio político por considerar que se «extralimitó» en sus apreciaciones públicas.

Una rareza porque unas horas antes, Margarita Stolbizer, diputada nacional y desde hoy jefa de la UCR provincial, elevó un pedido de informes al gobierno para que indique qué medidas tomó para contribuir a la investigación judicial sobre las polémicas llamadas telefónicas.