25 de agosto 2020 - 14:32

Jueces Bruglia y Bertuzza se atornillan: apelaron fallo que revisa sus traslados

Se trata de los jueces que en 2018 llegaban a la Cámara Federal por traslados irregulares del macrismo. Bruglia y Bertuzzi apelaron e intentan que la Cámara Contencioso impida la revisión de sus traslados.

La Cámara Federal que Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi integran es un tribunal clave a la hora de resolver los casos de corrupción en los que se investiga a funcionarios públicos.

La Cámara Federal que Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi integran es un tribunal clave a la hora de resolver los casos de corrupción en los que se investiga a funcionarios públicos.

Los integrantes de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi pidieron que se revoque el fallo de la jueza María Alejandra Biotti por el que se rechazó el amparo en el que ambos magistrados cuestionaron la decisión del Consejo de la Magistratura de que sus traslados sean revisados.

Los camaristas reclamaron que se dicte una medida que impida que sus traslados sean analizados por el Senado de la Nación, al apelar hoy el fallo de la jueza Biotti ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

El 31 de julio pasado, el Consejo de la Magistratura había aprobado la revisión de los traslados de 10 jueces federales -entre ellos, Bruglia y Bertuzzi- por no haber cumplido con todos los pasos y requisitos legales, como recibir acuerdo del Senado.

Los dos jueces apelaron esa decisión del Consejo de revisar sus traslados irregulares. En primera instancia el planteo de los camaristas fue rechazado.

Si bien los jueces analizaban la posibilidad de llegar en “persaltum” directo a la Corte, finalmente decidieron ir por los carriles procesales y presentaron un recurso de apelación para que la Cámara del fuero Contencioso (superior de la jueza Biotti) resuelva.

Los camaristas denunciaron un “avasallamiento de gravedad institucional”, y dejaron reserva de acudir hasta la Corte Suprema.

“Hoy la embestida inconstitucional contra las garantías de estabilidad e inamovilidad de los jueces la padecemos nosotros, mañana puede ser el turno de la jueza preopinante y pasado, quién sabe”, dice la presentación redactada por el abogado Alejandro Carrió que representa a los camaristas.

En el escrito se advierte que “la sola circunstancia de que el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación den inicio a un procedimiento que implica cuestionar la inamovilidad y estabilidad de jueces federales en sus cargos mediante mecanismos que no se encuentran expresamente previstos en la Constitución Nacional importa un avasallamiento de extrema gravedad institucional que pone en jaque al sistema republicano de Gobierno”.

Los jueces entienden que la revisión de las designaciones como jueces a la sala I de la Cámara Federal que se está llevando a cabo como consecuencia directa de la resolución del Consejo “está vulnerando actual y concretamente -no potencial ni conjeturalmente- las garantías y derechos constitucionales del cual gozamos como suscriptos como magistrados federales”.

Bruglia y Bertuzzi son dos de los 10 jueces cuyos traslados dispuestos por el macrismo (pasaron de un tribunal oral federal a la Cámara) son objetados por el oficialismo porque se hicieron sin cumplir una serie de requisitos.

La Cámara Federal que ambos integran es un tribunal clave a la hora de resolver los casos de corrupción en los que se investiga a funcionarios públicos.

En un nuevo escrito, Bruglia y Bertuzzi cuestionaron el fallo de Biotti, al considerar que la decisión fue “arbitraria” y “sin fundamento”.

Ellos insisten en que sus traslados se encuentran firmes y que la magistrada ignoró un pronunciamiento favorable de la Corte sobre el traslado de Bruglia.

“La jueza de grado omitió expedirse respecto de un argumento trascendental para la resolución de la presente acción de amparo: los efectos de la cosa juzgada administrativa en el caso concreto y la consecuente vulneración de las garantías e inamovilidad de la cual gozamos los suscriptos”, advirtieron.

Ni el Consejo de la Magistratura, ni el Poder Ejecutivo, ni el Senado de la Nación tienen facultades legales para revisar actos administrativos consentidos y firmes que se encuentran en ejecución y han generado derechos subjetivos a nuestro favor puesto que una conducta de tal naturaleza encierra una inadmisible intromisión de atribuciones”, concluyeron.

Dejá tu comentario

Te puede interesar