Discusión por presos bonaerense podría luego trasladarse a la Corte Suprema

Política

El conflicto por las prisiones domiciliarias otorgadas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia, y allí mezclarse con la cuestión federal que debate la misma temática. Es que la Defensoría General bonaerense planteó ayer su memorial ante la Suprema Corte PBA para que resuelva respecto al habeas corpus de la Cámara de Casación impugnado por el Ministerio Público Fiscal –y a raíz del “efecto cacerolazo”-, y advirtió que si el fallo del camarista Víctor Violini no es ratificado, acudirá al máximo Tribunal a nivel nacional para extender la discusión.

Algo similar había planteado el Procurador General de Buenos Aires, Julio Conte Grand cuando hizo reserva de causa federal. La cuestión llegó al punto de ser una madeja: por la organización jerárquica, fiscales y defensores –ahora con intereses en pugna- dependen orgánicamente de Conte Grand (quien dio la instrucción inicial para los pedidos de morigeración) y ahora presentan posiciones antagónicas, en pleno debate sobre la superpoblación carcelaria y los riesgos que implica un brote intramuros de coronavirus.

La Suprema Corte se prepara para la semana que viene dar una definición. Dentro del tribunal deslizaron a Ámbito Financiero que consideran que la determinación de un precedente de estas características no es un asunto menor, como para apresurar una sentencia que tendrá implicancias. Será equivalente para la justicia provincial a una “doctrina legal”, así lo entienden en La Plata. La fuerza vinculante que tendrá este precedente para todo el sistema provincial de justicia es algo que se observa con interés desde cada vocalía donde elaboran el fallo.

Ayer, fue el turno de los argumentos del defensor general Mario Coriolano, quien sostuvo la postura de 19 defensores que acudieron con el habeas corpus original a Violini y obtuvieron la decisión favorable para los arrestos domiciliarios, que detallaba que no debía alcanzar a detenidos por delitos graves. En la práctica, hubo mala praxis y la discusión pública se polarizó escalando argumentos, estadísticas y discusiones, en mayor medida, agigantados. Coriolano sostuvo que no hubo “suelta masiva” de presos ni sustitución de jueces naturales para el proceso.

“No hubo ninguna sustitución de los jueces de la causa, como se le atribuye de manera rimbombante al pronunciamiento, sino pautas de actuación como marco posible de decisión y operatividad que enmarquen la actuación jurisdiccional en el contexto de la pandemia que se suma a la crisis humanitaria por sobrepoblación”, apuntó el jefe de los defensores. Y argumentó en contrario al fiscal general Carlos Altuve y a Conte Grand, que impugnaron por arbitrario el habeas corpus de Violini, quien por decidir solo, quedó en el centro de la polémica. “No se perseguía el otorgamiento de arrestos domiciliarios a determinadas personas individuales, sino de criterios generales de aplicación que, luego, deberían ser verificados en cada caso individual por parte de los jueces de la causa”, argumentó el defensor para quien las domiciliarias no eran “automáticas”, sino a evaluar por criterio del juez si se trataba o no de un delito leve.

Esa forma de mensurar implicaba de por sí, por no ajustarse a un tipo delictivo descripto, una necesaria valoración por parte de los jueces que tuvieran bajo sus órbitas a los detenidos. La discusión jurídica del asunto estuvo mucho más a la altura de la definición del problema que la que atravesó a la ciudadanía. Eso sin contar cierta “casuística” que abonó un clima enrarecido que obligó –a nivel federal también- a expresarse contra las expresiones públicas que señalaban a los jueces como los responsables. La política envió señales confusas y desde el propio oficialismo salieron a cruzar a los jueces con amenazas (y pedidos efectivos) de juicio político. Los magistrados sintieron que quedaban entrampados entre dos frentes.

La Corte podría tomar un camino intermedio avalando el habeas corpus pero estableciendo pautas más específicas todavía a nivel procedimental. La situación extraordinaria es percibida por la Suprema Corte como un punto de inflexión por los jueces Daniel Soria, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan, Eduardo de Lázzari y Sergio Torres. Si no se retrotrae la vigencia del fallo de Violini tampoco hará falta que regresen los más de 300 detenidos en arresto domiciliario que ya fueron externados. Una vuelta atrás sería, en términos estratégicos para que la provincia enfrente la pandemia, un golpe al ya desgastado estado del servicio penitenciario bonaerense.

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