El conflicto entre Néstor Kirchner y Aníbal Ibarra por la jurisdicción -nacional o municipal-sobre los juegos de azar de la Ciudad de Buenos Aires encuentra a ambos dirigentes sin aquella vocación por «las necesidades de bien común y desarrollo social» que habían declarado en el convenio firmado el 30 de octubre de 2003, ratificado por un decreto que firmó el Presidente y por una ley que, en medio de un escándalo, aprobó la Legislatura local.
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Es cierto: el convenio fue impugnado por el juez en lo Contencioso Administrativo Roberto Gallardo. Pero, aun así, llama la atención que Kirchner e Ibarra no exhiban aquella voluntad negociadora de antaño, que los llevó a suscribir ese arreglo.
Se podría interpretar que el clima político entre la Casa Rosada y el palacio municipal se enfrió a partir de la crisis que atraviesa Ibarra. Es cierto, la distancia política entre las dos administraciones se agigantó desde la tragedia de Cromañón y esto se hace palpable en la campaña electoral del oficialismo porteño.
Sin embargo, en el ambiente del juego, donde están menos informados sobre las internas políticas pero, obviamente, cuentan con más detalles sobre su propio oficio, sospechan que la caída del convenio es estimulada por la Casa Rosada, deliberadamente. Sin ese acuerdo ya no rige su cláusula cuarta, que establece dos limitaciones importantes. Allí se dice que cualquier ampliación de las concesiones existentes queda reservada a la Lotería Nacional. Pero también se prescribe que el Instituto del Juego de la Ciudad no puede autorizar la instalación de nuevas salas de tragamonedas ni nuevas salas de casino o bingo.
Anulada esta prohibición, se abre un espacio enorme para darle validez al decreto que Néstor Kirchner le ordenó redactar a su secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, el hombre que se mueve detrás de toda la legislación relativa al juego que emerge de la Casa Rosada. Dicho proyecto de decreto prevé la instalación de máquinas tragamonedas en las agencias hípicas de la Ciudad de Buenos Aires. En otras palabras, la habilitación de media docena de nuevos casinos. Si el convenio que ahora se ha puesto en tela de juicio y que las autoridades no quieren renegociar estuviera vigente, el Gobierno porteño debería impedir esa proliferación de tragamonedas, tal cual establece la cláusula cuarta del acuerdo. Ahora el Instituto del Juego querrá hacerlo, pero deberá recurrir a la Justicia y encontrar en ella un magistrado que se haga eco de su reclamo.
Mientras tanto, el decisivo Alberto Armentano, de Lotería Nacional, avanzó en la prórroga concedida a los bingos porteños sin que mediara licitación alguna. Una decisión unilateral de las que, sobre todo en este campo, no agradan a los funcionarios de Ibarra, quienes indignados seguirán litigando en Tribunales.
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