Jueza ordenó al Estado pagar gastos de Carrió

El gobierno rechazó ayer una polémica sentencia de la jueza electoral de la Capital Federal que ordenó que el Ministerio del Interior le pagase la impresión de las boletas a Elisa Carrió en las próximas elecciones presidenciales.

Esa decisión no tuvo en cuenta -según la apelación que tiene que tratar la Cámara Nacional Electoral en las próximas horas- las previsiones de la ley de financiamiento de los partidos políticos y del presupuesto de este año para gastos electorales.

Según el escrito de los abogados de Jorge Matzkin, los argumentos de Servini carecen de fundamento, porque esa orden ignora que la ley establece que el dinero disponible para impresión de boletas debe dividirse en partes iguales entre las 22 alianzas presentadas a las elecciones del 27 de abril. Eso no se puede cumplir porque la propia Servini aún no le ha comunicado oficialmente si esas 22 alianzas han cumplido con todos los requisitos legales para su oficialización. Mal podría hacerse pago alguno, dice el recurso del gobierno, si la propia jueza no le ha comunicado fehacientemente quién será candidato y quién no.

El escrito ataca el corazón de esa orden en favor de Carrió -que si quedase firme avalaría pedidos similares de las demás 22 alianzas- cuando dice que es arbitraria porque carece de razones. « El único fundamento que aparece es el de la 'experiencia' de la magistrada, pero esa afirmación no se traduce en pautas objetivas que estén contenidas en la sentencia.»

• Dos boletas

Esta referencia alude a la afirmación de Servini en los fundamentos de su sentencia acerca de la cantidad de boletas que necesita un partido y cómo suelen ser destruidas o sustraídas el día de las elecciones por los adversarios. La decisión de Servini, en efecto, ordena que el gobierno pague la impresión de dos boletas por cada elector empadronado para votar, algo así como 50 millones de papeletas.

Más dura es la conclusión del asesor letrado de Matzkin cuando afirma que: «La sentencia impone el pago de una suma de dinero sin que exista norma jurídica que la imponga y basándose en un cálculo que no encuentra otro sustento que la sola voluntad de la judicante».

Uno de los argumentos de fondo usado por Servini es que el partido de Carrió es la primera vez que va a elecciones en su historia y que corre el riesgo de quedar fuera de carrera por falta de dinero para solventar este gasto.

El debate sobre los gastos electorales lo planteó Carrió atacando dos artículos de la ley de financiamiento de los partidos que prevé que 10% de las partidas votadas por el Presupuesto como aportes extraordinarios debe usarse para contribuir al pago de impresión de boletas y a la compensación que reciben los presidentes de mesa.

• Presupuesto

Este año ese dinero, según el Presupuesto 2003, es de $ 14.290.108, o sea que 10% -$ 1.429.010- es todo con lo que se cuenta para imprimir las boletas y compensar a los presidentes de mesa que no sean funcionarios públicos -quienes lo sean- se cobran el esfuerzo cívico con un franco compensatorio.

Si cada una de las 22 alianzas imprimiesen una sola boleta por cada uno de los 25 millones de empadronados para votar, se necesitarían 550.000.000 de boletas, algo así como unos $ 110.000 para cada partido. Los baqueanos en comicios dicen que para enfrentar airosamente la destrucción de papeletas a cargo de los adversarios en el cuarto oscuro hay que « bancar» por lo menos 4 boletas por elector, o sea un gasto hoy de $ 444.000 para cada alianza (calculado a $ 5 mil por cada millón de impresos), lo que multiplicado por 22 equivaldría a unos $ 9.980.000 para un presupuesto de $ 1.429.010 que, además, hay que usar para pagarle $ 20 a por lo menos la mitad de los 67 mil presidentes de mesa.

Ante este reclamo, Carrió pidió que se declarase inconstitucional la ley de financiamiento en los artículos que ordenan el uso de ese 10%. Servini lo rechazó, pero ordenó que se le imprimiesen a Carrió -y a los partidos que se enfilen en una eventual confirmación en cámara de esa sentenciados juegos de boletas por cada uno de los 25 millones de electores. Es decir, un gasto de $ 10.000 que debería multiplicarse por las 22 alianzas, unos $ 220.000.

Aunque no lo dice en su apelación, esta suma crearía un precedente grave en materia de financiamiento, porque es una intromisión de un poder (el Judicial) en otro (el Ejecutivo) al repartir plata ajena. La reglamentación del fondo de los $ 1.429.010 dice que sólo 10% va al pago de impresión de boletas y a compensación de presidentes de mesa. El dinero restante se divide así: 30% se distribuye como adelanto de gastos por igual a todas las fórmulas que compiten. El 70% que queda se paga a los partidos, es el dinero por voto a que tienen derecho por su participación en las elecciones de 1999.