La Comisaría 24ª de La Boca va recuperando lentamente su fisonomía interior, aunque todavía no se conoce quién será su nuevo titular, después de la intervención dispuesta por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Béliz. Este relevó en la madrugada del sábado al comisario Cayetano Greco y hasta anoche seguía sin ser designado quien lo reemplazará. Fue después de ser ocupado el edificio de la comisaría y echados sus ocupantes. A Greco le pasó lo mismo que a los agentes de la Federal que estaban frente al edificio de Repsol YPF: terminaron procesados por permanecer inactivos, cuando en realidad es la orden recibida -la pasividad frente a los atropellos cotidianos del variado abanico piquetero-del poder político.
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Sin embargo, el locuaz Fernández bonaerense dejó sin respuesta un interrogante planteado por el ex juez Jorge Casanovas y actual diputado nacional del PJ, que en diálogo con este diario subrayó que «si actúa el juez, necesita del brazo político, que es la Policía. Y si ésta tiene órdenes de no actuar, ¿qué pasa?». Dijo que «los políticos se limpian de responsabilidad, descargándola en jueces y fiscales, pero cuando el piquete avanza sobre el tribunal, es la Policía la que avisa que no están autorizados a actuar». Agregó, en dura crítica, que «Quantín, que es fiscal y debería conocer de todo esto, les sacó la custodia a los jueces».
Para el juez Oyarbide, «no cabe duda» de que si al legislador provincial y titular de la Federación Tierra y Vivienda (FTV), Luis D'Elía, «le cabe alguna responsabilidad» en la ocupación de la Comisaría 24ª el sábado, tras ser baleado el piquetero Martín Cisneros, será citado a declarar.
Oyarbide olvidó que penalmente existe el delito del que es sorprendido «in fraganti» -en este caso, un legislador provincial-, que debe ser detenido de inmediato y no está protegido por fuero parlamentario alguno.
Mientras Oyarbide sigue con sus peritajes y decide si se declara competente o no, cualquier fiscal tiene anotado sólo con lo que vio por televisión que hubo usurpación de un inmueble público, atentado a la autoridad, amenazas, intimidación pública, coacción agravada, daño calificado por el uso público de bienes destinados al servicio de la comunidad e instigación a cometer delitos. Además, al haber sido sorprendido el oficialista D'Elía «in fraganti», amerita que sea detenido de inmediato, y esto también lo sabe cualquier fiscal, como apuntó ayer uno de ellos a este diario.
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