Un empate fue el resultado del último plenario con la composición actual del Consejo de la Magistratura. El oficialismo logró enviar al jury de enjuiciamiento al juez penal Axel López mientras que los jueces y la oposición consiguieron que se archive el expediente contra los camaristas del fuero de la Seguridad Social Luis Herrero y Emilio Sánchez cuya labor es objetada por el ANSeS. En dos semanas Ricardo Lorenzetti les tomará juramento a los nuevos integrantes del cuerpo colegiado.
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Los últimos cuatro años de la Magistratura (el período de cada composición) tuvieron como regla una alta densidad política y un bajo nivel de eficiencia. Durante el 2013 estuvo prácticamente paralizado y en 2014 se registraron avances solo en la comisión de Selección, donde se desarrollaron concursos poco conflictivos en los cuales la oposición y el kirchnerismo lograron acuerdos.
Las estadísticas del Consejo le prestan letra a sus detractores fuera del Poder Judicial pero son aún más funcionales hacia adentro. En los acuerdos de los días martes en la Corte Suprema es típico escuchar críticas al desempeño del organismo cuya naturaleza eminentemente deliberativa no tiene relación con el discurso operativo de Lorenzetti y del secretario de Administración Héctor Marchi. En los últimos años diversas facultades de la Magistratura pasaron a la Corte y esa ampliación de atribuciones del tribunal fue la respuesta no escrita al Gobierno cuando intentó la reforma judicial. Un mensaje que venía a señalar la inconsistencia de dotar de mayores capacidades a un organismo (como pedía inicialmente esa reforma) que no podría cumplir sus labores mínimas.
La política judicial del Gobierno facilitó, especialmente en los últimos dos años, una fuerte sintonía entre los representantes de los magistrados y la oposición. Todos los jueces objetados por su desempeño, pero que investigaron o investigan a funcionarios, lograron un blindaje automático. Esa lógica se interrumpió en contadas ocasiones y casi siempre por cuenta del senador radical Mario Cimadevilla quien si bien tiene un estilo crítico con el Gobierno, también lo tiene con los tribunales. Filosofía que encuentra sustento en las resoluciones que firmó tanto en sociedad con el bloque opositor como con el oficialista. Lo que en la jerga judicial se podría denominar, un "singlista".
El oficialismo cambió de elenco en 2014. Hernán Ordiales dejó de ser un interlocutor confiable para Balcarce 50 (le achacan poco compromiso al momento de la reforma) y Stella Maris Córdoba perdió su escaño en el Congreso (mientras protagonizaba un expediente sórdido en el juzgado de Claudio Bonadio). Llegaron el viceministro Julián Alvarez y el diputado Eduardo De Pedro. Ambos dejaron de lado sus expresiones más virulentas e intentaron un estilo negociador que posibilitó avances puntuales. No lograron los votos para embestir contra el juez Bonadio, uno de los magistrados que por estas horas le amarga el sueño a más de un funcionario, y debieron esbozar un equilibrio calculado frente a los últimos escándalos policiales de Norberto Oyarbide. El silencio fue el atajo para no incurrir en una defensa que, con el paso de los acontecimientos, se ha vuelto cada vez más incómoda.
En la oposición, por iniciativa y capacidad, el protagonismo absoluto fue de los jueces. Los legisladores tienen la prioridad en el Congreso y saben que su tiempo en los avatares judiciales es limitado por lo cual tampoco se dedican full time. Los abogados se encolumnaron sin dudar tras los magistrados, con ciertas excepciones de Alejandro Fargosi quien en los últimos cuatro años nunca dejó de tener encuentros periódicos con Mauricio Macri a pesar de las conversaciones que lo vinculaban al massismo.
Alejandro Sánchez Freytez y Ricardo Recondo cerraron un núcleo duro respaldado explícitamente por la Asociación de Magistrados en poder de la lista de la cual ambos provienen, e implícitamente por la Corte. Mario Fera también fue un hombre cercano al cuarto piso en los temas centrales, pero que se alineó en múltiples ocasiones con el oficialismo, lo cual le generó una imagen de impredecible que lo dejó afuera de las elecciones que este año tuvieron los jueces, algo que se evidenció claramente en la mesa que ocupó en la cena de la última Conferencia Nacional en Mar del Plata.
La composición que viene es clave porque coincidirá con el año electoral y con la transición hacia la próxima administración. Desde diciembre comienza una puja donde el factor clave es el tiempo aplicado a los avatares del Consejo como los concursos por las vacantes más importantes o las acusaciones más estridentes. Los acontecimientos electorales y los resultados de octubre serán, en definitiva, el termómetro para entender la velocidad o la inmovilidad de ciertos debates.
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