Mal debut con militares, enojados por funcionario que quiere extradiciones

Generó inquietud en los mandos de las Fuerzas Armadas el ánimo del gobierno de dejar sin efecto el decreto firmado por Fernando de la Rúa rechazando la extradición de militares acusados de delitos, cometidos en la Argentina, por tribunales extranjeros. Así lo anunció el flamante secretario de Justicia, Alberto Zuppi, quien precisó que, ante los requerimientos procesales desde el exterior, los acusados serán «entregados o juzgados aquí» en la Argentina, y que esa decisión «la tomarán los jueces».

En su momento, De la Rúa ratificó la política adoptada durante la gestión de Carlos Menem, de no admitir la extraterritorialidad para juzgar delitos cometidos en la Argentina y, en muchos casos, ya juzgados. Por su parte, Adolfo Rodríguez Saá se comprometió con las Madres de Plaza de Mayo a elevar al Congreso un proyecto para poner en libertad a «presos políticos».

Quizá por todo esto y en un gesto de acercamiento a las Fuerzas Armadas, que no reflejó el mensaje de Rodríguez Saá ante la asamblea legislativa, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa, José María Vernet, eligió pasar la Nochebuena junto con retenes y guardias del regimiento 24 de Infantería Mecanizada, en Río Gallegos. Hasta la capital de la provincia de Santa Cruz llegó el lunes acompañado por los jefes de Estado Mayor Conjunto y Ejército, tenientes generales Juan Carlos Mugnolo y Ricardo Brinzoni; de la Armada, almirante Joaquín Stella; y de la Fuerza Aérea, brigadier general Walter Barbero.

Ya durante el viaje, los militares le confiaron a Vernet el conflicto por los pedidos de extradición, que fue analizado en los Estados Mayores de las FF.AA. en la mañana del lunes, en reservadas reuniones. Para la visión militar, se trata de una cuestión de imagen que busca dar el gobierno en medio de una crisis que no tiene memoria en la Argentina contemporánea, más que de acciones concretas. Del mismo modo, fue interpretada la visita de las Madres de Plaza de Mayo a la Casa de Gobierno. Que al parecer decidieron dar fe de la convocatoria hecha por Rodríguez Saá al asumir la presidencia, cuando la primera reacción de Hebe de Bonafini fue calificar al flamante Presidente de «hipócrita».

Complicación

Los jefes de Estado Mayor le manifestaron al nuevo ministro que esta decisión política del gobierno «nos puede complicar nuestros frentes internos», como consecuencia de que hay muchos retirados con hijos, yernos y otras yerbas familiares en actividad.

Explicó Vernet, llevando cierto grado de tranquilidad, que será cambiado el decreto sin modificar la doctrina jurídica que rechaza la extraterritorialidad para el juzgamiento de delitos cometidos en la Argentina.

El 17 de noviembre último, De la Rúa había rechazado el pedido de extradición contra 18 militares que había solicitado el juez español Baltasar Garzón para juzgarlos por «genocidio» y «torturas»; y el pedido de Alemania para enjuiciar en ese país a Guillermo Suárez Mason. La resolución se basó en la aplicación del principio de territorialidad y fue firmada por el entonces ministro de Defensa Horacio Jaunarena en ausencia del canciller Adalberto Rodríguez Giavarini.

El gobierno de la Alianza había señalado que el pedido de extradición de Garzón se basó en «hechos ocurridos en territorio de nuestro país y a personas que fueron juzgadas por tribunales argentinos, en aplicación del principio de territorialidad de la jurisdicción penal». Garzón pidió juzgar al ex juez Víctor Hermes Brusa, entre otros. En cuanto al pedido alemán por Suárez Mason, se consignó que los hechos referidos «fueron investigados en la causa 450, por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal».

Zuppi señaló que «la Argentina es defensora de la extraterritorialidad y ha ratificado tratados donde la jurisdicción universal está en vigo r», indicó el secretario de Justicia. Explicó que, por ejemplo, «en el caso de una persona requerida por otro Estado, o se entrega al requerido o lo juzga el mismo Estado». «Hay un principio de derecho internacional que es entregar o juzgar. Si no estamos dispuestos a entregar a las personas que son requeridas, tenemos la obligación de juzgarlas», explicó el secretario de Justicia y representante de familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, abriendo una puerta para negar extradiciones.

Liberación

Rodríguez Saá enviará al Congreso un proyecto de ley que contemplará la liberación de «los presos políticos y sociales». La titular de Madres de Plaza de Mayo señaló que le pidieron al jefe de Estado «la inmediata libertad de presos políticos, procesados y detenidos por sacar alimentos, y que se incluyan a los dirigentes de todo el país» en esas condiciones. Agregó que el pedido alcanza a los condenados por el copamiento del regimiento de La Tablada que siguen presos.

En la reunión mantenida ayer entre Zuppi y la jueza Servini de Cubría, hubo pedidos de apoyo de ambas partes. Para la Justicia, son «detenidos políticos» aquellos que están presos «a disposición del Poder Ejecutivo en razón de la implantación del estado de sitio», que suspende las garantías constitucionales. Sobre éstos se está trabajando para dejarlos en libertad.