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El recinto de la Cámara de Diputados alcanzó los 129 presentes el miércoles pasado para sancionar la polémica suspensión de ejecuciones hipotecarias en contra de la voluntad del gobierno. Pero el duhaldismo se abstuvo de avanzar con otra ley que desvincula a la Argentina del CIADI.
Este último proyecto se aprobó al iniciarse -una formalidad- la segunda sesión: «Corresponde considerar el proyecto de resolución del señor diputado Lozano y otros, por el que se solicita al Poder Ejecutivo remita al Congreso los antecedentes relativos al incremento de recursos respecto de los originariamente presupuestados para 2005», dijo Eduardo Camaño, y segundos después, quedó aprobado. Ese tema es tan electoralista dentro del Congreso como lo pueden ser las ejecuciones hipotecarias porque, básicamente, es el punto más difícil de analizar también en el proyecto de Presupuesto nacional 2006, donde todos los analistas coinciden en que se han vuelto a subestimar recursos. Son, ni más ni menos, el justificativo del gobierno para la necesidad de contar con facultades especiales. Tras esa segunda bomba lanzada en la sesión, Camaño alertó: «La Presidencia aclara que correspondería considerar a continuación el proyecto de ley del señor diputado Macaluse y otros sobre nulidad de toda prórroga de jurisdicción argentina y de la Ley 24.353».
Ese proyecto, del que muchos presentes no tenían ni idea de su contenido, había sido firmado por los aristas Eduardo Macaluse, Marcela Rodríguez y Adrián Pérez, el socialista Jorge Rivas, Héctor Polino, el CTA Claudio Lozano y la izquierdista Patricia Walsh, y establece nada menos que la declaración de nulidad absoluta de toda prórroga de jurisdicción argentina en negociaciones que el país mantenga en el exterior.
Establece que cualquier asunto donde la Nación, las provincias, o empresas estatales sean parte queda sujeto sólo a jurisdicción argentina y que corresponde a la Corte Suprema y tribunales federales el arreglo de cualquier litigio que tenga su origen en Tratados Bilaterales de Inversión con otros países, declarando nulo el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estado.
En idioma más llano, la votación de esa ley implica que la Argentina desconocería la existencia misma, por ejemplo, del CIADI y de cualquier mecanismo extranacional para resolver diferencias con empresas privatizadas -de acuerdo con convenios internacionales a los que adhirió- o por acuerdos de inversión suscriptos por el país.
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«Con el fin de actuar lealmente debo adelantar que nosotros teníamos intención de participar en la primera sesión especial y no en las demás», empezó a explicar Graciela Camaño como diciendo: «En esta fiesta no me quiero quedar». «No me gustaría que quedara la imagen de que los señores diputados se van levantando de a uno y nos quedemos sin quórum. Hemos cumplido con el objetivo que nos habíamos propuesto», terminó.
Macaluse luego protestó por la poca solidaridad y que no se hubiera informado de la falta de apoyo a ese proyecto en Labor Parlamentaria. A lo que Eduardo Camaño aprovechó para otra señal: «La Presidencia informa al señor diputado preopinante que el oficialismo no participó de la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria» -de haberlo hecho, el duhaldismo hubiera oficializado su ruptura definitiva con el bloque kirchnerista-.




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