El juicio político a Eduardo Moliné O'Connor puede derivar en un absurdo: que tres Cortes deban intervenir en el insólito proceso que se inició en el Congreso. La primera Corte Suprema, la que integró el ministro enjuiciado, se abstuvo por decoro de analizar el recurso de queja que interpuso la defensa para insistir en la recusación de Cristina de Kirchner. Hubo un sorteo de conjueces entre camaristas que reemplazarán a los 7 supremos en funciones. Pero el tema no quedó resuelto. Hoy, los acusadores de Diputados, encabezados por el peronista Ricardo Falú, pedirán la intervención de otra Corte sin magistrados, integrada por abogados notables como Ricardo Gil Lavedra y León Arslanian, promovidos en su momento por Eduardo Duhalde.
Los diputados de la comisión de Juicio Político pedirán hoy que Eduardo Moliné O'Connor sea juzgado por la llamada Corte de conjueces que designó antes de irse Eduardo Duhalde, integrada, entre otros, por Alberto García Lema, León Arslanian, Jorge Vanossi y Ricardo Gil Lavedra. Estos fueron designados para actuar en casos extraordinarios, siempre y cuando no pudieran hacerlo los supremos o sus suplentes naturales, los camaristas.
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En peregrinación a Tribunales, el peronista Ricardo Falú y sus cofrades acusadores -la frepasista Nilda Garré y el radical Carlos Iparraguirre- insistirán por escrito en que no corresponde revisar judicialmente las resoluciones parlamentarias sobre el proceso contra Moliné. Aunque, llegado el caso, dirán que sólo los conjueces de la grilla de abogados (que no desempeñan la magistratura) poseen habilitación para analizar el recurso de queja que presentó la defensa en un intento por voltear el rechazo del Senado a la recusación de Cristina Fernández de Kirchner.
En consecuencia, reclamarán la nulidad del sorteo de suplentes de los actuales ministros -quienes, por decoro, se abstuvieron de estudiar el caso-, lo cual permitiría la intervención de los presidentes de cámara. Falú adelantó ayer a este diario que «mientras subsista la doctrina Magariños y se defienda la teoría de que los miembros del máximo tribunal tienen facultades disciplinarias concurrentes con el Consejo de la Magistratura, los jueces inferiores no pueden juzgar al doctor Moliné».
A fines de setiembre de 2002, Duhalde hizo aprobar en el Senado una nómina de 9 conjueces para que intervinieran en circunstancias en las cuales estuvieran inhibidos los integrantes de la cabeza del Poder Judicial o los sucedáneos naturales, los responsables de las cámaras de todo el país. Cuando nada lo hacía prever, a criterio de Falú y compañía llegó el momento de hacer actuar a esa Corte virtual que todavía no debutó.
• Corte ideal
El ex presidente incluyó en la nómina a quienes consideraba una suerte de dream team judicial. Muchos entendieron que esa era la Corte ideal, a ojos del lomense y Raúl Alfonsín. Del costado radical aporta Gil Lavedra, pues Vanossi llegó por su carácter de ex ministro de Justicia de Duhalde. Arslanian y García Lema, del PJ, al igual que Julio Comadira. Completaron la ristra de notables Eduardo Rosatti, Alberto Pisano, Ricardo Haro y Dominga Gutiérrez Posse.
El planteo de Falú y sus amigos colisiona con algunos obstáculos que podrían derivar en la impugnación de este tribunal de auxilio. Por un lado, el santafesino Rossati asumió con Néstor Kirchner la procuración del Tesoro, tras defeccionar del reutemismo. Por otro, por mencionar los casos más notorios, Vanossi es diputado electo del macrismo, razón por la cual debería excusarse de intervenir en controversias que afecten a Moliné.
El denominado caso Macri -si bien afecta a empresas de la familia y no a Mauricio Macri- fue utilizado como argumento de campaña y forma parte de las acusaciones al suspendido ministro. Como se ve, motivos para cuestionar a esta Corte suplente no faltan.
• Pruebas
Hoy, a todo esto, la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado -que actúa en materia de juicio político- debatirá desde las 17 si abre o rechaza las pruebas requeridas por acusadores y defensa en las carpetas Macri, Meller y Magariños, entre ellas, que comparezca el designado Eugenio Zaffaroni. Para desestimarlas, será necesario hacerlo con 2/3 de los presentes en el recinto de la Cámara Alta. Los plazos -30 días hábiles-comenzarán a correr desde esta tarde, razón por la cual la destitución se discutiría en la primera semana de diciembre, según los cálculos de los fiscales parlamentarios.
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