Néstor Kirchner ha tomado la costumbre de pedirle al Congreso que ratifique algunas de sus medidas de gobierno. No es que el Presidente haya abandonado su pasión por gobernar por decreto -al continuar e incrementar ese estilo que guardaron los últimos presidentes-, sino todo lo contrario. Las últimas decisiones clave de Kirchner fueron tomadas por decretos de necesidad y urgencia -aunque la oportunidad y el fondo de cada cuestión no lo justificaran-, puestas en vigencia por ese medio y después enviadas al Congreso para su ratificación. Dos casos claros fueron el DNU, por el que se dispuso el pago total de la deuda mantenida con el FMI, y el actual decreto de creación de AySA -la empresa estatal que reemplazó a Aguas Argentinas-, que está en tratamiento en el Congreso. En ambas situaciones, Kirchner pidió solidaridad al Congreso -que la tiene sin demasiado trámite con su mayoritario Frente para la Victoria-, y éste respondió -en manos de Miguel Pichetto y Jorge Capitanich-, al menos en el caso del Fondo, tomando el decreto y convirtiéndolo en una ley. Algo similar, se estima, puede suceder con el DNU de AySA, que no tiene un trámite demasiado tranquilo por ahora.
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Ese procedimiento, de cualquier forma, habilita un razonamiento que tira por la borda la oportunidad de tomar decisiones a través de decretos de excepción: si a cada DNU presidencial el Congreso responde, casi de inmediato, sancionando una ley similar, ¿cómo se justifica la necesidad o la urgencia que la Constitución exige para ese tipo de decisiones del Poder Ejecutivo?
El Presidente recurre con rapidez al Congreso con sus decretos no por respetar la necesaria ratificación parlamentaria de los decretos de excepción, sino para distribuir la responsabilidad también sobre el Congreso. No lo hicieron Carlos Menem, ni Fernando de la Rúa, ni Eduardo Duhalde, con la gran mayoría de los DNU que firmaron. No es que en esos casos no hiciera falta el control de la aún inexistente Bicameral, sólo que ellos seguían demorando ese órgano de control sin dar justificativos prácticos para su existencia, como ahora comenzó a suceder.
Sea como fuere, la situación actual es un avance en la participación de diputados y senadores, aunque sea ratificando como una escribanía lo que ya está en vigencia y que se haga por mero efecto político, en las decisiones de gobierno. Es, por decirlo llanamente, lo que siempre debió haber sucedido, aunque no por ese procedimiento.
Esta costumbre de Kirchner, entonces, volvió a despertar este año la eterna queja que la oposición de turno mantiene ante la falta de reglamentación de la Comisión Bicameral que debe controlar los decretos de necesidad y urgencia, tema pendiente desde que se reformó la Constitución en 1994.
Dicho de otra forma: al Kirchner pedir apoyo político al Congreso en la toma de decisiones por decreto, no está haciendo otra cosa que justificar la necesidad de establecer el procedimiento correcto para ratificar esos decretos. El problema, para el gobierno, es que ese proceso incluye definir qué pasa cuando el Congreso no se expide ante un decreto o cuánto tiempo tiene para hacerlo, entre otros problemas técnico-legales.
• Reflejos
El radicalismo, esta vez con reflejos aceitados, avanzó ya en ese camino por dos frentes, siguiendo la protesta que eternamente mantiene sobre el tema Elisa Carrió. El bloque UCR del Senado, en pleno, con la firma de Ernesto Sanz, Alfredo Martínez, Gerardo Morales, Alicia Mastandrea y Ricardo Taffarel, entre otros, volvió a presentar un proyecto de reglamentación de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo -tal el nombre completo- que reproduce un texto similar al dictamen que la propia Cristina Fernández de Kirchner había impulsado en 2002 en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Básicamente,reproduce los mismos principios que la senadora sostenía por entonces en cuanto al control de los decretos presidenciales: el jefe de Gabinete debe someter al Congreso los DNU en un plazo de 10 días hábiles de firmados; la comisión deberá emitir despacho en los 10 días siguientes y si en 30 días alguna de las dos cámaras no vota la ratificación, el decreto pierde vigencia. Es la versión más dura del mecanismo de control de todas las que los constitucionalistas sostienen, porque significa la posición absolutamente contraria a la que siempre pretendieron los presidentes. Es decir que ante el silencio del Congreso, los decretos se consideraran aprobados.
Ese proyecto del radicalismo, basado en el dictamen de Cristina de la época de Eduardo Duhalde y que luego perdió estado parlamentario, está dando vueltas por el Senado desde hace 10 días.
El viernes pasado, se le sumó otro, del independiente Rodolfo Terragno, que apeló a casi una chicana política bastante similar, al volver a presentar otro proyecto de reglamentación de los DNU que también tiene la firma de Cristina Kirchner. En este caso -y como la senadora por entonces militaba en la oposición- es el expediente 6.876 de 2000, que llegó a dictaminarse en la Cámara de Diputados y también perdió estado parlamentario al no aprobarse. En ambos casos, la senadora -que siempre se destacó en temas constitucionales- sostuvo el principio de que los decretos no pueden darse por aprobados sin que el Congreso se expida, teoría que por otra parte sostiene la doctrina más moderna y respetada.
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