«No es el mejor acuerdo, pero es el que nos permitió destrabar el conflicto y sentarnos a negociar. Ahora todo depende de la buena fe de Tabaré Vázquez.» Una alta fuente del gobierno de Néstor Kirchner reflexionaba así ante este diario, sobre el acuerdo parcial alcanzado ayer entre la Argentina y Uruguay por la instalación de las dos papeleras de Fray Bentos. El tono del análisis, más allá de la tranquilidad por haber avanzado algo en una posible solución del conflicto, radica en que algunos puntos del acuerdo bilateral podrían generar conflictos futuros y provocar que el problema quede sin resolver y que todo vuelva al mismo punto actual en 60 días.
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Igualmente, la opinión de anoche dentro del Poder Ejecutivo, es que esta semana (probablemente mañana) podría concretarse el encuentro entre ambos presidentes en Colonia; siempre que desde el país vecino se garantice la paralización total de las obras en las plantas, situación que hasta ayer tampoco estaba absolutamente clara pero que desde el gobierno de Vázquez se garantizaba.
En concreto, la preocupación que mostraba la fuente del gobierno nacional sobre el acuerdo alcanzado era la siguiente:
En los próximos días (no más allá de Semana Santa), las empresas Botnia y ENCE deberán entregar a los dos gobiernos un informe técnico detallado donde se especifique, a modo de declaración jurada, el grado de contaminación exacto que habrá con la radicación de las plantas en la zona de conflicto. En teoría,
Uruguay se comprometería a garantizar que lo declarado por las empresas se cumpla cuando las instalaciones estén funcionando, bajo el compromiso de cerrarlas si los índices de contaminación sean mayores a los prometidos.
Los dos países formarán una comisión bilateral integrada por uno o dos funcionariostécnicos de cada país, que tendrán poder de voto para determinar si las papeleras contaminan o no el medioambiente. Esta comisión además estará integrada por especialistas internacionales que serán los que harán los análisis necesarios para verificar el potencial grado de contaminación.
Se escoge así la posición uruguaya, que quería que los únicos integrantes de la comisión con poder de voto fueran los funcionarios. La Argentina quería que los técnicos internacionales también pudieran votar, o que su decisión sea vinculante. Ninguna de las dos opciones hubiera sido posible, ya que un extranjero no tendría soberanía para determinar la paralización de las obras de las papeleras. Esta situación podría haber sido declarada inconstitucional por la Justicia uruguaya, con lo cual la resolución de la comisión no habría tenido validez. . Será entonces este cuerpo en definitiva el que resuelva si las contaminan o no. Aquí radica el problema potencial para la Argentina. La comisión bilateral será integrada por una cantidad de funcionarios iguales de cada lado, con lo cual en el momento de la votación ésta podría terminar en empate. Sería la misma situación que se vivió con la anterior comisión bilateral, que sesionó desde octubre hasta enero, sin llegar a una resolución común. Ese cuerpo, integrado por 8 funcionarios (4 por cada país) terminó votando 4 a 4; un grupo asegurando que no había contaminación y otro por la negativa.
La misma situación podría generarse con el nuevo cuerpo que se creará ahora; con lo cual, cuando termine el período establecido de tregua, el conflicto podría resurgir sin haberse avanzado un solo metro en su resolución.
Ante esta circunstancia, desde el gobierno argentino se aseguraba que será Néstor Kirchner en persona, el que cuando se encuentre con el uruguayo Tabaré Vázquez en Colonia, le pedirá de «buena fe» que deje trabajar a los técnicos internacionales a partir de los datos que les entreguen las empresas y que de la misma manera se reconozca la resolución de los especialistas más allá de que éstos no tengan voto. Esto es, que cuando sus funcionarios deban definir el tema dentro de la comisión, sigan la línea que marquen los asesores.
Exigencia
Sobre la paralización de las obras, hasta anoche no había acuerdo total, pero las partes aseguraban que podrían destrabarse las diferencias, definidas como «semánticas» según la fuente oficial. Puntualmente los gobiernos discutían anoche sobre el concepto exacto de «paralizar las obras». La Argentina exige un criterio absolutamenteamplio. Esto es que cualquier tipo de actividad, tanto en Botnia como en ENCE, dejen de realizarse inmediatamente y antes que se reúnan los presidentes.
Además exige que éstas no se reanuden hasta que la comisión dé su veredicto final, dentro de 60 o 90 días. Uruguay entiende la situación diferente. Para el gobierno de Vázquez, el mero acuerdo para que trabaje la comisión, implica que las plantas pueden continuar con su actividad. En la parte argentina, se cree que esta posición es una «chicana» a la que Uruguay renunciará en las próximas horas para destrabar el conflicto.
Sobre el tema de las obras aún queda un punto por resolver. Botnia y ENCE reclaman un permiso para continuar con un nivel mínimo de actividad a modo de mantenimiento, ya que algunas instalaciones deben tener cierto cuidado para no perjudicar la inversión. La Argentina también se niega a esta posibilidad. Hasta anoche no se sabía si este punto podría ser una situación mínima, o podría agrandarse hasta convertirse en otra traba que impida un acuerdo.
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