Papeleras: perjuicio sería de 900 millones de dólares

Política

El impacto contaminante de las dos plantas de celulosa que están en proceso de construcción en Fray Bentos, sobre el río Uruguay, provocaría en los próximos 10 años perjuicios económicos por 900 millones de dólares en la producción de la región costera de Entre Ríos.

El cálculo, elaborado por funcionarios de la Cancillería argentina, se refiere al efecto negativo que el altísimo nivel de contaminación de las papeleras tendrá sobre el agro, la ganadería, la pesca, el turismo y la desvalorización de los inmuebles.

No computa, en cambio, otro dato preocupante: el daño irreversible y difícil de cuantificar sobre la salud. Se denuncia que el proceso de producción que utilizarán las compañías ENCE y Botnia afecta el «sistema inmunológico humano» y utiliza agentes que son « cancerígenos».

La
lluvia ácida y la contaminación del río con diaxinas y furanos -dos agentes que no se destruyen- tendrán serias consecuencias sobre la producciónagropecuaria y pesquera,y el turismo, según detallaron fuentes oficiales a Ambito Financiero.

• Caso testigo

Para graficar sirve abordar un caso testigo: las dioxinas y furanos se transmiten, por el consumo de agua, al ganado. Ambas sustancias están hipercontroladas por la Unión Europea, por lo cual, a corto plazo, los productos de la región quedarían excluidos de aquel mercado.

Con matices, la ecuación se repite sobre la agricultura y el efecto de la lluvia ácida -causada por la emisión de gases no tratados- y respecto del mal olor que depreciaría el valor de las propiedades ubicadas en la zona en 30% promedio.

Si el impacto económico impresiona, el efecto sanitario es aun más trágico: las emisiones gaseosas y los efluentes causados por el
proceso de producción de «bajo costo» que usarán las industrias conllevan graves efectos sobreel sistema inmunológico y son cancerígenos.

Este costado de los expedientes «Papeleras», hasta ahora poco explorado por la línea política y diplomática del gobierno argentino, podría convertirse en
un potencial atajo para que Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez avancen en el diseño de una solución bilateral.

La cuestión, simplificada, es la siguiente: las compañías ENCE y Botnia aplicarán el proceso de producción más barato y, obviamente, el que mayores daño provoca al medioambiente. Se basa en el uso de «cloro elemental», que es el más perjudicial de los tres sistemas utilizados en el mundo.

Existen otros dos métodos -uno llamado Kraft, a base de «dióxido de cloro» y sulfatos; y otro, más saludable, a base de oxígeno, ozono y sulfitos- que suponen mayores costos, pero, sobre todo en el último de los casos,
suponen una «producción limpia».

Esa es la propuesta que el gobierno argentino, a partir de una sugerencia de Greenpeace, perfeccionada por técnicosde Cancillería, le elevaráal gobierno de Tabaré Vázquez.

Pero ¿por qué, Uruguay, no acepta discutir sobre el modelo de elaboración que aplicarán las papeleras? Sencillo: implicaría admitir que habilitarán la radicación de dos compañías altamente contaminantes, algo que hasta ahora Montevideo ha negado enfáticamente.

En ese sentido, el cálculo de 900 millones de dólares en perjuicios económicos, elaborado en la Cancillería, puede leerse como
un indicio de las demandas que, en caso de llegar a una instancia judicial, haría la Argentina contra las empresas y el gobierno uruguayo.

Traducción:
el presunto «ahorro» por utilizar un proceso barato pero altamente contaminante tendría, en el futuro, consecuencias económicas por las demandas que plantearían la provincia de Entre Ríos y el Estado argentino por los perjuicios.

• Consecuencias

Por otro lado, en términos prácticos, la Casa Rosada puede anotarse un logro: la represalia al preinforme de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial que avala la instalación de las papeleras golpeó al BM, que no esperaba una reacción tan dura.

Las consecuencias se notarán desde hoy: la comitiva de la CFI arribará a la región sin su jefe
Dimitris Tsitsiragos y, además, suspendió varias de las reuniones programadas. Ambos hechos suponen que la relevancia de la delegación será menor que la prevista.

¿Qué impacto tiene? Amplio: si el dictamen -que debería emitirse a mediados de febrero- se revierte, se complicará el financiamiento de las obras, lo que, además, hará vulnerables a las empresas, a los bancos inversores y al gobierno uruguayo ante futuras demandas.

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