Para el gobierno, operativo "exitoso"

Alberto Iribarne

"La orden fue evitar que se repita lo de la Legislatura. Y se logró." Con ese argumento, el gobierno evaluaba anoche como «positivo» el operativo policial desplegado durante la marcha piquetera a Plaza de Mayo que, tras una batalla campal, terminó con 102 activistas detenidos. La explicación oficial remitía a los incidentes del 16 de julio pasado cuando militantes, travestis y vendedores ambulantes atacaron el edificio legislativo provocando graves destrozos. En rigor, cuando ayer volaron las primeras pedradas y comenzó a brotar el humo negro de las gomas incendiadas, sobrevoló ese fantasma. En aquella ocasión, con Gustavo Béliz al frente de Seguridad, la Policía «dejó hacer»: durante horas, los activistas embistieron sin ningún impedimento contra la Legislatura.Y el gobierno pagó el costo de su inacción.

Como ayer se intervino frenteal caos, en los despachos de la Casa Rosada, hubo gestos de satisfacción. «Se transmitió -decían- un mensaje de autoridad y de que el Estado recuperó el control de las calles.» No sólo porque se controló el intento de agresión sino porque la intervención policial cumplió «con precisión» la directiva oficial de «detener a los violentos» pero «sin tocar» a los que «protestan en forma pacífica». No fue un detalle casual: la Policía comprobó que en la primera línea de la columna del MIJD y el Bloque Piquetero había, además de mujeres, entre «50 y 60 chicos».

Eso, explicaban, exigía una intervención prácticamente quirúrgica. La distinción entre «violentos» y «pacíficos» -quizá demasiado sutil en medio del desorden-, se facilitó por los choques entre los piqueteros: los que pedían la libertad de Raúl Castells -motor central de la movilización- se distanciaron de los atacantes y hasta se enfrentaron con los encapuchados del grupo Quebracho.

En su origen, para los funcionarios, entre el ataque a la Legislatura y los incidentes de ayer, existió ese punto en común: en la marcha convivieron un grupo masivo que protestaba sin agredir con otro, minoritario y violento, que instrumentó un plan premeditado para generar disturbios. El accionar de este núcleo « justificó» la intervención policial.

• Fragmentación

La fragmentación entre los piqueteros más el «líbero» Quebracho hizo el resto.

Aunque luego Nina Peloso dijo que eran infiltrados del gobierno no sonó creíble.

La división entre los grupos alimentó otro argumento oficial: que el Estado debía permitir la protesta pacífica pero sancionar a quienes «no respetaran la ley». Esa proclama, que el ministro del Interior, Aníbal Fernández, repite por radio diciendo que «hay que actuar con el Código Penal en la mano», que sonaba a planteo teórico, ayer se tradujo en orden precisa. Por eso, dijeron desde el gobierno, los 102 detenidos muchos de los cuales fueron arrestados a varias cuadras de Plaza de Mayo, fue como consecuencia de un método que ayer estrenó la Policía Federal: arrojar agua coloreada para «identificar» a los manifestantes agresivos. Esa práctica, que comenzó a usarse cuando se producen desmanes en las canchas de fútbol, se trasladó a los operativos antipiqueteros. Fernández siguió el procedimiento desde su despacho, rodeado de asistentes, en comunicación «on line» con el jefe de la Federal, Néstor Valleca, y con el secretario de Seguridad, Alberto Iribarne, y mirando los incidentes por TV. Además, en forma sistemática, informaba a Néstor Kirchner, que durante parte de los ataques se encontraba reunido con la cúpula del Obispado. Anteriormente, cuando la avanzada del MIJD tumbó vallas, desde la Casa Rosada se envió un mensaje de distensión. A través de un enlace, Fernández le ofreció a Nina Peloso recibirla en la Casa Rosada. La mujer de Castells había pedido una reunión con Kirchner o el ministro, y Fernández le prometió que la atendería en su despacho si iba acompañada sólo por dos personas. Pero los piqueteros querían enviar un contingente de 10 delegados. No lograron ponerse de acuerdo: luego el estallido impidió el encuentro.