Para privados, el gasto en Justicia creció 3 veces más que el PBI

Un informe elaborado por la consultora Idesa, muestra que el gasto en la Justicia creció tres veces más que el PBI argentino.

El estudio cobra mayor importancia, a raíz de la desaparición de Santiago Maldonado, lo que crea una división en la sociedad.

Esta viene a profundizar la ya ocasionada por otros casos resonantes como la desaparición de Julio López, la muerte de Alberto Nisman, la liberación de condenados por delitos de lesa humanidad apoyándose en la extinta regla del 2x1 o la inoperancia para probar y condenar los hechos de corrupción de funcionarios públicos y dirigentes sociales.

Al respecto, Idesa remarca que "si la Justicia investigara y aplicara las penas con ecuanimidad y agilidad habría menos motivos para las polémicas y los posicionamientos extremos y violentos".

Para aproximar las condiciones en las que se trabaja la Justicia argentina resulta pertinente considerar la cantidad de recursos públicos que se le asigna a su funcionamiento. Así, según datos del Ministerio de Hacienda de la Nación se observa que:

• En el año 2004 la Justicia nacional y la de todas las provincias contó con un presupuesto consolidado equivalente al 0,68% del PBI por año.

• En el año 2015 (último disponible) el consolidado de las erogaciones de la Justicia nacional y de las provincias llegó al 1,2% del PBI.

• Esto significa que, mientras que entre los años 2004 y el 2015 el PBI creció un 50%, el gasto público en Justicia aumentó un 160%.

"Estos datos muestran que el gasto público en la Justicia creció al triple de lo que aumentó la producción. Puede ser que haya más demanda de intervención judicial, pero no alcanza para justificar semejante incremento de recursos. Por el contrario, la enorme expansión del gasto con tan malos resultados hace presuponer que lo que falta en la Justicia no son recursos sino capacidad para innovar en la gestión", expresa el informe.

"A esto se suma lentitud y dudas sobre la ecuanimidad en la resolución de casos simples y rutinarios", prosigue el documento elaborado por Idesa.

Desde estos datos y la percepción de una sociedad sin Justicia es donde "prevalecen las divisiones, los rencores, la violencia y actitudes que degradan la calidad de vida".

En el mismo concluye que un factor clave que explica el mal funcionamiento de la Justicia es el apego a estilos de trabajo obsoletos que facilita su captura por parte de intereses espurios. Se usan mecanismos presenciales y manuales, a papel, sin control de gestión y sin sanción por las demoras.

Esto tiene asociado que uno de los principales y recurrentes temas de agenda sea sumar beneficios a sus empleados, a pesar de que cuentan con sueldos superiores al resto de los trabajadores, no pagan el impuesto a las ganancias y tienen un régimen de vacaciones y licencias mucho más generoso. Ante la acumulación de expedientes, demoras y falta de respuesta, la reacción más común es clamar por más presupuesto, incremento que generalmente se destina a contratar más empleados seleccionados de manera discrecional o comprar nuevos edificios con dudosos procedimientos de contratación.