Paro de docentes universitarios: los gremios advierten que peligra el inicio de clases

A través de un comunicado, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales confirmó su plan de lucha y llamaron a un paro del 16 al 21/3.

Los gremios universitarios anticiparon una semana de protestas.

El sistema universitario argentino enfrenta un nuevo conflicto en el inicio del ciclo lectivo 2026. Los sindicatos docentes convocaron a un paro nacional desde el 16 de marzo para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria a paritarias, en medio de reclamos por salarios y demoras en las transferencias del Gobierno nacional.

A través de un comunicado, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales que reúne a los gremios de docentes y al de no docentes confirmaron su plan de lucha llamaron a una semana de protestas del 16 al 21/3 en todas las universidades del país.

"Sin Ley de Financiamiento no hay Universidad Pública", declara el documento firmado por la Federación de Docentes de Universidades (FEDUN), la CONADU, la CONADU Histórica, la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Federación del Trabajador de la Universidad Nacional (FATUN – NODOCENTES), CTERA, la Federación Universitaria (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT).

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales llamó a una semana de protestas del 16 al 21/3.

Sur

Además del reclamo para que el gobierno de Javier Milei cumpla con el financiamiento universitario, los gremios universitarios reclaman por "Paritarias Ya" ante la pérdida del salario.

La ley de Financiamiento Universitario vigente y el rechazo de los gremios

La ley de Financiamiento Universitario vigente propone recomponer los salarios de los docentes y no docentes de las universidades que, desde fines de 2023 acarrean una pérdida del 50%.

Si bien el Gobierno nacional impulsa un nuevo proyecto, con un esquema dividido en tres aumentos del 4,1% desde marzo de 2026, reconoce únicamente la pérdida salarial correspondiente a 2025.

Además, las organizaciones docentes sostienen que el nuevo esquema también modifica el sistema de paritarias. Por ese motivo, los gremios reclaman una recomposición salarial del 51% y advierten que podrían extender las medidas de fuerza “por tiempo indeterminado” si no se aplica la ley vigente ni se reabre la negociación salarial.

El Gobierno nacional impulsa un nuevo proyecto, con un esquema dividido en tres aumentos del 4,1% desde marzo.

Ciclo lectivo 2026 sin normalidad

Docentes y trabajadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtieron que el inicio del ciclo lectivo previsto para el 16 de marzo podría no concretarse debido a un paro de 24 horas convocado por gremios universitarios en reclamo de mejoras salariales y financiamiento para el sistema educativo.

La medida fue anunciada por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) junto con la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), quienes confirmaron un cese total de actividades para esa fecha.

El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, explicó que la protesta involucra a distintos sectores del sistema universitario.

“Los trabajadores y trabajadoras docentes, no-docentes, el personal de salud de los hospitales universitarios e investigadores vamos a estar haciendo un cese de actividades para exigirle al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Y sobre todo, reclamamos por el urgente llamado a paritarias”, afirmó.

El dirigente sostuvo además que la falta de negociación salarial provocó un deterioro del poder adquisitivo del sector: “Desde el año 2024 no se convoca a una paritaria formal para discutir nuestro salario y esto provocó un retraso que al día de hoy ya se hace insostenible para todos los trabajadores y trabajadoras del sistema universitario”, agregó.

La disputa se intensificó luego de que el Poder Ejecutivo suspendiera la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario mediante el Decreto 795/2025, con el argumento de que la norma no establecía de manera explícita las partidas presupuestarias necesarias para su implementación.