PJ, preparado para aguar la "amnistía" piquetera

José María Díaz Bancalari

«Un Perón en chiquito», dijo, excesivo, Raúl Castells que lo hacía sentir su regreso a Capital Federal luego de varios meses, detenido y con huelga de hambre, en el Chaco. Pero el PJ del Congreso le aguará la vuelta: el bloque oficial no permitirá el debate por la ley de «amnistía» piquetera.

Estaba previsto que, al menos sin un pedido desde la Casa Rosada, el justicialismo no prestaría el número para que unos 40 diputados de izquierda -desde kirchneristas hasta el ARI-discutan en el recinto la ley Basteiro para dictar un perdón genérico para procesados por protesta social.

Pero ayer, desde el PJ, se emitieron señales precisas de que esa discusión no se dará, al punto que ni siquiera el bloque que conduce José María Díaz Bancalari lo planteó como discusión puertas adentro.

Al final, la voz oficial para cerrar el capítulo la llevó el PJ porteño Cristian Ritondo, que aseguró que el proyecto, presentado por Ariel Basteiro (PS) y Patricia Walsh (IU) -firmado por 15 diputados más y avalado por otros 25-, es una «barbaridad absoluta».

El texto, sobre el que este diario informó ayer, prevé la «extinción de la acción penal y de la pena» en todas las causas judiciales iniciadas en los últimos años a raíz de incidentes vinculados con protestas piqueteras, gremiales o, entre otras, de ahorristas.

En todo el país hay entre 5.000 y 7.000 personas con acciones iniciadas en la Justicia. Hay casos paradigmáticos como el de Nando Acosta, dirigente de la CTA jujeña, que acumula más de 60 causas. Incluye a diputados -Francisco Gutiérrez, por caso-y al obispo de Humahuaca Pedro Olmedo, entre otros tantos.

• Zona gris

Claro que el grueso de los procesados pertenece a agrupaciones piqueteras o gremiales -ATE y CTA, sobre todo-a quienes se les iniciaron acciones por cortes de ruta o protestas frente a empresas u organismos públicos.

El proyecto de Basteiro, al que adhirió la peronista de Neuquén Susana Llambí -la única del bloque oficial que apoyó la iniciativa-, prevé que en las causas iniciadas se suspenda la acción penal, y los implicados en ellas queden amnistiados de esas acusaciones.

«Hay una zona gris acerca de qué es punible y qué no lo es respecto de la protesta», explicó Basteiro, que pautó como regla general que no será considerada delito penal la protesta que no implique daño para la propiedad o las personas. Es decir: no es sancionable un corte de calles.

En cambio, sí podrá ser considerada delito la toma violenta de una empresa o de un organismo público. En ese caso, tal como está prevista, ni con esa ley del perdón, Castells lograría esquivar la acción de la Justicia que lo imputa por la toma de un casino chaqueño.

Así y todo, el líder del MIJD -que llega mañana a Retiro, donde será recibido por sus seguidores-pretende convertirse en la estrella del encuentro que gremios, piqueteros y partidos de izquierda montarán frente al Congreso para apoyar la sesión especial que se desarrollará en el interior.

Según Ritondo, ni el PJ ni la UCR darán número para que la sesión pueda avanzar más allá de lo simbólico. Por el contrario, Inés Pérez Suárez, también PJ y también porteña, pero integrante del bloque que preside Adolfo Rodríguez Saá, avaló la iniciativa argumentando que los procesamientos fueron producto de la crisis de 2001 que desató «reacciones populares» en sectores gremiales y políticos.